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Interior pospone el regreso de los policías desplegados en Cataluña por el ‘procés’

En el operativo han llegado a estar desplazados cerca de 3.000 agentes, aunque la cifra se ha reducido a 2.500

sentencia del proces
Agentes protegen la sede de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona durante las jornadas posteriores a la sentencia del 'procés'.

La Operación Ícaro, el despliegue de policías y guardias civiles iniciado el 8 de octubre por el Ministerio del Interior para apoyar a los Mossos d'Esquadra ante los incidentes registrados tras la sentencia del procés, no tiene por el momento fecha de finalización, según comunicó este lunes el director general de la Policía, Francisco Pardo, a los representantes sindicales de los agentes. En el operativo han llegado a estar desplazados cerca de 3.000 agentes, aunque en los últimos días la cifra se ha reducido a 2.500, según fuentes policiales.

La reunión del lunes era la tercera que mantenía desde los graves incidentes de Barcelona el máximo responsable de la Policía Nacional con representantes sindicales. Aunque en la misma solo estaba previsto abordar cuestiones laborales de los agentes que participan en el operativo —desde las compensaciones económicas que reciben los agentes desplazados hasta la condecoración de los cerca de 300 que resultaron heridos—, Pardo detalló a los representantes sindicales que el dispositivo seguirá activo sin fecha de finalización mientras exista el riesgo de altercados de gravedad, según confirmaron a EL PAÍS asistentes al encuentro. Interior declinó añadir nuevos datos.

En la decisión del ministerio pesan los llamados “informes de riesgo” que periódicamente elaboran las Fuerzas de Seguridad. De hecho, Interior no solo ha desplegado agentes antidisturbios de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña para apoyar a los Mossos d'Esquadra, sino también “un número importante” de especialistas en información de ambos cuerpos con el objetivo, precisamente, de recabar datos sobre los planes de los colectivos independentistas que se han mostrado más activos: los Comités en Defensa de la República (CDR), Tsunami Democràtic y Picnic per la República.

La Operación Ícaro, iniciada oficialmente el 8 de octubre pasado, supuso la llegada a Cataluña a partir de finales de septiembre de un primer contingente de policías cercano a los 2.000 agentes, en su mayoría antidisturbios. Esta cifra suponía una tercera parte de los más de 6.000 que Interior, con el PP en el Gobierno, envió en 2017 para hacer frente a la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O.

Tras conocerse el 14 de octubre la sentencia que condenaba a los líderes del procés a penas de hasta 13 años de prisión y producirse los primeros incidentes graves, el ministerio envió otros 200 agentes. El recrudecimiento de los altercados y la entrega en la capital catalana de los premios Princesa de Girona, con la presencia en la ciudad del rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, motivó un nuevo refuerzo que, con sumado al que se envió para la celebración de las elecciones generales del 10-N, terminó llevando la cifra hasta cerca de los 3.000 agentes (algunas fuentes elevaron este número a los 4.500, aunque Interior lo negó).

Desde entonces, y pese a los cortes de carreteras que se registraron entre el 11 y el 13 de noviembre, Interior ha aprovechado el relevo de los grupos de antidisturbios que llevaban más tiempo en el operativo para reducir el contingente ante los primeros indicios de “desescalada” de la conflictividad, como se constató en el fracasado intento de los CDR de bloquear la estación de tren de Sants, en Barcelona, el pasado sábado.

Según fuentes policiales, en la actualidad permanecen cerca de 2.500 policías. Estas mismas fuentes recalcan que la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima entre el 2 y el 13 de diciembre exigirá un importante despliegue policial en la capital y, posiblemente, reducir aún más el número de agentes de la Operación Ícaro.

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