Una vivienda a cambio de nada

Una rebuscada estafa o un cúmulo de despropósitos empresariales han dejado sin casa a unas 60 familias de Tetuán. En realidad, cada familia se ha quedado sin dos casas. La antigua -casitas bajas en las que vivían desde hace décadas en las calles de Tiziano, Dulcinea, Jaén y Teruel- y la nueva, por la que entregaron la vieja aspirando a un moderno piso completamente equipado.

El resultado de todo ello son unos papelitos blancos del juzgado que el pasado miércoles llegaron a una de las casas de la calle de Teruel. Una orden de desahucio para sus seis habitantes, que deberán abandonarla antes del 4 de agosto. "Nos quedamos en la calle", dice Vicente Rubio, de 59 años, con una sonrisilla amarga.

El complejo proceso que ha acabado con el desahucio empezó en 1995 y puede resumirse de la siguiente forma: los propietarios de las casitas bajas cedieron sus propiedades a una empresa a cambio de que ésta reformara el barrio y les devolviera viviendas y locales comerciales. Pero, sin que ellos lo supieran, la empresa hipotecó en el Banco Pastor todas estas propiedades por 77 millones de euros. Luego, la empresa dejó de pagar al banco, las viviendas salieron a subasta y, como nadie pujó por ellas, el Banco Pastor se las quedó. Fin de la propiedad para los vecinos. "A la calle", insiste Rubio con gesto incrédulo en el portal de su vivienda.

Los inmuebles afectados están incluidos en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Tiziano-Dulcinea, en el distrito de Tetuán, un plan municipal para rehabilitar la zona. La empresa a la que los vecinos cedieron en 1995 sus propiedades es Somersen. Cuando fueron a tomar posesión de sus nuevas viviendas, hace dos años, descubrieron que estaban llenas de cargas, los 77 millones de euros en forma de hipoteca con el Banco Pastor.

El Ayuntamiento de Madrid, bajo cuerda, concede que lo sufrido por los vecinos "parece una estafa como una catedral", aunque se escuda en que "fue un contrato entre particulares" para no intervenir. Los afectados, en cambio, esgrimen un protocolo firmado por el Consistorio en el que éste se hace responsable último de la suerte de los vecinos. Su única esperanza es que prospere alguna de las tres querellas interpuestas contra Somersen y, por elevación, contra el banco.

La calle de Teruel parece un experimento. Es un serpenteante Frankenstein, lleno de cicatrices y costuras, de poco más de 100 metros en el que caben todo tipo de edificios. Desde los viejos terrenos incluidos en el PERI, que se han convertido en modernas viviendas de protección oficial, a solares con la estructura futura de un edificio paralizado desde hace dos años, viejas casas con un cierto aspecto señorial y endebles edificaciones con los muros tapiados para que no entren los okupas. Si el propósito era reformar el barrio y darle una cierta uniformidad urbanística, el fracaso ha sido rotundo.

Susana Ochovo, hija de una de las familias afectadas por la supuesta estafa, explica que los propietarios entregaron 12 parcelas con una extensión de 34.000 metros cuadrados (equivalente a tres campos de fútbol como el Santiago Bernabéu). Añade que cuando los vecinos descubrieron que sus nuevas casas estaban hipotecadas, presentaron una demanda civil, impuesta el año pasado, contra Promociones y Obras Tiziano (antigua Somersen). La respuesta de la compañía fue presentar suspensión de pagos, el 4 septiembre de 2006.

Desesperados, los vecinos se querellaron entonces contra Somersen, su administrador principal, Bernardo Martín Moreno -de quien denuncian que tiene una interminable maraña de empresas instrumentales-, y el Banco Pastor por estafa, insolvencia punible -"puesto que la empresa presentó una suspensión de pagos fraudulenta"- y delitos societarios.

Según Ochovo, Banco Pastor tenía conocimiento de que la empresa a la que prestó 77 millones "no iba a cumplir con sus compromisos de pago y llevó a cabo una operación absolutamente atípica y extraña en el mundo de la banca", pues, según ella, no se produce ningún control del destino de los fondos y éstos pueden ser destinados a cualquier actividad, además de que la empresa había dado muestras en 2003 de que no tenía solvencia adecuada.

Por su parte, el Banco Pastor subraya que es "dueño legítimo" del préstamo hipotecario concedido a la empresa Somersen como promotora del PERI, tal y como han refrendado "tanto el juzgado de lo civil como de lo penal".