El desafío político y legal del retorno de los yihadistas europeos

El califato en Siria podría pasar a ser pronto un ignominioso capítulo de la historia. El esperado anuncio se prevé ruidoso y celebrado, pero el fin del terror islamista, al menos en ese rincón de Siria, plantea a la vez un complejo dilema político y jurídico para un puñado de países de la UE. ¿Qué hacer con los yihadistas europeos que viajaron a Siria cautivados por el magnetismo del Daesh y dispuestos a hacer la guerra santa?

Los combatientes que se encuentran bajo custodia de las fuerzas kurdas suman cerca de 800, además de unas 700 mujeres y unos 1.500 niños que  se encuentran en campos en condiciones penosas. El ultimátum lanzado hace una semana vía Twitter por Donald Trump -o los europeos retornan a los yihadistas y les juzgan “o nos veremos obligados a dejarles libres”-, ha dejado patente que los Gobiernos europeos ya no pueden mirar hacia otro lado.

Pero es sobre todo el previsible fin del autodenominado califato y la próxima retirada de los 2.000 soldados estadounidenses desplegados, el que impone una renovada premura a los europeos. Unos 5.000 ciudadanos europeos viajaron a Siria y a Iraq desde 2014, según las cifras de Europol, sin que los Estados Miembros fueran capaces de evitar el reguero de alistamientos, al que ahora deben dar una respuesta clara y colectiva.

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A primera vista, ninguna solución parece buena ante semejante desafío político y jurídico. Los dirigentes europeos repiten que la prioridad es la seguridad nacional, lo que equivaldría a mantener a los radicalizados lo más lejos posible de suelo europeo. Son personas con una temible red de contactos, que saben manejar armas y que en el mejor de los casos vuelven traumatizados de la guerra. Pero al rechazo político se le superpone en muchos casos una obligación legal ineludible. Mientras países como Reino Unido barajan la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los regresados, países como Bélgica o Suiza plantean un posible tribunal ad hoc. Francia y Alemania planean un regreso escalonado y con las mayores garantías para que los juicios resulten un éxito en aras de la seguridad nacional.

En Alemania, las cifras oficiales indican que 1.050 ciudadanos alemanes viajaron desde 2013 a Siria para combatir en las filas yihadistas. Un tercio de ellos ha regresado y unos 200 murieron en combate. En total, hay 63 personas que viajaron de Alemania a Siria bajo custodia kurda y 42 de ellos tienen pasaporte alemán. Sobre 18 pesa una orden de detención internacional.

Muchos quieren volver. O al menos así lo aseguran en conversaciones con sus familiares que reproduce la prensa alemana. “Mamá, dime cómo estás y si sabes cómo sacarme de aquí y qué dicen las autoridades. Solo quiero volver a casa”, decía Bajram G, a su familia de cerca de Colonia, según publicaba Der Spiegel. La situación es especialmente complicada para las mujeres y los niños, encerrados en campos “en los que las ratas trepan a las camas”, explicaba a la publicación alemana la familia de Clara, de Oberhausen.

“Si se presentan en la frontera alemana y no tienen doble nacionalidad, no veo posible que se les deniegue la entrada”, sostiene Martin Heger, catedrático de derecho penal europeo de la Universidad Humboldt de Berlín, porque según explica, equivaldría en convertirles en apátridas. El problema es traerles desde allí, como pide EE UU, sobre todo en los casos en los que la identidad de los yihadistas no esté clara o no se pueda probar. “Somos responsables de ellos como ciudadanos alemanes para traerles de vuelta”, aseguró esta semana la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, al sensacionalista Bild.

Una vez en suelo europeo, los dilemas se multiplican. La ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, explicó que la idea es que los que vengan estén sometidos una estrecha vigilancia. “Tenemos que asegurarnos de que los ex combatientes del ISIS no se puedan mover con libertad entre nosotros”, indicó a la prensa alemana. “Algunos tienen órdenes de detención y a los demás habrá que someterles a una estrecha vigilancia en cuanto entren en Alemania”.

Después, el problema se plantea con los procesos judiciales, en los que tener acceso a testigos y a pruebas es poco más que una quimera. “Por un lado, no queremos que los combatientes del ISIS sean liberados y vuelvan sin haber sido controlados. Pero tampoco podemos correr el riesgo de traerles de vuelta y que no tengamos pruebas ni evidencias para juzgarles por los crímenes cometidos en Siria y en Irak”, advirtió la ministra Von der Leyen.

