Los ataques del PP y Ciudadanos cuando la Abogacía del Estado descartó la rebelión

La sentencia del Tribunal Supremo conocida este lunes avala en gran parte la tesis de la Abogacía del Estado frente a la Fiscalía al condenar a los acusados del procés por sedición y malversación y descartar el delito de rebelión, por el que el ministerio público solicitaba hasta 25 años de prisión. Las condenas dictadas por el alto tribunal, que van de los 13 años de cárcel para Oriol Junqueras a los nueve años de prisión para los Jordis, están en línea con la petición de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que sin embargo fue objeto de feroces críticas por parte de los partidos de la oposición cuando hizo público su escrito en noviembre de 2018.

"Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya", dijo el líder del PP, Pablo Casado, tras conocer el contenido del escrito. También desde Ciudadanos, su presidente, Albert Rivera, pidió un adelanto electoral. "En 48 horas Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos: está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral. #EleccionesYa", dijo en sus redes sociales.

Las voces críticas de hace un año contrastan con las primeras declaraciones de los líderes políticos este lunes. El mismo Casado, uno de los primeros políticos en hablar tras conocerse el contenido de la sentencia, ha celebrado que las condenas den "un mensaje de tranquilidad a los catalanes y a los españoles en su conjunto: quien la hace la paga y quien amenaza el orden público tiene un reproche penal elevado". Rivera también ha celebrado que se haya "hecho justicia". "Hoy es un día para satisfacción de la justicia, del Estado de derecho. Hoy hemos ganado los buenos, los demócratas", ha dicho durante su comparecencia. Las penas finales son ligeramente superiores a las solicitadas por la Abogacía del Estado. Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern durante el procés, ha recibido la mayor condena por parte del alto tribunal, con una pena de 13 años. La Fiscalía pedía para él 25 años frente a la Abogacía del Estado que reclamaba 12 años de prisión. 

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La tormenta de críticas de los partidos de la oposición hace un año rebasó a los propios líderes. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo entonces en Twitter: "¿Van a seguir preguntándonos por qué acusamos al Gobierno de Sánchez de ser colaboradores necesarios de la ruta golpista del independentismo? El Gobierno y el PSOE claudican ante sus socios". La entonces presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, lanzó el siguiente mensaje: "Hoy de nuevo muchos catalanes constitucionalistas nos sentimos abandonados e indignados al comprobar que Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa por seguir en Moncloa. Entre ellas, intentar beneficiar a los que han roto la convivencia en Cataluña".

Pero el que se convirtió en protagonista de la polémica fue Edmundo Bal, abogado del Estado y posterior fichaje estrella de Ciudadanos para las elecciones del 28 de abril. Bal, que entonces era director del departamento penal de la Abogacía del Estado desde 2002, se negó a firmar el escrito de acusación del procés al defender que se mantuviese la línea de la rebelión, por lo que fue relevado por el Ministerio de Justicia.

En una entrevista con El Confidencial, Bal, muy crítico con su cese, aseguró que "en la acusación de la Abogacía del Estado no se dice toda la verdad" y, pese a que se solicitaban penas de hasta 12 años de cárcel, explicó que en el escrito daba la sensación de que lo ocurrido durante el 1-O había sido una "fiesta popular, muy alegre, con familias y que al final se fue de las manos y hubo algunos disturbios porque, claro, salió mucha gente a la calle y siempre hay algún elemento descontrolado".