Europa, un árbitro implacable para el Supremo

Desde que el Tribunal Supremo abrió la causa del procés, en octubre de 2017, los líderes independentistas señalaron a los tribunales europeos como el árbitro neutral que tendría que revisar las decisiones de la justicia española, a los que los dirigentes catalanes deslegitiman. La sentencia dictada el pasado jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras es la primera que emite la justicia comunitaria sobre la causa del procés. Pero las decisiones adoptadas por el alto tribunal han estado bajo la lupa de la justicia europea desde el inicio de la causa porque la fuga de Carles Puigdemont y otros seis acusados ha dado protagonismo a tribunales de Bélgica, Alemania, Suiza y Reino Unido y sometió la instrucción a esa segunda instancia que el sumario había esquivado en España al concentrarse en el Supremo, cuyas decisiones no admiten recurso.

El balance no es positivo para el tribunal español, que ha visto cuestionadas algunas de sus decisiones. Los principales reveses han llegado de la tramitación de las órdenes europeas de detención dictadas contra los huidos, que implicaron a la justicia de tres países (Bélgica, Suiza y Reino Unido) que los fugados eligieron como destino porque confiaban en que sus jueces podían ser más reticentes a entregarles por rebelión.

El Supremo comprobó pronto que había perdido el control de la causa. Las primeras vistas celebradas fuera de España hicieron temer al alto tribunal un escenario: que esos países rechazaran la entrega por rebelión, un delito que no tenía un equivalente claro en algunos de ellos. Para evitarlo, el instructor del caso en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, levantó las euroórdenes en diciembre de 2017, apenas un mes después de emitirlas.

Las reactivó a finales de marzo, el día que procesó a los líderes independentistas. El Supremo estaba convencido de que los argumentos del auto de procesamiento servirían para convencer, esta vez sí, a los tribunales de los países implicados. Pero el fantasma del rechazo a la entrega se cumplió y, además, de la mano de un país que no estaba en el guión: Alemania, donde fue detenido Puigdemont cuando volvía a Bélgica tras un viaje a Finlandia.

Tras el arresto, la estrecha cooperación entre España y Alemania y la existencia de un delito similar al de rebelión en su código penal hicieron creer a la justicia española que el camino para conseguir la entrega del expresidente por fin se allanaba, pero el tribunal de Schleswig Holstein (el Estado en el que fue arrestado Puigdemont) aceptó la entrega por malversación, pero no por rebelión, el delito que vertebró la causa del procés, aunque el Supremo lo haya descartado en su sentencia. El juez Llarena rechazó juzgar al expresident solo por el desvío de fondos públicos y desactivó, por segunda vez, todas las órdenes europeas e internacionales de detención.

El instructor lo ha intentado por tercera vez tras la sentencia del procés. Aunque ningún país ha decidido, el Supremo ya se ha llevado algún susto: el primero llegó del Reino Unido, que casi provocó un conflicto diplomático en noviembre pasado al anunciar que no admitía a trámite la euroorden contra la exconsejera Clara Ponsatí por considerarla “desproporcionada”. Tras unas horas de confusión, la policía británica rectificó, alegó un error y pidió más información a España sobre la acusación contra Ponsatí.

La exconsejera está ahora en libertad mientras la euroorden se tramita, como Puigdemont y Toni Comín, aunque la sentencia dictada el jueves por el TJUE les abre opciones para conseguir que se paralicen, al menos de momento, las órdenes europeas de detención. Ha sido la primera intervención de la justicia comunitaria en la causa del procés y, de nuevo, ha supuesto un revés para el alto tribunal, que estudia la resolución y confía en reducir al mínimo sus efectos para la causa.