El arquitecto municipal, ante el juez Yusty: “Es una obra de escasa complejidad”
El técnico, que firmó el informe de obra para la exhumación de Franco, insiste en que se trata de una operación "menor", según la grabación a la que ha tenido acceso EL PAÍS
La familia de Francisco Franco ha tratado de encontrar un resquicio legal que impida la exhumación del dictador o, al menos, su demora. Esa baza la hallaron en el juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Madrid, donde el magistrado José Yusty adoptó en febrero medidas cautelarísimas para suspender el informe de obra del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid). Sin escuchar a la Abogacía del Estado, el juez tomó esa decisión porque "existen dudas acerca de las condiciones de seguridad" en base a otro informe elaborado a instancia de la Fundación Francisco Franco. Pero el arquitecto técnico del Consistorio insistió ante Yusty, en una vista celebrada el pasado 20 de septiembre, que toda la operación es una "obra menor". Y le espetó al letrado del entorno del dictador: "Léase usted todo, no solo parcialmente lo que le interesa".
El arquitecto municipal, A. R. S., respondía así a los intentos del abogado de tratar de demostrar que el levantamiento de la losa de la tumba es una obra mayor. Algo que rechazan el Gobierno y el Tribunal Supremo. Y que negó también de forma tajante el técnico del Ayuntamiento: "Es una obra mínima y básica", afirmó el experto, según consta en la grabación de la vista, a la que ha tenido acceso EL PAÍS: "Es una obra de escasa complejidad", prosigue, antes de remachar: "No se requiere un informe de seguridad". Además, según otro informe de Patrimonio Nacional, su coste apenas supera los 3.700 euros.
Pese a ello, Yusty firmó hace más de medio año unas medidas cautelarísimas que frenaban la exhumación. "Se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso", argumentaba entonces el juez, que no ha tenido ninguna prisa en resolver esta causa. Como él mismo reconocía en la vista del 20 de septiembre, tal y como desveló EL PAÍS: "Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme, yo prisa no tengo"; "No sé quién tiene prisa en este pleito; yo, desde luego, no".
Esta actitud del titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo no afectará, sin embargo, a la salida de los restos del dictador, según fuentes jurídicas. En sus últimas resoluciones, el Supremo subraya que ningún órgano judicial distinto del alto tribunal puede decidir sobre las actuaciones del Consejo de Ministros ni sobre la ejecución de la sentencia que ya ha emitido. Y desde el Gobierno se insiste en que, en el momento en el que el Consejo de Ministros fija una fecha, Yusty no puede parar la operación.
"Hemos determinado disponer un espacio de tiempo, que va desde este viernes hasta el 25 de octubre, para proceder a tomar las decisiones técnicas y de seguridad que nos permitan la exhumación y la inhumación de Franco", ha asegurado este viernes la vicepresidenta Carmen Calvo. La integrante del Ejecutivo ha explicado también que se avisará con 48 horas de antelación a la familia del dictador, que en estos días aún trata de frenar la salida de los restos. Ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que, de forma cautelar, suspenda la iniciativa del Gobierno hasta que los magistrados se pronuncien sobre el fondo de la cuestión.
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