La sentencia sobre Junqueras complica la investidura

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ha tenido una inmediata consecuencia sobre las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya sobre la investidura. Esquerra decidió congelar las conversaciones hasta que los socialistas no expongan su opinión sobre la sentencia y se aclare qué posición mantendrá al respecto la Abogacía del Estado. El Gobierno y el PSOE, por el contrario, confían en que se pueda seguir adelante con los planes para una investidura cuanto antes e insisten en privado en que esta situación estaba dentro del guion posible y no debería enturbiar las negociaciones, que estaban ya muy avanzadas.

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Carmen Calvo, la vicepresidenta en funciones, confió en que esto no entorpezca la investidura y apostó por volver a la vía política. En su opinión, ERC debería entender que esta situación "es algo que el Gobierno heredó del anterior", del PP, y ahora "es tiempo de abrir una etapa en la que la política esté en la política". La abogacía tiene cinco días para fijar su posición.

Sería muy extraño raro que España se convirtiera en un Estado desobediente de la UE. No hay más. La sentencia se tiene que cumplir", dice Aragonès

En una comparecencia en los jardines ante el edificio del Parlament, Marta Vilalta, portavoz de ERC y miembro de la comisión negociadora de la investidura, ha dicho que el fallo “es la oportunidad que tienen los socialistas para demostrar que finaliza la vía judicial y de la represión [sobre el procés] y que empieza la vía política”. “No habrá otra reunión hasta que haya una opinión del PSOE y de la Abogacía del Estado, que todo el mundo sabe que depende del Gobierno”, ha añadido. Tras la reunión de la ejecutiva del partido de Junqueras, Vilalta ha insistido en que "lo que hagan [los socialistas] es muy importante para evidenciar que abandonan el camino de la judicialización" y se toma la vía política.

Calvo contestó poco después confiando en que esta decisión no frene el diálogo con ERC. "Nosotros estamos negociando una investidura que no tiene que ver con este otro espacio. Es necesario abrir una etapa en el que la política esté solo en la política y eso significa respeto de las diversas posiciones, diálogo. Esperemos que esto nos haga pasar página de una situación de la que el Gobierno es heredero, porque fue creada por el anterior [del PP]", aseguró la vicepresidenta, que asume así la idea insistente de los republicanos de salir de la "vía judicial" para entrar en la política. "Nosotros creemos que hay que entrar en otro momento político. Nos toca la responsabilidad de intentar hacer un Gobierno. Tenemos que hacerlo viable. Queremos que la política ocupe el espacio que nunca debió abandonar la política. Necesitamos afrontar la situación de Cataluña con diálogo", insistió Calvo.

En el Gobierno y el PSOE creen que la resolución no tiene por qué influir de forma negativa en la investidura

El comunicado oficial del Ejecutivo, que tardó siete horas en hacer público, iba en una línea muy similar. "El Gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho", señalaba. La abogacía del Estado, explica ese texto, está estudiando el asunto para tomar una decisión. Ahí puede estar la clave para desbloquear la negociación. En la anterior ocasión la abogacía se pronunció a favor de que Junqueras pudiera salir de la cárcel para tomar posesión de su acta de diputado, algo que el tribunal rechazó. Sin embargo, esta es una nueva circunstancia y hay que tomar una decisión. La voluntad del Gobierno de lograr una investidura es tan firme que parece poco probable que la ponga en riesgo por una posición de la abogacía que ni siquiera es trascendente, porque decide el tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha concluido que Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria cuando el Tribunal Supremo rechazó su excarcelación para acceder al acta de eurodiputado tras las elecciones del 26 de mayo. También sostiene que el Tribunal Supremo debía haberle excarcelado para que pudiera recoger el acta como eurodiputado y, posteriormente, haber pedido el suplicatorio —permiso— a la Eurocámara para devolverlo a prisión a la espera de la sentencia por el juicio del procés, que concluyó el 12 de junio. Junqueras fue condenado el 14 de octubre a 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación por su papel de líder en el otoño independentista catalán de 2017.

El coordinador de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insistió en la necesidad de salir de la vía judicial. “La vía política implica una negociación entre iguales, con un calendario sin vetos, y luego está desactivar la vía penal”. El republicano ha respondido después con esta contundencia cuando se le ha planteado el escaso margen de maniobra que puede tener ahora el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Sin citar explícitamente una eventual amnistía o una petición de indulto, ha afirmado: “No es ERC la que ha condenado al Estado diciéndole que es una sentencia irregular. Este lío lo tienen que resolver ellos. Vulneraron sus derechos y los tienen que restablecer hasta el final”.

Los republicanos celebran este sábado un congreso en el que abordarán la estrategia política de la formación para los próximos años. Junqueras intervendrá, no se sabe aún con qué formato, en el cónclave. El grupo crítico 1 de Octubre, que impulsa una enmienda en favor de una defensa más firme de la vía unilateral, ha emitido este mismo jueves un comunicado instando a la dirección a cancelar las negociaciones de investidura mientras Junqueras no sea puesto en libertad. Aragonès ha zanjado el asunto señalando que por ERC hablan ellos.

En el PSOE también creen que la resolución no tiene por qué influir de forma negativa en la investidura, porque no cambia el fondo del asunto, que es lo que se está negociando: una mesa de Gobiernos para abrir un diálogo sobre la crisis política en Cataluña. En el peor de los casos, según fuentes del Ejecutivo, podría retrasar un poco los plazos, porque ERC quiera ahora esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo, pero varios dirigentes consultados señalan que no tendría por qué suceder eso, ya que esta decisión no ha sido una sorpresa para nadie y estaba contemplada en el escenario y por tanto en las negociaciones.

El PSOE y el Gobierno admiten que esta sentencia es un golpe para la justicia española pero desde el punto de vista político no creen que tenga un impacto negativo en la investidura. De hecho, algunos dirigentes señalan en privado que una buena noticia para ERC como esta podría ayudarles a tomar de forma más tranquila la decisión de abstenerse.