España apuesta por el ‘open data’... aunque no sabe aprovecharlo

La historia de los gobiernos de datos abiertos acaba de comenzar. Afortunadamente, administraciones públicas de todos los continentes se están percatando de la importancia de implementar estrategias de open data para ofrecer información que pueda ser de utilidad a sus ciudadanos. Y están empezando, tímidamente, a llevarlas a cabo. La intención que tienen las instituciones de adaptarse a la cultura del dato es digna de admiración, pero su aproximación al tema tal vez sea, por lo general, algo caótica.

España es uno de los mejores ejemplos de este fenómeno. Es uno de los referentes europeos en open data y, si bien es cierto que ha caído un puesto en el último año, se mantiene en el podio solo superada por Irlanda, según el Portal Europeo de Datos. Su clasificación responde a méritos propios: el Gobierno ha impulsado más de 160 iniciativas de open data y cuenta con algo más de 23.800 catálogos públicos de información.

El problema lo vemos cuando nos adentramos en las entrañas de estas políticas públicas. La consultora de analítica de datos 8wires ha realizado una lista en la que evalúa los proyectos de open data locales en el territorio español. Su informe resalta que ni siquiera uno de cada 100 municipios españoles —concretamente 72 de los 8.124 que existen— ha iniciado una iniciativa de datos abiertos y menos de la mitad de ellos tiene más de 25 conjuntos de datos descargables.

Irene Roma, científica de datos responsable del estudio, afirma que son muchos los casos de buenas prácticas administrativas en este sentido y destaca la importancia que se suele dar a los datos, la forma de recolectarlos, hacerlos accesibles y usarlos como herramienta para tomar decisiones. Sin embargo, considera necesario un cambio de enfoque. “El open data tiene que alejarse del concepto de colgar muchos datos en tablas y acercarse al de visualizar información relevante para la población y hacerla accesible para cualquiera”, expone. “Creo que la tendencia tiene que dirigirse hacia formatos más amables y centrados en el ciudadano, es decir, en mejorar la experiencia de usuario”.

• Mucho dato y pocas nueces

Es en este punto donde encontramos el reto más importante que tienen que afrontar las administraciones: los datos deben estar jerarquizados y tienen que recogerse y exponerse de manera homogénea para que puedan ser tratados con facilidad. Es algo que parece obvio, pero, actualmente, la falta de un estándar a escala nacional impide que muchos datos puedan cruzarse en el espacio o en el tiempo. Para que lo hicieran, sería necesario que ambas fuentes se recogieran con la misma frecuencia y jerarquización geográfica. Esta práctica permitiría una transversalidad y unificación de contenido que daría mayor sentido a la iniciativa.

“Si la información de una ciudad se recoge por barrios cada año, el usuario puede hacer una petición de datos sobre educación y sanidad en un periodo concreto y analizarlos”, arguye Roma. “Pero si los de educación se recogen por barrios y los de sanidad por distritos, o unos cada tres años y otros cada ocho meses, los datos solo tienen sentido de manera independiente”.

• Por qué crear una plataforma común

Hoy, la creación de estándares que regulen las políticas de apertura de datos locales no se antoja imprescindible, ya que todavía existen pocas iniciativas municipales y apenas hay datos para cruzar en este nivel. La Federación Española de Municipios y Provincias publicó el año pasado una guía estratégica en la que animaba a los ayuntamientos del país a fomentar la compartición de datos a través de plataformas tecnológicas abiertas. Pero su carácter descriptivo podría convertirlo en una colorida declaración de intenciones.

“No es lo mismo recoger datos a nivel nacional que municipal; este último es un esfuerzo que rara vez resulta rentable”, sostiene Antonio Romero, CEO de Datacentric. “Nosotros trabajamos con datos de ayuntamientos grandes, pero es difícil para una empresa de analítica contar con la potencia para incluir los datos de aquellos más pequeños que se esfuercen en lanzar sus iniciativas”.

La mejor solución para que esto tenga sentido —y es aquí donde se cierra el ciclo del problema— es la estandarización: que los municipios más modestos puedan utilizar la misma plataforma. De esta forma, el cruce de datos se simplifica y el valor de la información local crece exponencialmente.

Datacentric ha iniciado un proyecto subvencionado por la Comisión Europea que pretende poner este punto de manifiesto. Trabajan en una plataforma gratuita en la que cada ayuntamiento pueda subir su directorio de empresas municipal. El objetivo es que la información esté unificada para que sea más sencillo cruzarla. “Hay buena voluntad en open data, pero es habitual querer empezar la casa por el tejado”, explica Romero. “Si no tienes en orden ni tu directorio de empresas, no te pongas a publicar datos en tiempo real”.

• Open data, ¿solución para empresas o ciudadanos?

La falta de estándares no es el único problema del que adolecen las políticas públicas de apertura de datos: pocos ciudadanos acceden a la página web de su ayuntamiento buscando información. Mientras tanto, algunas empresas utilizan datos públicos para crear aplicaciones que tienen un valor real para la comunidad: plataformas para saber dónde encontrar aparcamiento o cuándo va a pasar el próximo autobús. “A veces, supone una pérdida de tiempo, porque la gente prefiere buscar en Google, Apple o grandes plataformas”, defiende Romero. “Pero, a través de los datos públicos, se pueden crear soluciones que aporten un valor diferencial”.