El desafortunado negocio inmobiliario del ministro de Seguridad Social

José Luis Escrivá, el próximo ministro de Seguridad Social, tiene uno de los currículos más sobresalientes del Gobierno. Todos los partidos reconocen sus méritos al frente del órgano encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero en su historial empresarial no siempre le fue tan bien. Fue vicepresidente de una empresa inmobiliaria, Courbasa, entre 1992 y 2003. Hacienda reclamó impagos de IVA a esta sociedad y el propio Escrivá fue sentenciado a pagar 85.700 euros. Fuentes próximas a Escrivá aseguran que este nunca participó en la gestión ni "tenía interés económico ni patrimonial" y que las diferencias con Hacienda eran meras "diferencias de interpretación". La sociedad fue protagonista, ya sin Escrivá, por dejar sin viviendas durante años a un centenar de vecinos de Madrid.

En 1992, Escrivá fue nombrado vicepresidente de la firma en representación de su madre, que tenía el 9% de las acciones. La empresa gestionaba la remodelación de una zona de 34 hectáreas en el barrio de Tetuán (Madrid). El Ayuntamiento acababa de aprobar un plan urbanístico, y los propietarios de los terrenos decidieron constituir una junta de compensación y ceder sus derechos a Courbasa. Fuentes próximas al proyecto recuerdan que Courbasa tuvo que pagar más por los derechos para evitar la llegada inversores que querían especular con ellos.

Problemas de la empresa con el IVA

Courbasa hipotecó las parcelas por 39 millones, y pronto empezaron a surgir problemas. Fuentes próximas a Escrivá aseguran que nunca participó en la gestión, e insisten en que él resultó perjudicado por la gestión. En octubre de 2001, la Agencia Tributaria abrió un expediente por irregularidades en el IVA entre 1996 y 1999 al considerar que la cesión de los terrenos era una permuta que tributaba a un tipo "del 16% en lugar del 8%", según figura en las cuentas anuales y ha adelantado La Información. Varios consejeros recurrieron a los tribunales y lograron una rebaja de la sanción.

A finales de 2002, los titulares de Courbasa venden sus acciones a uno de los socios, Bernardo Martín, por 47.119 euros. En ese momento, la sociedad estaba casi quebrada: contaba con fondos propios de 2,5 millones, activos de más de 30 millones y una deuda de 27,5 millones. El Ayuntamiento retrasaba los permisos y el capital se consumía. Courbasa, ya sin Escrivá, fue vendida a Somersen y quebró tras una operación financiera irregular. El caso terminaría en los tribunales. La madre de José Luis Escrivá presentó en 2005 una denuncia penal contra Somersen por estafa. La querella sigue pendiente de juicio.