De Uber a Airbnb: Barcelona se fortifica contra la economía de plataformas

Imposible coger estos días un taxi en Barcelona. La férrea huelga que mantienen los taxistas en la capital catalana desde el pasado viernes, que se ha extendido esta semana a Madrid, es el enésimo capítulo del enfrentamiento no resuelto entre este sector y los operadores de licencias VTC, a quienes los primeros consideran competencia desleal. Las protestas se iniciaron en la Ciudad Condal no por casualidad: es la primera urbe que está tomando medidas para regular el sector (medidas que no son del agrado del gremio).

No es la primera vez que el consistorio barcelonés actúa para regular la llamada economía de plataformas. Ni que lo hace antes que otros se pongan a ello. La Ciudad Condal es, de hecho, uno de los territorios más activos en este terreno. Fue pionera en desarrollar políticas para controlar la actividad de Airbnb. También ha abordado los servicios de bicicletas, patinetes o motos compartidas. Barcelona se está fortificando contra la mal llamada economía colaborativa. Repasamos a continuación sus principales líneas de defensa.

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• Airbnb, el punto de partida

El fenómeno de Airbnb fue el primer aviso que tuvieron las ciudades europeas de que una aparentemente inofensiva app podía alterar la vida de miles de vecinos. El trepidante crecimiento de la plataforma que pone en contacto a propietarios de inmuebles con particulares en busca de alojamiento no tardó en causar fricciones allí donde tenía mayor presencia. Son conocidas las protestas vecinales del barrio de la Barceloneta contra los alojamientos vacacionales -del que Airbnb es su bandera más visible, pero no la única- por considerar que han contribuido a desbordar el modelo turístico vigente hasta entonces, que acotaba los visitantes a los hoteles, hostales y apartamentos.

Las cifras hablan por sí solas: la plataforma gestionó en 2017 más de tres millones de pernoctaciones en la Ciudad Condal, uno más que en Madrid o Berlín (que le doblan en población) o que Ámsterdam. El 60% de la oferta se centra en Eixample y Ciutat Vella, en pleno centro.

El equipo de Ada Colau decidió regular esta actividad. Los propietarios que quieran participar con sus casas en alguna de estas plataformas deben pedir un número de registro, con lo que son apuntados en un censo oficial y quedan obligados a pagar la tasa turística (en vigor desde 2012). El consistorio puso también en marcha en 2016 un sistema de inspecciones de pisos turísticos, entre otras medidas, y una sanción de 600.000 euros a Airbnb por falta de colaboración en la legalización de su oferta.

Barcelona no es el único ayuntamiento que se ha puesto firme con la empresa californiana: París, Nueva York, Ámsterdam, Londres y más recientemente Madrid también han sacado sus propias normativas municipales para regular esta actividad.

• La cruzada contra las VTC

Moncloa decidió en 2018 pasarle a las comunidades autónomas la patata caliente sobre cómo regular las VTC. Tal y como adelantó El Confidencial, la Generalitat, a su vez, parece haber pensado en hacer lo propio con los ayuntamientos. Y, según los documentos a los que tuvo acceso el citado medio, el Área Metropolitana de Barcelona estuvo considerando aprobar una normativa que podría haber acabado de cuajo con el negocio de Uber y Cabify: dichos servicios solo se podrían contratar reservando el viaje con entre seis y doce horas de antelación. Las protestas de los representantes de dueños de licencias VTC fueron airadas y, en el momento de escribir estas líneas, el límite propuesto por la Generalitat ha bajado hasta los 15 minutos de antelación. Esta rebaja, muy lejos de lo que piden los taxistas (24 horas), ha encendido los ánimos de este colectivo, como se ha podido ver estos días en las calles de la Ciudad Condal.

El decreto contempla más exigencias, como comunicar en todo momento la posición de los coches o cumplir ciertos requisitos de contratación del personal, aunque sin duda la clave está en el factor tiempo. Esa es la línea roja que ponen los taxistas. Parece que la salida a este conflicto pasa por aumentar el lapso de tiempo propuesto por la Generalitat.

Conviene recordar que fue también en Barcelona donde se frenó el primer desembarco de Uber en España (UberPop, basado en conductores sin licencia), que la compañía retiró y, pasado un tiempo, cambió por el actual (con licencias VTC). 

• A ver dónde aparcas esa bici

Los servicios de motos, bicicletas y más recientemente patinetes compartidos proliferan en ciudades europeas, estadounidenses y asiáticas. A diferencia por ejemplo de las bicis municipales como BiciMad, Bicing o Sevici, no hace falta retirarlas de estaciones habilitadas para ello (y anclarlas luego en otras). El atractivo de este modelo radica precisamente en que están desperdigadas por ahí.

Hasta el momento, los consistorios han optado por dar licencias a las operadoras asegurándose de que cumplen requisitos de seguridad, calidad, etc. Con todo, queda algo por resolver: se trata de vehículos que están haciendo uso del espacio público (aceras, plazas de parking…) para beneficio de las empresas operadoras.

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido compensarlo exigiendo 71,51 euros por vehículo y año a cambio del mencionado uso privativo del suelo público. La tasa, cuya aprobación definitiva se espera para marzo, es considerada desproporcionada por el sector, que ya ha presentado alegaciones a través de Smart Mobility, la plataforma que agrupa a varios de los operadores afectados.

• Entonces…

El Ayuntamiento de Barcelona está adoptando un perfil combativo con las plataformas que considera que afectan a la vida urbana. ¿Son proporcionadas sus medidas? Ponerle límites a la expansión de Airbnb es algo que han hecho ayuntamientos como el de Nueva York o París. Ante la alteración de la vida de los vecinos y de la estructura poblacional del casco urbano, parece más que justificado actuar para modelar dichos efectos.

De la misma manera, que los vehículos unipersonales privados que disfrutan del espacio público y se lucran con ello deban pagar un gravamen adicional se antoja como una política razonable. Todo depende de cómo se module ese tributo, claro.

¿Qué hay de los taxis? Fijar 15 minutos como el tiempo de antelación con el que contratar un trayecto de Uber o Cabify no parece que pueda herir de muerte al sector de las VTC y, al mismo tiempo, marca una diferencia clara entre coger un transporte sobre la marcha y precontratarlo con antelación. ¿Son suficientes 15 minutos? Es cierto que no es mucho tiempo, pero obliga al cliente a pensar con antelación, a cambiar el chip. Y eso es importante. Veremos en los próximos días cómo acaba el asunto. Barcelona, la ciudad que, con mejor o peor tino, se está fortificando contra la economía de plataformas, sentará precedente.