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La Audiencia Nacional ordena detener a las españolas del ISIS atrapadas en Siria

Las supuestas yihadistas, con 17 menores a su cargo, son reclamadas por delitos de terrorismo

En vídeo, las españolas Yolanda Martínez, Lubna Fares y Luna Fernández, en abril en el campo de Al Hol.

La Audiencia Nacional ha emitido recientemente órdenes de detención contra cuatro mujeres —tres de nacionalidad española y una marroquí viuda de un ciudadano español— que viajaron a Siria en 2014 para enrolarse en el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), y que viven confinadas en dos campos de detención a cargo de las milicias kurdas, según confirman a EL PAÍS dos fuentes de la investigación. Estas supuestas yihadistas, que tienen 17 menores —uno recién nacido— a su cargo, son reclamadas por varios juzgados por “diversos delitos relacionados con el terrorismo”, afirman fuentes policiales.

Las yihadistas —las españolas Luna Fernández, Yolanda Martínez y Lubna Mohamed Miludi, y la marroquí Loubna Fares, madre de tres menores españoles— están retenidas en campos para familiares del ISIS. Las dos primeras han sido trasladadas al campo de Al Roj (al norte, junto a la frontera sirio-turca), y las dos segundas continúan en el que recalaron todas ellas inicialmente, el de Al Hol (noreste de Siria), al salir de Baguz. Se trata de zonas controladas por las milicias kurdo-árabes y las fuerzas aliadas de la coalición internacional contra el ISIS. Baguz, que cayó el pasado febrero, fue el principal reducto del califato en Siria.

El Gobierno, que lleva estudiando el caso desde abril —después de que este periódico desvelara su situación— sigue sin tomar una decisión sobre la repatriación de las mujeres y los menores, que viven en condiciones extremadamente insalubres y peligrosas. El expediente es objeto de estudio en una comisión interministerial formada por los departamentos de Exteriores, Interior y Justicia y coordinada por la vicepresidencia del Gobierno. El Ministerio de Exteriores analiza las opciones para la repatriación del grupo, como ya han hecho otros países de la UE —Francia y Alemania, entre otros—, en algunos casos similares en los que hay menores implicados. Interior, por su parte, estudia los condicionantes de seguridad: al menos dos de las supuestas yihadistas —las conversas Luna Fernández y Yolanda Martínez— están catalogadas como “peligrosas” en los ficheros policiales.

El regreso de las cuatro combatientes a España supondría su inmediata detención y probable ingreso en prisión provisional por delitos de colaboración o incluso integración con organización terrorista, castigado con entre seis y 12 años de cárcel. Mientras el Ejecutivo estudia el caso, la justicia ya ha dado los primeros pasos para investigarlas y, eventualmente, someterlas a juicio. Varios juzgados centrales de instrucción han emitido ya órdenes de detención contra las cuatro mujeres confinadas en Siria, país que lleva ocho años y medio en guerra y con el que España no tiene convenio de extradición, aunque sí cuenta con un encargado de negocios en Beirut que se desplaza periódicamente a Damasco.

Según fuentes judiciales, tras las primeras averiguaciones se actúa con la máxima cautela debido a que se trata de un asunto complejo, donde se entremezclan la persecución penal de los hechos, el riesgo para la seguridad que supone la repatriación de estas personas e incluso la dimensión humanitaria, debido a la presencia de los menores. El pasado mayo, Médicos Sin Fronteras criticó que las 8.000 supuestas mujeres y los más de 3.000 hijos de yihadistas en Al Hol están aislados en una zona sin atención médica.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en abril al Ministerio del Interior informes sobre las mujeres españolas localizadas en el campo de retención de Al Hol, que pedían volver a España acompañadas por los hijos propios y los que tienen a su cargo. Ellas coinciden en afirmar que viajaron a la zona de conflicto de manera no consciente, siguiendo a sus maridos.

Fuentes de la lucha antiterrorista detallaban entonces que al menos dos de ellas aparecen en investigaciones impulsadas en la Audiencia Nacional. Se trata de Yolanda Martínez y Luna Fernández. La primera —de 34 años y con cuatro hijos— nació en el barrio de Salamanca, de Madrid, y a los 22 se casó con Omar el Harchi, un español de origen marroquí. De su mano, se convirtió al islam, se radicalizó, se mudó a Marruecos y, finalmente, viajó a Siria en mayo de 2014. “El ISIS nos dio una casa. Por fin tuvimos una situación económica estable”, afirmaba ella en abril, al tiempo que aseguraba que no sabía el destino y que su marido nunca llegó a combatir.

Sin embargo, las pesquisas policiales no atribuyen al matrimonio un papel tan inocente. Una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2017 condenó a más de 75 años de cárcel a nueve integrantes de la autodenominada Brigada Al Andalus, localizada en Madrid, que se dedicaba a captar y adoctrinar yihadistas para enviarlos a Siria y que se integraran en grupos afines a Al Qaeda. Según consideró probado la resolución, el marido de Martínez formaba parte del “núcleo operativo” de este grupo, que operó desde principios de 2011 hasta su desarticulación en junio de 2014. Pero El Harchi, aunque fue procesado, no pudo ser juzgado, ya que se marchó a Siria un mes antes de que fuese desarticulada la célula. En abril se encontraba en una de las prisiones custodiadas por las milicias kurdas.

Situación sin avances

En el plano político, la situación apenas ha variado en las últimas semanas. Exteriores, que debe encargarse de la eventual repatriación, exploró ya antes del verano las opciones y no ha recibido más instrucciones para actuar. Todo depende de que Interior dé el visto bueno tras verificar los detalles del caso. Entre otros, si las mujeres son quienes dicen ser y si los menores son todos descendientes de algún español. Además, existen dudas de que las mujeres, que en principio han mostrado su deseo de trasladarse a España, sepan que se exponen a un ingreso en prisión.

La demora de la investigación en España, con el Gobierno en funciones, contrasta con la agilidad de Francia y Alemania, aunque solo en lo que concierne a los menores. Las autoridades germanas trasladaron a mediados de agosto a cuatro niños desde Siria. Francia lleva ya una docena de huérfanos repatriados de los campos en los que viven atrapados esos familiares de yihadistas desde la caída del ISIS. En España, sin embargo, el dosier de los menores sigue bloqueado pese a que algunos cuentan con familiares que los reclaman y pese a la precaria situación de los campos.

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