El PP exige que Junqueras no tenga trato de favor y cumpla su condena“como cualquier ciudadano”

La derecha no disimuló su contrariedad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que avala la inmunidad de Oriol Junqueras, mientras los partidos nacionalistas exigían la libertad del exvicepresidente de la Generalitat. El PP exigió que el líder de ERC, condenado por el Supremo a 13 años por sedición y malversación, cumpla la pena y no tenga un trato de favor. El más contundente fue Vox, que calificó el fallo de un “ataque” a la “soberanía y justicia españolas”. El Gobierno destacó que “no se analiza ni se pronuncia” la sentencia del procés.

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La política española gira y gira sin parar al son del conflicto en Cataluña mientras se acumulan las alarmas por la ralentización de la economía, el desplome de la natalidad a niveles de hace 20 años, el precariado de la generación mejor formada de españoles y los recursos insuficientes del sistema de dependencia. La crisis territorial demostró una vez más su capacidad para relegar a un segundo plano la pléyade de problemas que aguardan una solución mientras el Gobierno cumple ocho meses en funciones.

La reacción polarizada a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sirvió para constatar las dificultades para superar el bloqueo político. El fallo sobre Junqueras desencadenó la euforia entre los diputados independentistas en el pleno del Parlament entre aplausos y peticiones de libertad mientras la oposición permanecía silenciosa. Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, instó al Estado a ser consecuente. “Dicen muchas veces que las leyes y las sentencias se tienen que cumplir. Y esperamos que lo haga. Sería muy extraño que no lo hiciera”, afirmó el consejero de Economía después del fallo que, según ERC, reconoció todas las reclamaciones de Junqueras. “Todo el proceso es nulo. Pediremos la nulidad de la sentencia y la libertad inmediata”, resolvió. También la solicitó Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. “Me felicito por la resolución, es la lógica que cabría esperar y debería llevar a una reflexión a los tribunales españoles por cómo han ido encajando, forzando diría yo, la legislación en este asunto”, observó.

Al mismo tiempo, los partidos de la derecha entraban en su enésima competición para ver quién era el primero en transmitir el mensaje más contundente frente al independentismo. Como era de esperar, la reacción más dura llegó de la extrema derecha. Para Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Parlamento, el fallo supone “una falta de lealtad de las instituciones europeas que no se atreverían a atacar a otros socios como Alemania”, informa Miguel González.

La reacción del PP fue más pausada. “Siempre vamos a estar con la defensa de la justicia española y con la aplicación de las sentencias, y el señor Junqueras, lo diga quien lo diga, ha sido condenado por sedición e intentar dar un golpe de Estado. Tiene que cumplir las penas como cualquier ciudadano español”, afirmó su secretario general, Teodoro García Egea. En la misma línea se manifestó horas después Pablo Casado, que prometió dar la batalla jurídicamente tanto en España como en Europa para que Junqueras “cumpla su condena” y Carles Puigdemont, huido a Bélgica, se siente en el banquillo y acabe “en la cárcel”.

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, alertó de que Puigdemont tratará de emplear a su favor la decisión del tribunal europeo “como si fuera una sentencia exculpatoria hacia él”. La justicia belga aplazó el lunes la tramitación de la euroorden del expresidente catalán hasta que la Corte de Luxemburgo se pronunciase sobre los procedimientos en marcha acerca de la inmunidad de los líderes independentistas. “La justicia europea ha hecho más por la resolución del conflicto que dos años de represión del Estado español y de silencio de las instituciones”, celebró Puigdemont en una comparecencia en Bruselas. “España tiene que liberar a un eurodiputado que tiene secuestrado. Hay que anular la sentencia de manera inmediata”, exigió.

Exceptuando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mostró su “respeto absoluto a las resoluciones judiciales”, el Gobierno se dio siete horas para reaccionar. Lo hizo a las cinco de la tarde y mediante un comunicado en el que mostró su respeto y acatamiento a las resoluciones de los tribunales españoles “así como de los supranacionales, a cuya jurisdicción se somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España”.

La Moncloa resaltó en su escrito de ocho puntos que el Supremo es el órgano “que debe decidir ahora cómo da cumplimiento” a la resolución del tribunal europeo, “a cuyo superior criterio está vinculado”. En cuanto a la Abogacía del Estado, de cuya respuesta dependerá el respaldo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez, la sucinta explicación del Gobierno es que ya se encontraba estudiando “con el debido detenimiento” la sentencia y presentará su escrito en los próximos días. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, expresó la disposición del Ejecutivo para “ayudar” al Supremo a “cumplir” la sentencia tras el reconocimiento de la inmunidad de Junqueras al tiempo que atribuía la situación a una “herencia” del Gobierno de Mariano Rajoy. “Ha llegado el momento en que la política esté solo en la política”, sentenció.

El PSOE guardó silencio, con la salvedad de Emiliano García-Page. “El tribunal europeo no minusvalora ni un milímetro la decisión de los tribunales españoles en el fondo de la cuestión. Quiero dejar muy claro mi apoyo como ciudadano, presidente y responsable público al sistema absolutamente garantista de la justicia española. El Tribunal Supremo hizo una instrucción y desarrollo procesal impecables”, se posicionó el presidente de Castilla-La Mancha, uno de los barones socialistas más beligerantes con el independentismo.