Vecinos que regalaron su casa

María Jesús García, José Cano, Francisca Olivares Collado, Amalia Ochovo, Fernando Paz Cristóbal, Víctor Castaño, Serafín Moreno y Benita García Alonso son ocho de los nombres de los miembros de casi cien familias afectadas de lo que aseguran es “una auténtica estafa” que dura más de cinco años. Estas familias del barrio de Tetuán entregaron su vivienda a cambio de recibir una nueva. Lo hicieron siguiendo instrucciones del Ayuntamiento. En 1994 el Consistorio presentó un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de las calles Tiziano-Dulcinea. Si no entraban en el plan y modernizaban sus casas, serían expropiados. Los vecinos crearon una junta de compensación. Años después los directivos de la junta de compensación se deshicieron de los derechos de los terrenos, que acabaron pasando a la propiedad de la firma Somersen, y finalmente de otra llamada Promociones Tiziano. Todo a espaldas de los vecinos, que desconocían que el responsable de las obras pasó a ser Bernardo Martín Moreno, ahora en paradero desconocido. Los vecinos aseguran que el empresario contó con la ayuda de otras personas, entre ellas un notario que regularizó la situación, permitiendo que los vecinos no aparecieran como propietarios.

Pero lo peor estaba por llegar. Este empresario solicitó un préstamo de 77 millones de euros al Banco Pastor. Y se comprometió a devolverlos en dos años. Algo casi imposible si se tiene en cuenta que debía construir casi un centenar de viviendas. Según una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Martín Moreno no dedicó ese dinero a construir las casas de los vecinos. Lo asignó a otras promociones en Andalucía y a sufragar los gastos de una fundación que utilízó posteriormente para hacer negocios en Costa Rica, país del que fue cónsul honorario. De los 77 millones, apenas 30.000 euros tuvieron como finalidad la promoción del barrio de Tetuán.

Pasados dos años, en 2007, tal y como era de esperar, el empresario no devolvió el dinero. Tampoco las casas estaban hechas. Fue entonces cuando el banco ejecutó la hipoteca, desahuciando a los vecinos.

El Banco Pastor se hizo con las viviendas a la mitad de su precio, y echó a los vecinos de sus casas. Un buen negocio: se hacía con 30.000 metros cuadrados edificables a diez minutos andando del Paseo de la Castellana. Desde entonces, hace más de cinco años, las familias desahuciadas han recurrido a la justicia, que les ha dado una de cal y otra de arena. Un juzgado de Instrucción les echó de sus casas y otro, de lo Mercantil, condenó al empresario Martín Moreno a devolver 35 millones a su antigua empresa Promociones Tiziano, al constatar que había gestionado la firma “sin la debida diligencia y con infracción de los deberes impuestos”.

La asociación creada por los afectados, encabezada por Susana Ochovo, una de las hijas de los vecinos, han conseguido que el Tribunal Constitucional les dé la razón y permita que sea el Juzgado de lo Mercantil quien prosiga con el concurso de acreedores y deje en suspenso el desahucio. Los vecinos esperan con ello que el concurso de acreedores dé paso a un juicio penal contra el empresario.

El caso vuelve casi al principio. Concretamente a la subasta, a la que con toda seguridad volverá a presentarse el banco. Para los vecinos la sentencia del Constitucional significa únicamente un poco de tiempo, para que el juez de lo Mercantil “apueste por juzgar a Martín Moreno”, asegura Ochovo.

Un tiempo que, sin embargo, para mucho de los afectados no juega a su favor. Es el caso de Francisca Olivares Collado, de 96 años, que cuenta su caso con meridiana claridad: “Me engañaron. Me dijeron que me daban una casa por otra y resulta que era una hipoteca. Y me tuve que ir de mi casa, con 90 años”.

Concepción Ripoll, de casi 90 años, se ha visto obligada en convertirse en okupa de su propia casa. “Me llamaron del banco y me dijeron que me tenía que ir. Pero yo no me fui. ¿A dónde voy a ir yo a esta edad?”, se pregunta esta mujer, que asegura que vive sola en un edificio, y que ha sufrido varios robos. “Espero que se solucione, pero yo no llego. Los juzgados son muy lentos y con la edad que tengo...”.

María Jesús García, funcionaria jubilada, vive desde hace cinco años en otra vivienda del barrio. “Y veo cada día como unos okupas viven en mi casa y yo tengo que pagar un alquiler”. Víctor, de 74 años, es el vivo retrato de la infelicidad. Él y sus hijos están “de pensiones” desde que les echaron de la casa. “Lo único que queremos es recuperar lo que es nuestro”, explica su nieto, que acompaña.