Europa naufraga en la gestión de sus yihadistas

El caso contra la alemana Jennifer W., de 27 años, es espeluznante. La justicia germana acusa a la joven de dejar morir de sed a pleno sol a una niña de cinco años, en la ciudad iraquí de Mosul. Jennifer W. viajó desde Alemania a Irak en agosto de 2014. Estuvo a sueldo del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) como miembro de la Hisba, la policía de la moralidad. Un año después compró junto a su marido a una menor como esclava. Un día, la niña se puso enferma y mojó la cama. El marido de Jennifer W. la sacó a la calle, en pleno verano, y la ató. Así murió. Cuando la alemana trató de obtener un documento de identidad en Ankara, ya en 2016, las autoridades turcas la deportaron a Alemania. Fue detenida el pasado junio y aguarda ahora sentencia por asesinato y crimen de guerra.

La acción de la justicia alemana es uno de los pocos ejemplos de cómo Europa ha reaccionado ante la amenaza de los yihadistas que hicieron el viaje al autoproclamado califato. Reacción, que no acción. La crisis desatada, especialmente desde 2013, por la radicalización y mudanza a Siria e Irak de miles de ciudadanos de la Unión Europea, en torno a 5.000 en total, pilló y sigue pillando a las autoridades fuera de combate. No supieron prever la atracción que suponía para jóvenes musulmanes combatir contra el régimen sirio de Bachar el Asad; cómo decenas de predicadores atizaban la propaganda del ISIS para hacer la héjira a Irak; qué podía pasar si algunos de los que marchaban decidían regresar a casa, o cómo gestionar el encarcelamiento de muchos de ellos con la derrota del grupo terrorista.

Hay yihadistas extranjeros de decenas de nacionalidades encarcelados a ambos lados de la frontera sirio-iraquí. Las milicias kurdas que custodian a casi un millar de presos del ISIS aguardan aún a que las autoridades europeas reclamen a los suyos para repatriarlos. Ni siquiera el grupo conocido como Los Beatles, un grupo de yihadistas británicos encargados de la decapitación de rehenes europeos, en manos de los kurdos, tiene claro dónde acabará su limbo carcelario, porque Reino Unido les ha retirado la ciudadanía y no está por la labor de juzgarlos.

Europa mira hacia otro lado ante el temor a un aluvión de retornados y la dificultad de probar en sus tribunales los delitos cometidos por sus nacionales en territorio extranjero —y en un contexto bélico—. Prueba de ello es una sentencia en Holanda, aunque no la primera, basada no ya en posibles crímenes cometidos, sino en la simple participación en las actividades de la organización terrorista ISIS. Un tribunal de Rotterdam condenó en abril de 2018 a seis años en prisión al yihadista holandés Marouane B. El fallo fue adoptado en ausencia, con el condenado aún en tierras sirias, pero bien conocido por sus contactos con la prensa holandesa.

La falta de respuesta de las autoridades europeas ha sido notable desde que, por poner una fecha, el ISIS comandado por Abubaker al Bagdadi proclamase su califato en Mosul, en el verano de 2014. Casi cuatro años y medio después, el pasado 13 de diciembre, el Parlamento Europeo, tras 14 meses de trabajo del Comité Especial sobre Terrorismo, presentó una lista de recomendaciones para combatir la radicalización, la gran asignatura pendiente, desde el intercambio de información al control de la tenencia de armas blancas o la definición de "víctima de terrorismo".

Y si en las cárceles kurdas aguardan decenas, sino cientos, de europeos a un destino incierto, en Irak la cosa está más clara. Son muchos los extranjeros encarcelados, aunque aparentemente menos europeos de los apresados en el país vecino. El Consejo Judicial Supremo Iraquí, a través de su portavoz, Abdulsattar Berqdar, informó el pasado 31 de diciembre de que sus tribunales para delitos de terrorismo habían condenado a 616 extranjeros en 2018 por su pertenencia al ISIS (466 mujeres, 42 hombres y 108 menores). No se especificaba qué tipo de condenas aplicaron, aunque hay penas de muerte, o las nacionalidades de los sentenciados.

Pero entre ellos están, sin duda, el francés de 55 años Lahcen Ammar Gueboudj y la alemana Nadia Rainer Hermann, de 22, ambos condenados a cadena perpetua. Durante la vista para su sentencia, ambos confesaron a Reuters que solo habían hablado con sus consulados una vez desde su detención en 2017 y que ni conocían a los abogados que se les había asignado de oficio.