El Poder Judicial pide “responsabilidad institucional” a Iglesias tras sus críticas sobre la justicia

Las críticas del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a la actuación de la justicia española ante el procés independentista en Cataluña provocaron este miércoles el primer encontronazo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos. El órgano de gobierno de los jueces difundió una declaración en la que pide “responsabilidad institucional” después de que Iglesias dijera el martes que la prueba de que la “judicialización” del procés fue un error es que “muchos tribunales europeos” han “quitado la razón” a jueces españoles, y que eso ha supuesto una “humillación” para España. El Gobierno respondió al CGPJ, sin citar a Iglesias, reivindicando la “libertad de expresión” y reclamando la renovación de la cúpula del gobierno de los jueces.

El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Carlos Lesmes y cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, ha pasado por cuatro Gobiernos: los dos presididos por Mariano Rajoy y los dos de Pedro Sánchez. El de este miércoles no es el primer choque que se produce, pero nunca había llegado tan pronto, apenas 48 horas después de que tomara posesión el nuevo Ejecutivo. Fuentes del CGPJ justifican la decisión de suscribir una declaración institucional en el hecho de que haya sido un vicepresidente del Gobierno (el vicepresidente segundo) el que, en su segundo día en el cargo, criticara la actuación de la justicia española en el procés. “Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación”, señaló Iglesias en una entrevista en Antena 3.

La rápida reacción del Poder Judicial, suscrita por unanimidad por los ocho miembros de la comisión permanente (el principal órgano de decisión del CGPJ), hace prever una relación tensa entre ambas instituciones, muy alejadas ideológicamente (la composición actual del CGPJ responde al tablero político de 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta). El choque se produce, además, en pleno debate sobre la necesidad de renovar el órgano presidido por Lesmes, que se mantiene en funciones desde diciembre de 2018. El Gobierno de Sánchez se ha marcado esta renovación como una prioridad, pero esta requiere la participación del PP (hace falta una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado) y el partido de Pablo Casado ha dicho que no hay posibilidad de acuerdo.

Tras conocer el texto aprobado por el CGPJ, el Gobierno contestó con otro comunicado en el que, en tono conciliador, señala que “es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen las instituciones”, pero a la vez defiende el derecho de expresión de Iglesias y exige que haya una renovación del Poder Judicial. “Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos. En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el Gobierno y donde pedimos que también esté la oposición”, dice el Ejecutivo. El comunicado pasa así de puntillas sobre las palabras de Iglesias y señala a la oposición por su rechazo a renovar el Poder Judicial. El texto fue supervisado por La Moncloa y por la vicepresidencia segunda, la que dirige Iglesias.

El líder de Unidas Podemos ha censurado reiteradamente en estos años la actuación judicial contra los líderes del procés independentista, los ha tratado de “presos políticos” y ha criticado duramente la sentencia del Tribunal Supremo que los condenó por sedición. El martes, en una entrevista en Antena3 y ya como vicepresidente, dijo que la prueba de que la “judicialización” del procés era un error es que la justicia española ha quedado “en mal lugar” porque “muchos tribunales europeos” le han quitado la razón.

La declaración del CGPJ fue suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su comisión permanente, entre los que hay cuatro miembros considerados del sector conservador (José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya) y tres progresistas (Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo). El texto apela “a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión”, la Comisión Permanente subraya que el Poder Judicial “persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”, señala el escrito, que fue acordado en una reunión extraordinaria improvisada ayer tras el malestar que habían producido las declaraciones de Iglesias entre algunos miembros del órgano.

Este malestar fue compartido por los ocho miembros de la comisión permanente, pero no por todos los vocales del CGPJ. Algunos de ellos, consultados por este periódico, calificaron de “barbaridad” la declaración. Según ellos, las palabras de Iglesias deben entenderse en el contexto “político” y no merecían una reacción del Poder Judicial.

El texto de la declaración cuestiona el núcleo de las afirmaciones del vicepresidente segundo: que “muchos” tribunales europeos hayan rebatido resoluciones de la justicia española. El CGPJ recuerda que “solo” existen, por ahora, dos pronunciamientos de tribunales europeos sobre el desafío independentista protagonizado por la Generalitat el otoño de 2017: la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del pasado 19 de diciembre que censuraba la decisión del Supremo de no haber permitido a Oriol Junqueras tomar posesión de su escaño; y el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en este caso favorable a España porque respaldó la suspensión del pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017.

La fórmula utilizada por el CGPJ para responder a Iglesias (apelar “a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional) es exactamente la que empleó el órgano presidido por Lesmes contra el que fuera ministro de Justicia del PP Rafael Catalá, después de que este dijera que un magistrado del tribunal del caso de La Manada tenía “algún problema singular”.

Sánchez e Iglesias se han conjurado en estas primeras horas para mantener una unidad sin fisuras y evitar cualquier tipo de reproche entre ellos. En la entrevista, Iglesias insistió en la idea expresada por Sánchez en los últimos días de la necesidad de "desjudicializar" la crisis política en Cataluña. De hecho, Sánchez ya ha hecho un movimiento político muy claro hacia el mundo judicial al nombrar a Dolores Delgado, su exministra de Justicia, como fiscal general, un mensaje muy evidente de que está dispuesto a dar la batalla en un mundo tradicionalmente muy conservador. Precisamente Iglesias lanzó sus palabras sobre la "humillación" de la justicia española mientras defendía con vehemencia el nombramiento de Delgado, pese a que él había criticado en el pasado a la ministra. En el entorno de Sánchez se valora mucho esa defensa cerrada que hizo Iglesias. La sintonía entre ambos parece, de momento, sólida.

La polémica llega además precisamente cuando el PSOE está aumentando la presión para renovar el Poder Judicial y por tanto a Lesmes y a todos los que han suscrito este texto. Hace un año, el acuerdo parecía cerrado con Manuel Marchena, propuesto por el PP, de presidente, pero en el último momento se frustró. Ahora las mayorías son muy diferentes en el Congreso y la izquierda tendría el control del Poder Judicial y le correspondería elegir el presidente. Pero el PP ha dejado muy claro que bloqueará ese órgano todo el tiempo que sea necesario y no tiene ninguna intención siquiera de sentarse a negociar con los socialistas. En la Junta de Portavoces del Congreso hubo un cruce sobre este asunto entre el PSOE y el PP y a la salida, la portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, aseguró que su partido no va a ser "cómplice" del PSOE porque cree que con la renovación del Poder Judicial solo pretende "controlar" este órgano. La portavoz aseguró que ahora mismo "no hay posibilidad de acuerdo" ni sobre el Poder Judicial ni sobre otros organismos como el Defensor del Pueblo o RTVE.