Una investidura bien vale un regreso a Pedralbes
El acuerdo con ERC agitó en los últimos días a algunos diputados que habían garantizado su apoyo a Sánchez
Tres ministras en funciones acuden el 18 de noviembre pasado, una semana después de las elecciones generales, a la 12ª edición de los premios que concede la patronal catalana Foment del Treball. Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda) y Margarita Robles (Defensa) escuchan con interés a Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de ERC. En su discurso ofrece algunas claves para desatascar un futuro cargado de incertidumbre: “Tenemos una oportunidad y estamos convencidos de que el diálogo es la herramienta para todos. Pedralbes es una base ambigua pero necesaria para avanzar (…) Es el primer paso de un camino que será difícil y largo, pero estoy convencido de que es un buen punto de partida, porque responde al consenso cada vez más amplio que pasa por resolver políticamente un conflicto político”.
La investidura de Pedro Sánchez está abocada a un nuevo fracaso si no le apoyan, entre otros, los 13 diputados de ERC. Los socialistas, que han acordado en 48 horas un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, conocen ese riesgo. El presidente en funciones asume que la abstención de Esquerra para su investidura bien vale un regreso a Pedralbes. La declaración de Pedralbes, que asumieron los Gobiernos de Sánchez y Torra en diciembre de 2018, establecía la puesta en marcha de un diálogo sobre el futuro de Cataluña a través de dos mesas de negociación, una integrada por los partidos representados en el Parlament y otra de Gobiernos, a través de la comisión bilateral prevista en el Estatuto. Aquel plan fracasó casi antes de nacer y desencadenó la furibunda reacción de los tres partidos de la derecha (PP, Cs y Vox), unidos en la plaza madrileña de Colón para protestar contra unas conversaciones que nunca se iniciaron.
Diez meses de bloqueo y dos elecciones generales después, los socialistas comienzan la negociación con Esquerra cediendo palabras que eliminan obstáculos para el acuerdo. Primer comunicado conjunto de ERC y PSOE (28 de noviembre): “Compartimos la voluntad de diálogo que permita la formación de Gobierno (…) y encauzar el conflicto político en Cataluña desde el entendimiento institucional”.
El candidato Sánchez había insistido durante la campaña electoral en una idea que ahora molesta: “El problema de Cataluña no es de independencia sino de convivencia”. El PSOE borra de su argumentario el problema de convivencia en Cataluña y acepta sin problemas el concepto de “conflicto político”. La investidura de Sánchez bien vale una rectificación semántica.
La primera reunión avanza pese a “constatar la existencia de diferencias”. Siguen negociando. En los encuentros, hablan unos minutos de las cuestiones en las que el consenso es fácil: de la reforma laboral, de la derogación de la ley mordaza, de los problemas de la vivienda, de la ley contra el cambio climático... El resto del tiempo lo dedican a buscar las palabras de un acuerdo sobre el futuro de Cataluña que sea digerible para ambas partes.
ERC empieza a limar los aspectos más ambiguos de la declaración de Pedralbes: quiere que el diálogo entre Gobiernos se saque del marco de la comisión bilateral que prevé el Estatuto (“el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya establecerán las delegaciones de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan”); que haya un compromiso de calendario (“se iniciarán los trabajos en el plazo de 15 días desde la formación de Gobierno de España y se establecerán plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones”) y que lo acordado se someta a consulta entre los catalanes (“las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”).
A mediados de diciembre, tras la segunda reunión con foto y comunicado, el acuerdo está prácticamente listo. Las palabras que pueden complicar el pacto no aparecen en el texto: ni Constitución ni referéndum ni autodeterminación. No hay vetos a las propuestas que pueda hacer cada parte, pero se incluyen coletillas —“en el marco del sistema jurídico-político”— para evitar interpretaciones que puedan dar al traste con lo negociado. El PSOE acepta las condiciones que Esquerra necesita garantizarse para vender el pacto en Cataluña y coloca algunas frases en el texto para blindarse contra los ataques de sus adversarios políticos. El acuerdo se sustenta sobre “los principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat”.