Algunos juristas consideran poco realista esa opción y sostienen que la única vía es juzgarles solo por pertenencia a organización terrorista y no por crímenes concretos que puedan haber cometido. El tiempo aquí también juega en contra. Una vez que vuelvan, no se les puede encarcelar sin pruebas indefinidamente.

Respecto a la posibilidad de crear tribunales ad hoc en Siria como barajan algunos países, Heger explica que “es complicado según la ley alemana, debido a nuestro pasado nazi y los juicios a grupos de población concretos”. Además, la falta de infraestructura diplomática alemana en el país en guerra complicaría la asistencia consular para garantizar un juicio justo.

La opción de crear tribunales especiales es por la que en principio se decantan los belgas y los suizos. “Para mí, la prioridad sigue siendo la seguridad de la población suiza y las fuerzas de seguridad suizas”, dijo la ministra de Justicia suiza, Karin. “¿Sería posible juzgarles sobre el terreno? Eso es lo que yo preferiría”, añadió Keller-Sutter esta semana. Suiza cifra en 93 los nacionales del país helvético que se han sumado a la yihad.

Bélgica mientras, estudia el retorno sin condiciones de los niños menores de diez años y caso por caso para los menores de 18 y mayores de diez. Para los adultos, propone que sean juzgados por una instancia supranacional creada ad hoc. Las cifras que maneja Bruselas de nacionales pendientes de regresar son 10 hombres, 17 mujeres, 31 niños. La situación sin embargo está lejos de haberse aclarado. Un juez ha fallado que el Estado tiene obligación de repatriarlos, pero el Gobierno belga ha recurrido la decisión.

En Francia les llaman los revenants, palabra con doble sentido: los que vuelven y los fantasmas. Nadie los quiere. El Gobierno francés había defendido hasta hace poco también que fuesen juzgados en Siria o en Irak, pero los servicios consulares seguían los casos y la posibilidad de que se les aplicase la pena de muerte había suscitado debate en Francia.

Fuera de control

Con el anuncio de retirada estadounidense, todo cambió. Francia no tiene un tratado de extradición con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y menos con la Siria de Bachar el Asad. La posibilidad de que, con la marcha de EE UU, estos detenidos quedasen fuera de control ha llevado a un cambio de política. París se prepara ahora para acoger a estos franceses y a sus hijos. La ministra de Justicia ha dicho que estudiará “caso a caso”. Suman entre 130 y 150. De ellos 50 son adultos, hombres y mujeres. El resto, menores.

Los adultos serán puestos a disposición judicial e imputados una vez que aterricen en suelo francés, en grupos de diez en diez, según el diario Le Monde. Fuentes de la fiscalía citadas por la agencia France Presse señalan que quienes partieron después de los atentados de enero de 2015 en París sabía bien adónde iban y se considerará que pueden ser acusados por “asociación de malhechores terrorista criminal”. En el caso de las mujeres, puede haber una distinción, a la hora de aplicar las penas, entre las que simplemente siguieron al marido o las que activamente participaron en la guerra. Otra cuestión son los menores. Según la ministra Belloubet, el 75% son menores de siete años, muchos de ellos nacidos en el territorio bélico. En estos casos, los menores vivirán con una familia de acogida o con familiares que se hayan quedado en Francia.

En Reino Unido el caso de Shamima Begum, una británica que cuando sólo tenía 15 años (2015) huyó a Siria para convertirse en esposa de un combatiente del ISIS, centra se ha convertido en un símbolo de la complejidad del retorno, sobre todo de las mujeres. La joven permanece en un campo de refugiados junto a su bebé -nacido hace sólo una semana- y desea retornar a Londres con sus padres. Pero el Gobierno británico se dispone a retirarle la nacionalidad para evitarlo, apoyándose en el rechazo de un sector de la opinión pública a una mujer, que no se declara arrepentida de sus actos y sigue justificando las acciones del ISIS.

La decisión de Londres todavía no es firme porque ha topado con el derecho internacional, que sólo considera admisible despojar a un ciudadano de su nacionalidad si eso no le convierte en apátrida. Y a pesar de que el ministro del Interior británico, Sajid Javid, alegaba a principios de semana que Begun tiene la doble nacionalidad bangladeshí, y por lo tanto la cobertura de un segundo Estado, el gobierno de Dhaka se ha apresurado a desmentirle.

Si Begum acabara finalmente regresando a su patria, debería responder al interrogatorio de los servicios de seguridad. Así lo han hecho desde 2012 –la mayoría en las primeras etapas de la guerra siria- unos 400 combatientes procedentes de Siria o Irak. Sólo uno de cada diez acabó procesado por “cometer acciones directas en Siria”, según ha revelado el secretario de Estado de Interior, Ben Wallace.