La justicia avala el uso de informes secretos del CNI para expulsar a sospechosos de yihadismo

"La conducta personal del interesado, de adoctrinamiento de jóvenes magrebíes en postulados radicales salafistas-wahabitas que defenderían el establecimiento de un califato regido por la sharia [ley islámica] sin descartar la lucha armada como medio, [...] evidencia una tendencia del interesado a proseguir esa conducta en el futuro, por lo que constituye una amenaza real y actual para la seguridad nacional". El 6 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior expulsó a Marruecos a Yassine Lafraiki, un imán asentado en Corella (Navarra) con el argumento de que un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo catalogaba como peligroso para la seguridad nacional. Más de un año después, cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han concluido que dicha expulsión, y la consiguiente prohibición de regresar a España en 10 años, es ajustada a derecho y rechaza el recurso de Lafraiki contra aquella decisión.

El imán, que ha negado siempre cualquier vinculación con el yihadismo y esgrimía su arraigo en España, donde estaba casado y tenía un hijo de pocos meses, aseguraba en el recurso ahora rechazado que durante el proceso administrativo que había desembocado en su expulsión había sufrido indefensión ya que nunca se le dio acceso al informe de los servicios secretos que dio pie a su expulsión ni a las pruebas que contenía contra él. Ahora, los magistrados concluyen que la jurisprudencia exige preservar el carácter reservado de aquella información que se considere sometida a la legislación de secretos oficiales, como es el caso de los informes del CNI, y que "por razones obvias" no puede ser conocida por el imán. El tribunal rechazó la pretensión de Lafraiki de que estos datos fueran analizados "a puerta cerrada y de modo confidencial". El fallo insiste en que únicamente existe la obligación de facilitar los datos que permitan al acusado “articular su defensa”. 

En este caso, la sentencia recalca que se cubrió ampliamente este último requisito, ya que considera que el expediente de Interior que determinó su expulsión incluía esta información básica. Entre ella, la supuesta vinculación del imán con la organización Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), considerada por organismos internacionales como asociada a Al Qaeda y al Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) y para la que Lafraiki recaudaba dinero para construir una mezquita en Navarra. El informe destacaba que un dirigente del RIHS había acudido a Corella a visitar las obras del templo y que en todo momento había sido acompañado por el imán. El expediente de expulsión también incidía en que varios alumnos a los que enseñaba el Corán en la localidad navarra habían abandonado sus clases por sus postulados radicales y que, incluso cuando fue cesado como imán, siguió desarrollando "labores de adoctrinamiento en bajos de edificios, incluido el que utiliza como domicilio". 

La sentencia añade que el informe secreto del CNI se vio “corroborado y completado” por una investigación posterior de la Policía Nacional que, además, había añadido nuevos indicios sobre la supuesta radicalización religiosa de Lafraiki. Por todo ello, los magistrados concluyen que tanto el documento de los servicios secretos como el policial “reúnen las condiciones formales suficientes para ser valorados, pudiendo atribuir a los mismos la cualidad de prueba de cargo”. Oleksandr Voronyuk, abogado de Lafraiki, aseguraba este martes a EL PAÍS que su cliente no recurrirá ante el Supremo el fallo de la Audiencia Nacional a pesar de que sigue negando su vinculación con ninguna corriente radical del Islam: “Se ha asentado en Marruecos con su familia”.

Fuentes judiciales aseguran que el uso de informes del CNI para justificar expulsiones de inmigrantes por motivos de seguridad nacional es excepcional, aunque no para denegar peticiones de nacionalidad. La propia Audiencia Nacional ha rechazado en los últimos ocho meses tres peticiones -dos de marroquíes y una tercera de un sirio- de concederles la nacionalidad española precisamente porque documentos de los servicios secretos los catalogan como personas de riesgo. En junio, la Audiencia Nacional también avaló la expulsión de un marroquí al que la Policía detuvo en julio de 2017 en un centro comercial de Lleida tras gritar: "Alá Akbar. Voy a poner una bomba y luego huiré a pie. Soy un terrorista". El informe policial lo acusaba de "participar en actividades contrarias a la seguridad nacional". En este caso, el tribunal también respaldó la decisión de Interior pese a que admitía en el fallo que el marroquí sufría "delirios", "desórdenes de personalidad" y "esquizofrenia" entre otras muchas enfermedades.