Fallo procesal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad desde la proclamación de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 26 de mayo. La justicia europea ha respondido así a la consulta elevada por el Tribunal Supremo español, que, entretanto, dictó condena el pasado mes de octubre. Por último, los jueces de Luxemburgo han remitido al alto tribunal la responsabilidad de determinar las consecuencias de su decisión sobre la situación penal y penitenciaria de Junqueras. Su presidente, Manuel Marchena, ha abierto un plazo de cinco días para que las partes aleguen antes de pronunciarse.

Nada permite dudar de la imparcialidad del tribunal europeo, que ha emitido el fallo y ninguna razón resulta aceptable para excusarse de su riguroso cumplimiento, como tampoco del respeto debido a todo pronunciamiento de la justicia en un sistema democrático nacional o su tribunal supranacional. Sostener que el Tribunal de la Unión ha avalado las tesis de la defensa de Junqueras es tanto como afirmar que el sistema judicial vigente en el Estado de derecho español ha fallado también a su favor, puesto que Luxemburgo no es una justicia diferente de la que rige en España, sino su última instancia en determinados supuestos, en virtud de los acuerdos suscritos para integrar un espacio judicial donde prevalezcan las leyes democráticas.

El argumento de una justicia española parcial amonestada por una justicia europea respetuosa con el derecho, utilizado por las fuerzas independentistas con fines de propaganda, no se sostiene desde el momento en que fue el propio Tribunal Supremo el que se dirigió al de Luxemburgo en busca del fallo finalmente conocido este jueves, y de que este le ha confiado la responsabilidad de traducir sus consecuencias sobre la situación de Junqueras. Esta remisión no hubiera sido posible entre dos instancias que no formasen parte de un mismo sistema judicial, y menos aún si entre ellas no se reconocieran mutuamente la independencia, la imparcialidad y el compromiso con las garantías.

La utilización política que se está pretendiendo hacer del fallo, y no solo por parte de los partidos independentistas, está contribuyendo a ocultar el verdadero asunto sobre el que se pronuncia. La decisión del tribunal europeo se refiere a un asunto estrictamente procesal con incidencia sobre los derechos políticos de Oriol Junqueras: la exigencia jurídica de observar determinados requisitos para hacer comparecer a un electo ante los jueces, así como la determinación del momento en que el cumplimiento de esos requisitos era obligado. Lo que en ningún caso sostiene el fallo es que los hechos por los que Junqueras hubo de rendir cuentas ante la justicia y por los que el Tribunal Supremo lo condenó no fueran constitutivos de delito.

La decisión judicial hecha pública este jueves no cuestiona el proyecto de la Europa unida, sino que invita a redoblar el compromiso con él. Cuando un tribunal hace valer las garantías democráticas para un solo ciudadano, las hace valer para todos. Incluso cuando se trata de un ciudadano que, como Oriol Junqueras, procedió a derogar por vías de hecho la Constitución que instauró el Estado de derecho que hoy le ampara.