El Poder Judicial respalda el nombramiento de Delgado como fiscal general con 12 votos a favor y 7 en contra

El informe sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha fracturado este jueves el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano ha avalado la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para que la hasta ahora ministra de Justicia sea la nueva fiscal general del Estado, pero lo ha hecho con 12 votos a favor y 7 en contra, una división que no se daba desde la elección de otro exministro, Javier Moscoso, en 1986 (trece votos a favor, seis en contra y uno en blanco). El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, llevó al pleno una propuesta de mínimos con la que, según explicó, buscaba la unamidad. Pero fueron precisamente siete de sus vocales más afines, propuestos por el PP, los que votaron en contra al considerar que Delgado no es “idónea” para desempeñar el cargo.

Los vocales del CGPJ estaban preparados para que el pleno para informar sobre la idoneidad de Delgado como fiscal general del Estado derivara en un largo y tenso debate. Sin embargo, la sesión duró poco más de una hora y, según las fuentes consultadas, se desarrolló con relativa calma. Pero cuando los vocales comenzaron a anunciar su voto se constató la fuerte división entre el sector conservador y el progresista.

Los siete votos en contra de Delgado corresponden a vocales propuestos por el PP (José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Díaz, José María Macías, Carmen Llombart y Juan Manuel Fernández). Los miembros del Consejo solo votaron la propuesta que llevó al pleno su presidente, que se limitaba a constatar que Delgado cumple “los requisitos exigidos” para el puesto, pero elimina una frase empleada en los acuerdos para la elección de los últimos cuatro fiscales en la que Lesmes señalaba que los méritos reflejados en el currículum del candidato “determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento”.

El informe del órgano de gobierno de los jueces es un trámite preceptivo, pero no vinculante, en el que el CGPJ comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. En los cuatro fiscales elegidos hasta ahora durante el mandato de Lesmes (Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra) la propuesta del presidente terminaba con la siguiente fórmula: “La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto”. En el texto enviado para el pleno de esta tarde, este párrafo se transforma en una sola frase: “A la vista de la documentación referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”.

Con esta fórmula, el presidente evita señalar los “méritos” del currículum de la exministra de Justicia y determinar la idoneidad de la candidata para ejercer el cargo. Esta es la propuesta que se aprobó. Al iniciar la sesión, el presidente explicó a los vocales que había optado por esa solución para evitar la ruptura. Sin embargo, siete de los vocales elegidos por el PP, que conforman el núcleo más cercano de Lesmes, se desmarcaron de ese texto y votaron en contra. Algunos de ellos dejaron constancia en el pleno de que entendían que, aunque Delgado cumplía los requisitos formales para ser fiscal general, no era “idónea” para el cargo, por lo que no iban a respaldarla.

El pleno del CGPJ está integrado por 21 miembros, de los que 13 (incluido el presidente) fueron nombrados a propuesta del PP, siete por el PSOE y los dos restantes, por IU y PNV, lo que da a los conservadores una holgada mayoría de 13 a 9. Pero en el pleno de este jueves faltaron dos miembros propuestos por el PP, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Tampoco estuvo presente Pilar Sepúlveda (PSOE), aunque intervino por videoconferencia, por lo que la mayoría del sector conservador antes del pleno se vio reducida a 10 vocales frente a nueve. Pero el presidente Carlos Lesmes se posicionó desde el principio a favor de dar el visto bueno a Delgado y, finalmente, solo dos de sus vocales más afines secundaron su propuesta.

Tras la votación, la vocal Nuria Díaz anunció que iba a formular un voto particular discrepante al que se adhirieron el resto de los vocales que votaron contra Delgado. “La asunción de la responsabilidad de Fiscal General del Estado sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido político que sustenta al Gobierno proponente, supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al Fiscal General del Estado”, recoge el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Según estos vocales, las circunstancias que rodean a Delgado “crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones”.

Otros tres miembros del pleno (Concepción Sáez, propuesta por IU, y Rafael Fernández Valverde y Ángeles Carmona, propuestos por el PP) que votaron a favor de Delgado redactarán también un voto particular para aclarar matices respecto a la propuesta aprobada. La primera ya expresó en el pleno su disconformidad con que el texto redactado por Lesmes no haga una mención expresa a la “idoneidad” de Delgado; Fernández Valverde y Carmona eran partidarios, por su parte, de haber incluido en el acuerdo alguna objeción por el daño a la imparcialidad que puede suponer que la que hasta el pasado lunes era ministra de Justicia se convierta ahora en fiscal general.

El CGPJ presidido por Lesmes siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el Gobierno, aunque en los dos últimos nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar) hubo un voto en contra de la vocal Concepción Sáez (nombrada a propuesta de IU). En esos casos algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumple con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoración sobre sus cualidades para el cargo. La mayoría de vocales del sector conservador se opusieron a esta posibilidad.

En etapas anteriores solo la candidatura de Moscoso suscitó una división similar a la registrada con Delgado. No obstante, en el caso de Jesús Cardenal, propuesto en 1997 por José María Aznar como fiscal general, el pleno del CGPJ sí fue más allá de esa valoración técnica y, aunque respaldó de forma unánime la candidatura, dejó constancia de su preocupación por “manifestaciones” del candidato no acordes con la Constitución. Se referían a la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, donde Cardenal había hablado de la “mediocridad ética” de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.

El presidente del PP, Pablo Casado, se había mostrado por la mañana confiado en que el CGPJ rechazara la candidatura de Delgado. Tras conocer la votación, fuentes populares señalaron que el resultado “obliga” a la exministra “a rechazar el nombramiento (...) si le queda alguna dignidad personal y profesional”.