PP y Ciudadanos reactivan reformas legales para evitar que Puigdemont y Torra sean candidatos

PP y Ciudadanos han reactivado antiguas reformas legales para evitar que líderes independentistas como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o el presidente de la Generalitat, Quim Torra, todos ellos procesados o condenados en causas judiciales, puedan ser candidatos en elecciones europeas o en unas hipotéticas próximas elecciones autonómicas catalanas. La estrategia persigue, además, que se retraten los demás partidos, y sobre todo al PSOE, inmerso en sus complicadas negociaciones con ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

El PP registró este mismo viernes, a primera hora, una solicitud ante la Junta Electoral de Barcelona sobre la sentencia contra Torra por el caso de los lazos amarillos reivindicativos que se negó a retirar de edificios institucionales y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le inhabilitó para ese cargo. El PP exige que esa sentencia se cumpla cuanto antes. La Junta Electoral recogió esa petición y le ha comunicado en la tarde de este viernes al representante del partido de Torra, Junts per Catalunya, y al propio presidente que tienen hasta este próximo lunes 23, a las nueve de la mañana, para recurrir con alegaciones esa sentencia.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, reveló a través de Twitter la estrategia a seguir por su partido: "Torra ha sido inhabilitado y desde el @populares hemos iniciado la ofensiva legal para que deje de ser presidente y entregue su escaño de inmediato". PP y Ciudadanos entraron así en una carrera para apuntarse posibles futuros tantos judiciales contra los líderes separatistas tras el revés propinado al Tribunal Supremo por la decisión del jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esa sentencia contra Torra, por su parte, es el núcleo de la batería de preguntas registradas también este viernes por JuntsxCat en el Congreso, para recabar una respuesta por escrito del Gobierno, en las que se exigen una serie de aclaraciones sobre las que se consideran "graves discrepancias que se están produciendo entre la justicia española y la europea en temas que afectan a derechos fundamentales" o sobre que por esas divergencias pueda quedar inhabilitado y apartado de su cargo "por haber defendido la libertad de expresión".

En este contexto, no son nada casuales las iniciativas que la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha registrado este viernes en la Cámara baja y que han sido las primeras de su formación en esta XIV Legislatura. Ciudadanos ha presentado una proposición para modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y que no puedan presentarse como candidatos en ningunas elecciones las personas que estén en una situación de prófugos de la justicia, como ocurre ahora con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Con ello, se busca evitar “la impunidad de los huidos de la Justicia”, ha resumido la propia Arrimadas.

Ciudadanos ya intentó ese cambio legal en febrero de 2018. Se iniciaron los trámites reglamentarios y parlamentarios, pero la acumulación de procesos electorales en estos últimos meses ha dinamitado que el debate se culminara. Tanto Arrimadas como el portavoz adjunto en el Congreso, el abogado del Estado Edmundo Bal, consideran que esta reforma tan relevante de la ley electoral se podría ejecutar en un plazo breve si hubiese voluntad de los demás partidos, porque se reduciría a aumentar el número de causas de inelegibilidad ya previstas. En su proposición Cs defiende que no es aceptable la ley española no contemple “ninguna consecuencia” que desaliente a los prófugos de la justicia o que les incentive para ponerse a disposición de las autoridades.

Arrimadas concluyó que sería especialmente significativo evitar que Puigdemont se pudiera presentar a unas próximas elecciones catalanas. Bal estimó que si el Congreso consigue conformar todas sus comisiones y empezar a trabajar en enero como se está intentando, aunque es un mes en teoría inhábil, el proceso se podría culminar antes del final del nuevo periodo de sesiones, antes del verano.

La intención de Ciudadanos llevaría incluso a proponer la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que a los fugitivos de la justicia se les impidiera también recibir sueldos o percepciones económicas del erario público, entre otros beneficios. Arrimadas justificó todas esas reformas en la necesidad de que “España defienda su democracia” y también para que “el Gobierno de España no esté en manos de los que quieren romper su unidad”.

La dirigente de Ciudadanos reconoció el interés de su formación en obligar a retratarse con esas propuestas a todos los partidos, y en especial al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, ante las negociaciones en marcha para su investidura. Y descalificó de nuevo los contactos del PSOE con ERC como “vergonzosos” cuando su líder, Oriol Junqueras, ahora en prisión por su condena en el juicio del procés, ha reiterado que volvería a hacer los mismos hechos.

Arrimadas insistió en que Sánchez rectifique, dé el primer paso y abra la puerta a negociar la llamada vía 221, es decir la que ella propone para un gobierno alternativo solo con los diputados constitucionalistas del PSOE, PP y Ciudadanos. Reconoció que solo cuenta por ahora con los 10 escaños de su partido, porque hasta el PP la rechaza, pero aseguró que tiene la percepción, que le dicta su “sentido común” tras mantener diversos contactos con el propio Pablo Casado, de que el líder del PP escucharía las “voces relevantes” de su partido que llegan a proponer incluso un Gobierno de concentración: “Yo no confío en que Sánchez rectifique por principios sino por necesidad si fracasa la opción del Gobierno Frankenstein”.

El PP, por su parte y como avanzó el jueves Pablo Casado con los mismos objetivos, optó por presentar este mismo viernes ante la Junta Electoral de Barcelona una solicitud para que ejecute la sentencia dictada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el actual president, Quim Torra, y para que se proceda a su destitución. Los populares, además, han insistido en abogar por impulsar los cambios necesarios en la Euroorden para la entrega automática de los reclamados por sedición y rebelión, como Puigdemont y Toni Comín, para tipificar el delito de rebelión impropio y el de referéndum ilegal.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, aprovechó sus propuestas y su petición a la Junta Electoral para que ejecute de forma inmediata su sentencia, para denunciar también que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no haya exigido a Torra, tras la condena, que dejase inmediatamente su cargo como presidente de Cataluña.