La Guardia Civil describe a Trapero como el asesor, “quizás inconsciente”, de los líderes del ‘procés’

Pendientes de cada palabra que se pronuncia en la principal sala de vistas de la sede de San Fernando (Madrid) de la Audiencia Nacional, donde se celebra desde hace dos semanas el juicio contra la antigua cúpula de los Mossos, el major Josep Lluís Trapero y su abogada Olga Tubau han escuchado este martes cómo el número dos de la instrucción policial de la causa del 1 de octubre introducía un nuevo matiz en su relato sobre el procés. “Un detalle importantísimo”, en palabras de la propia defensa. Porque el agente de la Guardia Civil, que ejerció como secretario durante la investigación, ha definido al exjefe de la policía catalana como “asesor” del comité estratégico diseñado por los dirigentes independentistas, aunque ha añadido de inmediato: “Pero, quizás, no [lo hacía] de manera consciente”.

Esta impresión resulta clave en un juicio donde la Fiscalía, que pide 11 años de cárcel para Trapero por un delito de rebelión, le atribuye una connivencia consciente con los líderes secesionistas para supuestamente preparar el terreno para fundar una república catalana. “Alguien en los Mossos asesoraba a ese comité estratégico —un órgano que aparece recogido en el documento Enfocats—”, ha sentenciado esta mañana el número dos de la instrucción policial. La Guardia Civil cree que ese rol lo jugó el exjefe de los Mossos y que, por ello, “blindaron” su figura al ascenderlo al rango de major. “El escenario se va preparando así”. “Y, por ello, nosotros creemos que es él quien les estaba asesorando, pero quizás no de manera consciente”.

La defensa tratará de aprovechar ahora esta brecha abierta por el agente de la Guardia Civil, que en el grueso de su relato ha mantenido la línea de acusación contra Trapero. Se ha sorprendido de que los Mossos tuvieran información previa del procés y de las decisiones que iba tomando el Govern. Ha recalcado también que la cúpula de la policía catalana debió dar órdenes el 1-O que no aparecen en las pautas de actuación, como los seguimientos a la Policía y la Guardia civil. Y ha considerado inaudito que el Cuerpo catalán informara a sus superiores políticos de las diligencias judiciales, pese a que formaban parte del epicentro de la trama.

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La importancia de Enfocats en esta causa se evidencia en el peso que la Fiscalía le concede en su escrito de acusación, donde explica que dicho documento “diseñaba un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio”. “De no lograrse por el diálogo, se forzaría una desconexión con el Estado español. Para lo que, como último recurso, se generaría un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano orientado a provocar inestabilidad política y económica suficiente como para forzar al Estado a aceptar la negociación de la separación o, en su defecto, un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia”, subraya el ministerio público al resumir, de esta forma, la “hoja de ruta” plasmada por la coalición Junts pel Sí en los papeles de Enfocats, intervenidos en el domicilio particular de Josep Maria Jové i Lladó, entonces secretario de la Vicepresidencia y de Economía de la Generalitat.

Desde el pasado 20 de enero, la sección Primera de la Audiencia Nacional juzga el papel desempeñado por la antigua cúpula de los Mossos en la estrategia de los líderes secesionistas. Si, como mantiene la Fiscalía, la policía catalana jugó un papel clave para permitir la celebración del referéndum ilegal y para, en su caso, “asumir la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio” una vez declarada la independencia. El major Trapero ha negado siempre este extremo y ha reiterado en la vista oral que el Cuerpo autonómico se mantuvo del lado de la ley. Según su versión, colaboró en todo momento con la autoridad judicial, alertó al Govern de que la vía unilateral era una “barbaridad” e, incluso, llegó a diseñar un plan para arrestar él mismo al entonces president. Aunque el ministerio público lo pone en duda.

—¿Hay algún correo donde se haya encontrado un plan para detener a Puigdemont? —ha insistido, de hecho, este martes el fiscal Miguel Ángel Carballo.

—La única referencia a un plan es en uno del 26 de octubre. Pero yo creo que es un plan de orden público —ha respondido el número dos de la instrucción policial.