Los seis delitos que acechan a Esperanza Aguirre

El “hombre que está detrás” es, según lo expresan algunos magistrados en sus sentencias, la persona que, aunque materialmente no interviene en los delitos, “inspira y sostiene la acción de los ejecutores materiales y tiene dominio del hecho en todo momento”.

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, busca al hombre o a la mujer que están detrás de una década de corrupción en el PP de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

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La expresidenta Esperanza Aguirre acude a declarar ante García Castellón como investigada por seis supuestos delitos —cohecho, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral— cometidos durante su mandato al frente del Gobierno regional y del PP de Madrid.

Cinco años de investigación judicial en el caso Púnica —que se inició tras descubrir por la Fiscalía suiza la existencia de una cuenta en ese país a nombre del que fue secretario general del PP madrileño, Francisco Granados— han permitido acumular numerosas pruebas de la corrupción en los tres organismos que dirigió Aguirre.

El PP de Madrid, que presidió Aguirre entre 2004 y 2016, se financió supuestamente de manera ilegal durante su mandato mediante aportaciones en dinero negro de diversos empresarios.

Fundescam, fundación del PP que presidió Aguirre entre 2004 y 2010, dedicó ilegalmente a actos electorales dinero que recibía de donaciones de empresarios, muchos de ellos contratistas de la Administración autonómica.

El Gobierno regional, que presidió Aguirre entre 2003 y 2012, desvió supuestamente fondos públicos para el PP de Madrid a través de empresarios adjudicatarios de contratos millonarios.

El juez García Castellón sostiene en el auto de imputación de Esperanza Aguirre que “no es verosímil” que todos esos actos supuestamente ilegales de los que tiene pruebas se produjeran “sin el conocimiento y consentimiento” de quien era entonces presidenta autonómica y del PP de Madrid.

“El impulso para poner en marcha el entramado [corrupto]”, escribe el juez, “debe vincularse a Esperanza Aguirre, en quien concurría la condición de presidenta del partido, candidata de las campañas investigadas, cotitular de las cuentas que satisfacían los gastos omitidos en la contabilidad sometida a fiscalización pública, presidenta y patrona de la fundación Fundescam y, sobre todo, presidenta del Gobierno regional, desde donde se tomaron las decisiones instrumentales”.

Pero Aguirre sostiene, desde que conoció los escándalos de corrupción destapados en el caso Púnica, que ella ni vio, ni ordenó, ni vigiló lo que debía para impedir esos actos.

De todos los testimonios recabados en la causa y de la documentación requisada en los diversos registros judiciales no se puede sacar hasta ahora una prueba definitiva que implique a la expresidenta en los entramados corruptos que salpican al PP de Madrid, a la fundación Fundescam y al Gobierno regional. Su nombre no aparece en las declaraciones de quienes admiten las irregularidades, pero se las imputan a otros.

Aguirre era la jefa de los tres organismos donde anidó la corrupción pero, según cuenta, ni ordenó, ni supo, ni vigiló.