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Consuelo Castro, jefa de la Abogacía del Estado: “Mi labor no es política”

La responsable de los servicios jurídicos del Gobierno se defiende de las críticas por su actuación con Junqueras

Consuelo Castro Rey abogada del Estado
La nueva abogada general del Estado, Consuelo Castro, durante el acto de toma de posesión de su cargo en septiembre de 2018. EFE

El nombre de Consuelo Castro (Ourense, 1964) permanecerá seguramente vinculado durante bastante tiempo al reciente dictamen de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad del líder encarcelado de ERC, Oriol Junqueras. Ha habido críticas especialmente severas contra los servicios jurídicos de la Administración central. Pero fuentes del Ministerio de Justicia, del que depende la oficina de la Abogacía del Estado, aseguran que los reproches no han conseguido que Consuelo Castro se tambalee. La propia abogada general lo ratifica. "Hemos actuado", comenta ella, "con rigor, aplicando normas jurídicas y con muy amplia libertad de criterio". En cuanto a la relación que haya habido con el Ejecutivo para la resolución de este caso, la abogada general explica que es "obvio" que "el Gobierno no se entera de los informes por la prensa". Pero añade que tampoco es el Ejecutivo quien los dicta y no lo ha hecho en este asunto.

Para Consuelo Castro, lo peor es que la Abogacía del Estado y su labor hayan servido de "munición" para el debate político. En parte, la crudeza de esa discusión pública es el signo de los tiempos. Lejos quedan las experiencias de la Transición. "Yo estaba en primero de Derecho", explica, "cuando la victoria socialista de 1982". Fueron 202 diputados para el PSOE. Nada que ver con el momento actual, en el que un informe de la Abogacía ha sido parte del prólogo para la sesión de investidura de Pedro Sánchez, al hilo de las exigencias de ERC para que ese texto contuviese "un gesto" a la formación independentista. Pero Castro replica convencida: "Ni mi labor ni la de la Abogacía son políticas".

De hecho, Castro permaneció al frente de la Abogacía del Estado en Galicia con Gobiernos sucesivos del PSOE y del PP. Se la tiene por una mujer progresista y galleguista. Esto último, en parte, porque ingresó en la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación con un discurso pronunciado en esa lengua, en el que defendió su uso en la Administración de justicia. En todo caso, nunca ha hecho exhibición de sus ideas políticas. Tras cursar Derecho en el Real Centro Universitario del Escorial —tres años— y en la Universidad Complutense de Madrid —los otros dos— ganó las oposiciones en 1989, estuvo dos años adscrita al Ministerio de Sanidad y luego se marchó a A Coruña.

La tradición familiar pesó. Su padre fue muchos años jefe de la Abogacía del Estado en Ourense. En A Coruña, Castro ocupó la jefatura provincial de este mismo cuerpo jurídico, entre 2004 y 2007, año en que asumió el mando sobre toda Galicia. Su vuelta a Madrid se produjo en junio de 2018. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, la llamó para ofrecerle la dirección de dicho cuerpo. No se conocían. "Varias personas de mi confianza me hablaron muy bien de ella", dice Delgado. Una de esas personas fue el exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, fiscal delegado de medio ambiente de Galicia y con quien Castro coincidió durante el procedimiento judicial abierto tras el naufragio del petrolero Prestige y la posterior marea negra.

Durante su larga etapa en Galicia, Castro ya tuvo muchas oportunidades de curtirse. Y una de ellas fue precisamente la que supuso el hundimiento del Prestige. El Estado se jugaba en este asunto 1.000 millones de euros. Si el que era director general de la Marina Mercante en 2002, cuando sucedieron los hechos, José Luis López Sors, hubiera sido condenado por aquel naufragio, esa cifra habría tenido que pagarla la Administración como responsable civil subsidiaria. Pero resultó absuelto, como defendía la Abogacía del Estado, representada por la propia jefa del cuerpo en Galicia. Otro asunto de envergadura fue la tragedia ferroviaria de la curva de Angrois. Este caso, aún no resuelto, resultó mucho más duro. En aquella curva se perdieron 80 vidas. Están procesados el maquinista del tren y el exjefe de seguridad de Adif.

Fue en una reunión relativa a esa tragedia donde Castro conoció a Rosa Seoane, que ahora ha firmado el informe sobre Junqueras como jefa del departamento de penal de la Abogacía del Estado. Seoane sustituyó a Edmundo Bal, hoy diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos, quien fue cesado en noviembre de 2018 tras sostener la tesis de la rebelión, y no la de la sedición, en la causa contra los líderes del procés. Castro y Seoane han vuelto a trabajar de la mano en el informe sobre Junqueras, junto al subdirector de servicios contenciosos de la Abogacía, Luis Gonzaga Serrano. El equipo lo han completado otros cuatro abogados del Estado, de las áreas de Constitucional, de Derechos Humanos y de la Unión Europea. Esta materia, el derecho de la Unión, así como la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que falló que Junqueras debería haber podido asumir su escaño de eurodiputado tras su elección en los comicios del pasado mayo, constituían las materias clave para emitir una opinión sobre el caso.

Un punto esencial del polémico informe es que defiende la vigencia de la condena dictada en el juicio del procés, sin perjuicio de que Junqueras pueda quedar en libertad y actuar como eurodiputado —con las medidas de seguridad que acuerde el Supremo— mientras se tramita el suplicatorio y el Parlamento Europeo decide si lo concede o no. Al explicarlo, Castro afirma: "Hemos trabajado sin presiones, y si algunas ha habido, han sido ajenas a la Administración". "Si alguien va a tener que defender la sentencia del procés ante la justicia europea, será la Abogacía del Estado, cuya tesis sobre el delito de sedición fue, por cierto, la que el Supremo asumió", argumenta.

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