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A las 11.19 de la mañana del domingo, la fuga europea de Carles Puigdemont se truncó. Policías alemanes detuvieron al ex presidente de la Generalitat en al norte del país, casi en la frontera con Dinamarca. “Se encuentra bajo custodia policial”, confirmaba a este diario un portavoz de la policía regional de Schleswig Holstein. La del domingo fue una operación conjunta de las policías de Alemania y España y del CNI. La decisión queda ahora en manos de la justicia de ese Estado federado, que tiene 60 días para pronunciarse sobre la tramitación de la euroorden, según explicaron fuentes del ministerio de Justicia alemán.

El código penal de este país -artículos 81,82 y 83- establece el delito de “alta traición” contra el Estado y el orden constitucional, penados con penas de cárcel y hasta de cadena perpetua, lo que supondría un máximo de 25 años en prisión.

El ex presidente de la Generalitat, fue detenido a las altura de las localidades de Schuby y Jagel, en las inmediaciones de la autopista A7. El arresto se produjo en una gasolinera y el detenido fue trasladado en torno a las tres de la tarde a la prisión de Neumünster, al norte de Hamburgo y también en el Estado de Schleswig Holstein, según detalló la prensa alemana, sin que hubiera confirmación oficial. Durante la operación han estado presentes agentes del CNI, informa Óscar López Fonseca.

Los servicios de inteligencia españoles han seguido todo el periplo de Puigdemont desde el viernes hasta esta mañana y han resaltado "la excelente colaboración" de las autoridades alemanas en este tema, según fuentes policiales. Fuentes de la Seguridad del Estado aseguraron que en un primer momento se barajó su arresto en Dinamarca. Sin embargo, se descartó el hacerlo al tener el convencimiento de que el ex presidente iba a seguir su periplo por tierra en Alemania. La estrecha cooperación entre España y Alemania y la inclusión explícita de un delito similar al de rebelión en el código penal, complica el futuro del ex presidente de la Generalitat.

La detención se produce como consecuencia de la orden de detención internacional que el Supremo reactivó el pasado viernes. Su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, publicó en twitter que Puigdemont había partido de Finlandia el viernes y que viajaba en dirección a Waterloo, la localidad belga donde ha fijado su residencia, desde que huyó en octubre procesado por “rebelión y malversación”. Al ex presidente catalán se le considera el máximo responsable de la activación de la llamada “vía unilateral” en relación a la declaración de independencia del pasado octubre.

El vice fiscal general en Schleswig Holstein, Ralph Döpper, confirmó a la agencia alemana de noticias que la decisión acerca de si el ex presidente será entregado en detención para ser extraditado se tomaría “con cierta probabilidad solo mañana”, en palabras de Döpper. Está previsto que Puigdemont comparezca mañana ante el juez, que simplemente verificará su identidad. “Estamos solo al comienzo de nuestra investigación”, añadió. La corte analizará el caso “de acuerdo con los documentos que presenten las autoridades españolas que deben contemplar las razones para la extradición y la legalidad de la entrega”.

En el ministerio de Justicia alemán confirman que la base legal aplicable en este caso son los procedimientos de entrega entre estados Miembros relativos a la orden de detención europea. En Alemania, la media de duración del procedimiento de la euroorden es de 15,15 días para los casos en los que el detenido acepte la entrega y de 41,74 días cuando se oponga a ella, según las últimas cifras que aporta la Comisión europea relativas a 2015. El tope legal es de 60 días prorrogables a 90. Esos mismos datos indican que ese año Alemania detuvo a 1.635 personas y que de ellos, 1.283 fueron entregados al país que emitió la orden europea de detención. Preguntado, el ministerio alemán no ofreció datos sobre cuántas de esas entregas se produjeron con España.

Sí detallaron que el detenido debía comparecer ante el juez en 24 horas, tras las cuales se decidirá si Puigdemont continúa detenido mientras se procesa la orden de extradición. Después, será el tribunal superior regional de Schleswig Holstein, al norte de Alemania, el competente para decidir sobre la entrega.

El artículo 81 del código penal alemán establece la pena máxima y a partir de diez años para “quien intente con violencia o bajo amenaza de violencia perjudicar la continuación de la existencia de la República Federal alemana o cambar el orden constitucional, basado en la Constitución alemana”. Más adelante, el artículo 83 fija penas de entre uno y diez años para la “preparación de una operación de alta traición”.