La última Operación Paso del Estrecho provocó 46 alertas antiyihadistas

La Operación Minerva, desarrollada por la policía entre el 12 de julio y el 16 de septiembre para extremar el control sobre las personas que retornan a Europa durante la Operación Paso de Estrecho, provocó 46 alertas antiyihadistas al detectar otros tantos sospechosos de haber combatido en las filas del Estado Islámico, según un informe de la Comisión Europea. No hubo arrestos al no existir contra ellos órdenes de detención. También este verano, la Operación Neptune II detectó otros 12 sospechosos. Nueve se dirigían a España.

La Operación Minerva, encabezada por la Policía Nacional con la colaboración de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), se desarrolló en los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta. Allí se desplegaron policías y guardias civiles, además de especialistas policiales de otros 16 Estados de la UE y observadores de EE UU. El reciente informe de la Comisión Europea recoge que durante los cerca de dos meses que duró —y en los que se registró el retorno de 1,7 millones de personas en 372.000 automóviles— fueron localizados 220 inmigrantes irregulares ocultos en coches, se recuperaron 12 vehículos robados, se intervinieron 1.629 kilos de drogas y diversas armas, y se realizaron más de 480 detenciones. Sin embargo, el documento hace hincapié en que el amplio operativo policial permitió abrir nuevas líneas de investigación antiterrorista al detectar los agentes la presencia de medio centenar de sospechosos de ser yihadistas retornados, conocidos policialmente por su denominación en inglés: foreign terrorist fighters(FTF).

Estas 46 alertas o “positivos”, como los denominan fuentes policiales, no se tradujeron en detenciones al no existir orden de detención contra ninguno, aunque en algunos casos se adoptaron medidas de vigilancia. “Muchas veces, las bases de datos nos alertan de que otro país solicita que se le informe sobre la llegada de un sospechoso e, incluso, de que se le siga de manera discreta. A veces, simplemente, que se recabe toda la información que se pueda sobre él de la documentación que presenta para concretar o descartar las sospechas”, explica un responsable de la lucha antiterrorista. Este alto mando recalca que las 46 alertas se produjeron por datos de sospechosos de yihadismo introducidos en las bases que se comparten por países de nuestro entorno, no por España.

Zonas de combate

Esta misma fuente destaca que en 2018 la Operación Minerva ya provocó numerosas alertas. En concreto, 53 casos. “Entre otros objetivos, estos despliegues policiales pretenden precisamente detectar los movimientos de los terroristas que regresan de las zonas de combate tras la derrota del Estado Islámico”, recalca. Este verano, Interior desarrolló un segundo dispositivo policial de control de las fronteras marítimas, la llamada Operación Neptune II, con idéntico fin. En esta caso, el despliegue se desarrolló entre los días 2 y 8 de julio, y estuvo coordinado por Interpol. En él, participaron agentes de Francia, Italia, Marruecos, Argelia y Túnez, además de España.

Durante la misma, policías de estos seis países realizaron una inspección sistemática de los pasajeros de barcos, ferrys y cruceros que partían o atracaban en siete puertos del Mediterráneo occidental, entre ellos los de Alicante y Motril (Granada), para detectar e interceptar redes de tráfico de drogas, armas o de trata de seres humanos, pero sobre todo posibles yihadistas que intentaran retornar a Europa.Interpol destaca en una nota que durante esos siete días se comprobaron 1,2 millones de datos y se recabaron pistas sobre 12 presuntos yihadistas retornados. Según fuentes policiales españolas, nueve de ellos tenían como destino los puertos españoles. “Tampoco se les arrestó porque los países que había introducido sus datos como sospechosos no emitieron ninguna orden de detención contra ellos”, explican.

Un problema europeo

El regreso de los terroristas que han combatido en las filas del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) es una de las principales preocupaciones de los países europeos. Según Europol, al menos 5.000 ciudadanos europeos han viajado desde 2014 a Siria e Irak y, aunque muchos han fallecido en combate o en atentados, los que han sobrevivido suelen regresar aún más radicalizados. “Por un lado, tienen experiencia en el manejo de armas y explosivos; por otro, son vistos como héroes, lo que les convierte en poderosos instrumentos de radicalización”, alertan desde hace tiempo expertos antiterroristas españoles.

Por ello, el Ministerio del Interior puso el foco en este colectivo en el documento con el que el pasado febrero fijó la que será la Estrategia Nacional contra el Terrorismo hasta el 2023. Uno de los objetivos de este documento es que el posible retorno de estos yihadistas se vea acompañado de su encarcelamiento para minimizar el riesgo que suponen. Algo que, como reconocen fuentes de la lucha antiterrorista, no es fácil ya que hasta ahora solo se les puede acusar de integración en organización terrorista.Entonces se cifraba en 237 las personas de nacionalidad española o residentes en España que se habían desplazado a zonas de conflicto yihadista —especialmente Siria e Irak, aunque también a Malí y Filipinas—.

De ellos, 21 habían retornado a España, aunque 12 de ellos habían sido encarcelados tras regresar. Otros 24 lo habían hecho a otros países, donde ocho también habían ingresado en prisión. Hay un caso del que no había pistas sobre su posible paradero. A otros 130 se les situaba aún en zonas de combate, mientras que a 61 se les daba por fallecidos, muchos de ellos en ataques suicidas. De los que aún estaban en Siria e Irak se encuentran las españolas Luna Fernández, Yolanda Martínez y Lubna Mohamed Miludi, y la marroquí Loubna Fares, madre de tres menores españoles, todas ellas retenidas en campos de las milicias kurdas para familiares de combatientes del Estado Islámico. La Audiencia Nacional emitió recientemente órdenes de detención contra ellas por delitos de terrorismo.