Atrás han quedado la declaración unilateral de independencia, la aprobación unilateral de leyes inconstitucionales, la celebración unilateral de un referéndum de autodeterminación prohibido por los tribunales… El camino que abre Esquerra con este pacto ya no supone, en apariencia, ninguna amenaza. Los negociadores socialistas consideran que el acuerdo “establece un cauce para el diálogo, pero en ningún caso dice nada sobre la meta de ese diálogo”.
El PSOE tiene una meta: alcanzar un consenso sobre mejoras en el autogobierno mediante una reforma estatutaria que deberá someterse a referéndum. El objetivo de ERC es otro: someter a referéndum la independencia de Cataluña. Las dos partes saben que defienden objetivos muy distintos, pero de momento han pactado una tregua que permite formar Gobierno y acabar con casi nueve meses de bloqueo institucional. “Por lo menos ya estamos aquí, a ver si hablamos y nos entendemos”, señalan.
Las primeras noticias sobre el acuerdo llegan el 30 de diciembre y encienden las alarmas de algunos partidos pequeños que han pactado su apoyo a Sánchez. Suman pocos votos, pero pueden resultar cruciales para el resultado final. Llaman preocupados a sus interlocutores socialistas y les preguntan si Sánchez ha concedido un referéndum de secesión. “Esa consulta”, les dicen, “caso de que finalmente se produzca, será como las que se realizan en otras comunidades que reforman sus estatutos. Todo se hará dentro de la ley”. El contacto con los presidentes autonómicos socialistas es permanente. Solo Lambán (Aragón) y Page (Castilla-La Mancha) amagan con rebelarse. Pero les tranquilizan: “No se hará nada fuera de la Constitución, no aceptaremos negociar el derecho de autodeterminación”.
La preocupación también cunde en ERC porque ese 30 de diciembre algunos miembros de los CDR protestan ante la sede de los republicanos en Barcelona. Les llaman traidores y vendidos. Hablan, asustados, con los socialistas, pero aguantan la presión. Tres días después, la dirección de ERC consigue validar el acuerdo en su consejo nacional sin apenas oposición.
En solo dos meses, Sánchez consiguió la cuadratura del círculo en las peores condiciones posibles rectificando muchas de sus decisiones anteriores. Pero, como dijo Mariano Rajoy, una cosa es lograr la investidura y otra, muy distinta, poder gobernar.
Exigencias inviables de los más pequeños
En las etapas recorridas por el PSOE para sumar los votos necesarios, la de ERC fue la más complicada, pero hubo otras desagradables. En la negociación con los grupos más pequeños, a los que Sánchez también necesitaba para juntar más síes que noes, el PSOE se encontró con algunas reivindicaciones inasumibles. “Algunos pidieron una tarifa eléctrica más barata para los ciudadanos de sus comunidades porque esos territorios eran excedentarios en producción de electricidad; otros hablaron de temas relacionados con la Seguridad Social para un trato diferenciado. A todos les dijimos que había un principio de solidaridad, de igualdad entre españoles y de unidad, establecido en la Constitución, que no nos podríamos saltar. Ni para Cataluña ni para ninguna otra comunidad”, aseguran dirigentes socialistas conocedores de la negociación.
El acuerdo con Unidas Podemos fue el más sencillo. Una vez que Pedro Sánchez decidió que ya no le quitaba el sueño formar un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias, el programa común era pan comido. El acuerdo presupuestario de 2018 firmado por ambos partidos, y que naufragó en el Congreso torpedeado por los independentistas, se transcribió casi al pie de la letra en lo relativo a las principales cuestiones: reforma fiscal, derogación de la reforma laboral, eliminación de la ley mordaza, nueva legislación sobre alquileres, ley de eutanasia… Además, se introdujeron párrafos de compromiso dedicados a Cataluña sin rebasar líneas rojas.
