Interior gastará 4,1 millones en implantar la nueva ‘frontera inteligente’

El Ministerio del Interior gastará en los dos próximos años 4,1 millones de euros, IVA incluido, en poner en marcha la potente herramienta informática con la que España se suma al proyecto de frontera inteligente que la Comisión Europea acordó en 2017. El objetivo es subsanar los problemas detectados desde la entrada en vigor en 1995 del Acuerdo Schengen de supresión de controles fronterizos internos, que engloba a 23 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega e Islandia.

La herramienta, que deberá estar operativa en 24 meses, recogerá las fechas y lugares de entradas y salidas —además de los de denegación de entrada— de todos los ciudadanos extracomunitarios que crucen las fronteras españolas. Solo en 2018 fueron cerca de 60 millones, según datos de Interior. La base recogerá, además de la información personal del viajero, sus datos biométricos (una imagen facial de reconocimiento y cuatro huellas dactilares) que harán innecesario estampar en los pasaportes los sellos de la concesión del visado. Estos datos se guardarán entre tres y cinco años.

El nuevo sistema informático de Interior se conectará al sistema de entradas y salidas (EES en sus siglas en inglés) puesto en marcha por el Consejo de Europa. A través de él, el resto de países del acuerdo Schengen podrá consultar los datos de los viajeros extracomunitarios que entren por las fronteras españolas. Por su parte, Policía Nacional y Guardia Civil también podrán revisar los “historiales de viaje” que vuelquen otros Estados.

Lucha antiterrorista

En el pliego de licitación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Interior justifica la medida en la necesidad de reducir retrasos en las fronteras y mejorar la calidad de los controles, pero también en la de asegurar la “identificación sistemática y fiable” de aquellos ciudadanos extracomunitarios que superan el tiempo de estancia autorizado en el espacio Schengen. El nuevo sistema disparará alertas cuando se produzca esta situación. El objetivo final, añade el documento, es “reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo y los delitos graves”.

Interior quiere que el sistema comience a estar operativo a lo largo de 2020, como fijó la Comisión Europea, por lo que ha acelerado el concurso. El próximo 17 de diciembre es la fecha límite de presentación de ofertas. La adjudicación se producirá el 2 de enero.