¿Quién es quién en el segundo juicio del ‘procés’? | Los cuatro acusados que revivirán el desafío independentista

A 20 kilómetros del Tribunal Supremo, donde se celebró el juicio contra los líderes políticos del procés, volverán a escucharse a partir de este lunes los distintos relatos sobre el desafío independentista del otoño de 2017. En esta ocasión, la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) acoge la vista oral contra la antigua cúpula de los Mossos, acusada de jugar también un "papel clave" en la trama secesionista que lideró el Govern de Carles Puigdemont (Junts) y Oriol Junqueras (ERC). Cuatro personas se sientan en el banquillo por delitos de rebelión y sedición. La Fiscalía pide para ellos hasta 11 años de cárcel. ¿Quiénes son? ¿Qué papel jugaron durante aquellos meses? ¿Qué pruebas hay contra ellos?

Josep Lluís Trapero. La figura del mayor de los Mossos, apartado de la escena pública desde que fuera destituido en 2017 tras cuatro años al frente del Cuerpo, sobresale en el escrito de acusación de 94 páginas que la Fiscalía lleva a la Audiencia Nacional. Le otorga una actitud proactiva durante el procés: "Contribuyó de forma decisiva para que los Mossos se pusieran al servicio del plan secesionista", dice el ministerio público, que incide en que "diseñó de forma deliberada unos mecanismos que impidieron que los agentes pudieran cumplir con las instrucciones dadas por la Fiscalía y con las resoluciones judiciales". A él se le atribuyen "las pautas y normas de actuación dadas a los mossos durante el 1 de octubre", cuando su "pasividad" facilitó la celebración del referéndum ilegal. También las órdenes para que una "insuficiente dotación policial" facilitara los registros de la conselleria de Economía el 20 de septiembre, cuando una multitud cercó el edificio; y, paralelamente, una connivencia con los políticos independentistas, a quienes "informaba de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando".

Durante su declaración como testigo en el juicio celebrado en el Supremo, Trapero ya deslizó su principal línea de defensa: que él y los Mossos siempre demostraron su compromiso con la ley. "Les dijimos [a los líderes secesionistas] que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar la legalidad y la Constitución. Que no acompañábamos su proyecto independentista", dijo entonces. Pero en su contra juegan otros factores, que destacará la Fiscalía. Como el cruce de llamadas con Jordi Sànchez, exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), durante el asedio a la conselleria: "Las condiciones impuestas por Sànchez a la comisión judicial durante aquella jornada fueron totalmente asumidas por Trapero, quien con su consciente inactividad evitó poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo", dice la acusación, que también recoge un intercambio de correos electrónicos entre Pere Soler, exdirector general de los Mossos, y el mayor. Antes del 1-O, Soler le decía: "Tendrán que prevalecer las órdenes gubernativas por encima de las que se darán por la Fiscalía como Policía Judicial". Trapero le respondía en otro —"de forma imperativa", según los fiscales—: "El día 1 de octubre de 2017 debe celebrarse el referéndum de autodeterminación de Cataluña".

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Pere Soler. El ministerio público reserva al antiguo director de los Mossos, cargo de designación política, dos roles importantes. Por una parte, la Fiscalía considera que este abogado y exconcejal de CiU ideó, junto a Trapero y el exconseller Joaquim Forn, "los pasos a seguir los días previos" al referéndum para garantizar su celebración: "Diseñaron un plan de actuación [policial] deliberadamente ineficaz". Aunque, por otro lado, Soler también "dio cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum". Entre otros, a Francesc Sutrias Grau, detenido por participar en la adquisición presuntamente con dinero público de material para el 1-O: "Le prometió medidas de contravigilancia e incluso una protección superior para contrarrestar la investigación judicial que se dirigía contra él".

César Puig. "Alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo", dice la Fiscalía sobre el antiguo secretario general de Interior de la Generalitat, un cargo también de designación política. Según el escrito de acusación, alertó con varios emails al Govern del registro de Unipost, donde se intervinieron "miles de sobres listos para el envío" —"que contenían cartas con nombres y apellidos dirigidos a ciudadanos catalanes que habían sido designados para formar parte de las mesas electorales que serían constituidas el 1-O"—.

Teresa Laplana. La cara más desconocida del juicio, esta intendente de los Mossos era la responsable del operativo de seguridad en la Consejería de Economía y Hacienda durante el registro del 20 de septiembre. "Cooperó de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas y por las asociaciones independentistas, impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial en las condiciones legales exigidas y propiciando con su deliberada pasividad", le señala el ministerio público, quien argumenta que, pese a que ella era consciente aquel día de la necesidad de una intervención de los Mossos, "desestimó facilitar la ayuda que le había sido requerida por la Guardia Civil".

"Negó reiterada e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba, guiada del propósito último que alentaba sus acciones, que no era otro que frustrar la actuación de la comisión judicial", apostilla la Fiscalía, que recuerda en su escrito que la Policía Nacional también interceptó el 26 de octubre de 2017 (un día antes de la declaración unilateral de independencia) una furgoneta con tres mossos a bordo y documentación que iba "camino de su destrucción en una incineradora": "[Entre los papeles] se encontraron documentos que evidenciaron las verdaderas intenciones de los mandos de los Mossos, como era no impedir el referéndum y colaborar con los líderes independentistas en el desarrollo y culminación del proceso que habría de concluir con la independencia de Cataluña".