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Garzón indigna a los fiscales al situar al ministerio público en el “entramado del Gobierno”

Las dos principales asociaciones profesionales exigen al ministro de Consumo "respeto" y un "mejor conocimiento" del órgano

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, a su llegada al primer Consejo de Ministros del pasado martes.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, a su llegada al primer Consejo de Ministros del pasado martes.

Las dos principales asociaciones de fiscales cargaron este lunes contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por unas afirmaciones en las que este decía que la Fiscalía “es parte del entramado del Gobierno”. “La Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio de Vicepresidencia del Gobierno, aunque es autónoma, es decir, el nombramiento es propuesto por el Gobierno, de hecho, por eso no hay nada ilegal en lo que se está haciendo, y después tiene autonomía para poder defender", señaló Garzón en La Sexta en referencia a la propuesta de designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Las palabras de Garzón provocaron la reacción de las dos principales asociaciones de fiscales. La Unión Progresista de Fiscales ha difundido este lunes un comunicado en el que muestra su “indignación y sorpresa” ante el desconocimiento de la autonomía orgánica y funcional del ministerio fiscal” por parte de Garzón. “El ministerio público, conforme al artículo 2 de nuestro Estatuto orgánico, se encuentra integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial y en ningún caso tiene dependencia jerárquica del poder Ejecutivo”, señala el texto de los fiscales progresistas que añade: “Desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos respeto al ejercicio de la función constitucional que tiene asignado el Ministerio Fiscal, el cual actúa con autonomía solo sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad”.

Horas más tarde, la conservadora Asociación de Fiscales se unió a la crítica y exigió a los responsables políticos “no sólo un mejor conocimiento del Ministerio Fiscal, una de las instituciones básicas del Estado de derecho, sino fundamentalmente de los principios que rigen su actuación, autonomía e independencia”.

Este es el segundo encontronazo que se produce entre juristas y el Gobierno de Pedro Sánchez. El primer choque se registró la semana pasada a cuenta de unas afirmaciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que criticó en una entrevista la actuación de la justicia española en el procés y advirtió que las resoluciones de la justicia europea relacionadas con este asunto suponían “una humillación”. Horas después, el Consejo General del Poder Judicial difundió una declaración en la que pedía “responsabilidad institucional” a Iglesias.

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