100 vecinos de Tetuán se quedan sin casa

Un centenar de propietarios del barrio de Tetuán dicen que han sido estafados. Los vecinos cedieron sus terrenos y casas bajas, entre las calles de Tiziano, Dulcinea, Jaén y Teruel, a una junta de compensación a cambio de nuevos inmuebles. A su vez, la junta cedió los derechos sobre los bienes de los vecinos a la empresa Somersen, que los hipotecó sin saberlo ellos. Más de una década después, cuando 23 de ellos han ido a tomar posesión de sus viviendas, éstas estaban hipotecadas. El Banco Pastor les reclama ahora a todos ellos 45 millones de euros y comenzará la subasta el próximo septiembre. El Ayuntamiento de Madrid se reunió ayer con los afectados y ha emitido una resolución que declara incumplidas las obligaciones de la junta de compensación.

"En 1995 los propietarios cedieron sus terrenos a una junta de compensación cuya gestora era la empresa Courbasa. Ahí empezó todo", cuenta Susana Ochovo, hija de una de las familias afectadas por la supuesta estafa. En total, los propietarios de Tetuán entregaron 12 parcelas con una extensión de 34.000 metros cuadrados (equivalente a tres campos de fútbol como el Santiago Bernabeu) a cambio de pisos y locales nuevos en la zona.

Casi una década más tarde, los propietarios se han percatado de que los inmuebles que tenían que recibir por haber entregado sus terrenos están hipotecados por una deuda total de 45 millones de euros. La mayoría de los vecinos son jubilados de más de 70 años. Muchos de ellos se encuentran desolados porque nacieron en la zona y se sienten engañados. Es el caso de Luis Fernández, de 77 años, que se pregunta: "¿Dónde está el dinero? No se ha puesto ni un ladrillo en el solar y se han quedado con el dinero".

Ahora los vecinos han creado una asociación para defender sus derechos: La asociación de perjudicados aportantes del PERI 6-7 Tiziano Dulcinea. "Ya somos 63 aportantes, hay muchos otros que han fallecido o no los encontramos". La asociación ha contratado a unos abogados que estudian cómo emprender acciones legales.

Reunión con afectados

Además, ayer se celebró una reunión entre los afectados y la coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Lobón. La responsable municipal anunció que el Consistorio ha presentado una resolución de incumplimiento de contrato a la junta de compensación. "Hace unos días nos llegó un escrito, entregado por agentes de la policía municipal, que dice que el Ayuntamiento da por incumplida la junta de compensación por falta grave", sostiene la portavoz de los afectados, Susana Ochovo. "Hoy ha sido la representación de ese escrito", agrega.

En 1991, el Ayuntamiento declaró la manzana, delimitada por las calles de Tiziano, Dulcinea, Jaen y Teruel, en el barrio de Tetuán, como zona de especial degradación. Y por eso aprobó un plan de especial reforma interna (PERI), un proyecto para ordenar la zona urbanísticamente.

El área estaba ocupada por casas bajas en malas condiciones, tiendas, establecimientos comerciales y solares. El Ayuntamiento propuso entonces a los cerca de 140 vecinos del área dos formulas: expropiar los pisos y terrenos para hacer nuevos edificios y equipamientos; o dejar a los vecinos que constituyeran una junta de compensación que se encargara de toda la rehabilitación urbana.

Sólo unos pocos propietarios aceptaron la expropiación de sus terrenos a un precio de 143,13 euros por metro cuadrado (actualmente está valorado en unos 6.000 euros por metro). El resto, un centenar de vecinos acudió a la junta de compensación. Cedieron los derechos sobre sus terrenos y pisos a Courbasa, la empresa gestora de la junta de compensación y que se encargaría de ejecutar todo el proyecto.

Por el acuerdo con Courbasa, los vecinos recibirían tantos metros cuadrados en nuevos pisos y locales como metros habían entregado a la junta de compensación, descontadas las zonas comunes.

La sociedad Courbasa, representada por Macario Sánchez y José Luis Belmonte Bouvier, hipotecó ocho de los 12 solares aportados por los propietarios por una cantidad de 39 millones de euros.

El objetivo era conseguir financiación para comenzar la construcción de los edificios y los equipamientos sociales (colegios, polideportivos...). Durante los dos años siguientes, la empresa construye sobre tres de las parcelas, otros tantos bloques de protección oficial para el realojo de los inquilinos de la zona. Otras cuatro solares se cedieron al Ayuntamiento para la construcción de equipamientos públicos. En 2002, Bernardo Martín Moreno toma el control de Courbasa. "Un año más tarde, en 2003, Courbasa traspasa todos los derechos y obligaciones a la empresa Somersen, de la que Bernardo Martín también es propietario", cuenta Susana Ochovo, portavoz de los afectados.

"En esa época, la empresa construye un edificio con 105 viviendas, en teoría estaban destinadas a compensarnos por los terrenos y solares que habíamos entregado", explica Ochovo.

Según el relato de los vecinos y el PP y el PSOE municipales, la empresa Somersen contacta en 2003 con 23 de los aportantes y les ofrece algunas de las viviendas que les correspondían por haber cedido sus terrenos. Los propietarios aceptan y suscriben un papel de adjudicación. El resto de los vecinos siguen esperando que construyan el resto de las viviendas.

Siempre según las mismas fuetes, una vez que Somersen logra los derechos de todos los inmuebles pide un préstamo al Banco Pastor por 77 millones de euros, y cancela la hipoteca del Banco Popular. Cuando en julio de 2005 vencen las hipotecas, el Banco Pastor reclama el pago a Somersen, que ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda le presenta las aportaciones de los propietarios.

Deudas con otros acreedores

Los vecinos se quejan de que además, "la empresa Somersen ha vendido una de las parcelas, con una superficie de 2.705 metros cuadrados, sobre la que había un compromiso de construir un edificio para entregarnos pisos a los aportantes, por la cesión de nuestro suelo", indica Ochovo.

"Un responsable de Somersen nos ha dicho verbalmente que no pueden pagar los 45 millones de euros y nos ofrece devolvernos el PERI hipotecado", cuenta Ochovo. "Además", añade, "tiene deuda con otros acreedores, Seguridad Social, Hacienda, arquitectos...". Uno de los problemas que padecen los afectados es que no aparecen en el Registro de la Propiedad porque no se inscribieron las escrituras de aportación.

Este periódico intentó contactar sin éxito durante dos días con los directivos de la empresa Somersen para conocer su versión.

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su apoyo a los afectados. Pero un portavoz municipal reconoce: "Al ser un problema entre dos sujetos privados no podemos hacer nada".

"El Consistorio siempre nos ha dicho que tenemos que recuperar el derecho de propiedad en el registro", indican los afectados. "Por eso, la semana pasada presentamos un requerimiento ante el juez solicitando que inscribiera en el registro nuestras escrituras de aportación", señala la portavoz de los vecinos.

El próximo 6 de septiembre el Banco Pastor ha convocado la subasta de una de las parcelas. "Hemos pedido al Ayuntamiento que intervenga", sostiene Ochovo. "Le hemos reclamado que evite la subasta. Que haga algo", indica.