El barrio construido en medio del amianto

Los vecinos de Santa María de Benquerencia, un barrio de Toledo, llevan más de 20 años respirando fibras de amianto. Están hartos. Sus urbanizaciones, donde habitan 22.000 personas, conviven en medio de nueve parcelas —dos de ellas son de la Junta de Castilla-La Mancha— con restos del material cancerígeno, prohibido en España desde 2002. Los hogares más cercanos están a solo 300 metros del fibrocemento. La presión vecinal se ha incrementado en los últimos meses, coincidiendo con la pronta inauguración de un hospital público en la zona. “Estamos resignados”, sostienen.

Los vertidos comenzaron en la década de los noventa. La cementera Ibertubo, desaparecida en 2002, tiró irregularmente los desechos de su planta: todos ellos contaminados de amianto. Así lo cuenta Héctor Cano, mientras se acomoda su camiseta amarilla con la leyenda Mi barrio sin amianto, una plataforma vecinal creada en 2016. “Siempre reviso si sopla el viento para cerrar las ventanas de casa”, dice con una sonrisa nerviosa.

A Héctor lo acompañan tres de sus vecinos en el Centro Social El Mirador, donde suelen reunirse. Desde las mesas se puede ver a distancia una mancha blanca que rodea al arroyo Ramabujas. “Son solo 300 metros desde donde estamos”, dice Inmaculada Gómez. Frente a ella, su padre, Lisardo Gómez Torres, cruza los brazos y mueve la cabeza con un enfado evidente. Padece de asbestosis desde 1985. Una enfermedad pulmonar crónica que contrajo cuatro años después de dejar la fábrica de Ibertubo en 1981. “Es una situación que no le deseo a nadie, espero que esto no le suceda a nadie más”, reitera.

Los vertidos ascienden a unas 60.000 toneladas, según confirma el Gobierno regional encabezado por el socialista Emiliano García-Page. La retirada se inició en 2016 tras una exhortación de la Fiscalía de Medio Ambiente. Damián Villegas, integrante de la asociación de vecinos El Tajo, expresa su frustración: “Es increíble, pero de 2002 a 2016 nadie nos hacía caso, nos llamaban locos”, comenta.

La Junta castellano-manchega justifica su gestión y asegura que ha gastado más de tres millones de euros a retirar el material y reducir así su impacto. Y que está a la espera de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para extraer el amianto de las parcelas privadas. No hay una fecha fijada para eliminar el 100% del amianto: no está claro si concluirá antes de la inauguración del vecino Hospital Universitario de Toledo, cuyas obras han terminado ya. Ese centro hospitalario abrirá en breve: a principios de 2020.

En uno de los terrenos contaminados, que pertenece a la Consejería de Fomento, se encuentra una enorme carpa blanca que funciona como aislante y que fue colocada en enero de este año. Irónicamente, ese terreno es el único en el que los materiales no están expuestos al aire libre: “Antes de la carpa los niños paseaban en sus bicicletas o paseaban a sus perros”, declara Víctor Villén, de la organización vecinal El Tajo, desde un despacho que ha improvisado la asociación en un centro social.

Para los habitantes de Santa María de Benquerencia solo les queda esperar para poder respirar en un entorno sin fibras tóxicas. Son reacios con los intentos del Gobierno regional para tranquilizalos: “Vienen técnicos cada seis meses con medidores para saber si el aire es peligroso; dicen que estamos en niveles normales”. En esas revisiones, que se envían a un laboratorio de Estados Unidos, la Comunidad certifica que no hay niveles lo suficientemente altos como para representar un peligro. El problema es que esa medición está basada en la legislación laboral. Es decir, un entorno cerrado, como la fábrica de Ibertubo. “Es el colmo”, concluyen.