La justicia del amianto

A finales de la semana pasada condenaron a Metro de Madrid al pago de una indemnización de más de 370.000 euros a la familia de un trabajador fallecido a causa de asbestosis (enfermedad laboral asociada a la exposición al amianto). De esa indemnización, según reza la sentencia, casi 200.000 euros se destinan a restituir el daño moral y el perjuicio psicofísico del que Metro es responsable.

Durante los últimos meses, en la Asamblea de Madrid hemos trabajado en una Comisión de Investigación para esclarecer qué ha fallado durante tantos años —Metro sabía al menos desde 1991 que había amianto en su red, pero no lo comunicó a sus trabajadores hasta 2017—. Para intentar entender que no se hiciese mención a este asesino silencioso y tan solo se empezasen a tomar precauciones cuando el primer trabajador, por su cuenta y riesgo, acudió a la Seguridad Social a hacerse las pruebas pertinentes ante la permanente negligencia de la empresa pública, gestionada por la Comunidad de Madrid.

Según acreditó la Comisión de Investigación, con el voto en contra del Partido Popular, Metro de Madrid conocía fehacientemente la peligrosidad de este elemento desde principios de los años noventa. La empresa llegó a confeccionar en el año 2003 una relación de lugares y materiales que contenían amianto. Pero no fue hasta hace escasos meses, cuando se dignó a aplicar la legislación vigente en materia de protección de los trabajadores y trabajadoras con respecto a este mortífero material.

Aunque el amianto, asbesto o uralita —como se conoce en España por la empresa que lo comercializaba— está prohibido en España desde el final del año 2001, durante el siglo XX se importaron más de 2.600 millones de kilos de amianto (tres veces la capacidad del estadio Santiago Bernabeu lleno hasta arriba). Esos kilos siguen instalados o embutidos en casi 3.000 productos detectados. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, la vida útil del amianto es de entre 30 y 35 años, por lo que en pocos años, más del 80% del material importado habrá finalizado su vida útil y tendrá que ser retirado (por Ley) ya que su deterioro y degradación emite las invisibles y deletéreas fibras cancerígenas.

Según dictaminó la Organización Mundial de la Salud en 1977 —sí, hace casi 50 años—, no hay exposición segura a este material. Pero ya desde 1955 se conocía la relación entre exposición y enfermedades graves a pesar de lo cual, desde 1960 hasta su prohibición, se importó el 90% de todo el amianto consumido en España; es decir, cuando ya se conocían sus graves efectos para la salud. “Con conocimiento de causa”, dice la sentencia que condena a Metro con toda razón.

Las estadísticas con que contamos para conocer los casos de muerte por su causa son muy deficientes en todo el mundo. Por ello, los investigadores hemos optado por dar cifras serias, pero aproximadas. El trabajo del doctor López Abente y su equipo arrojan una media de 250 mesoteliomas (un tipo de cáncer asociado al amianto) por año en España. Asumiendo la extrapolación del estudio Global Burden Disease (2016), de la Universidad de Washington, estaríamos por encima de 1.900 fallecimientos anuales. Esta cifra supera en más de 65% las muertes en carretera en España ese mismo año.

El daño que ha causado el amianto ya no se puede revertir, y solo podemos acompañar a quienes sufren esta enfermedad y a sus familias. Lo que sí nos corresponde es asegurarnos que nunca más —sea por desconocimiento o por negligencia— tengamos que lamentar un muerto más por esta causa. Por ello, se hace imperativo una ley integral del amianto, que mejore la legislación existente. También, que se reconozca el fondo de indemnización a las víctimas del material, debatido en el Congreso, y que se prescriba un plan de desamiantado seguro para eliminarlo antes de 2032, como recomienda la UE, que también anima a repartir los costes del proceso entre las empresas y las administraciones.

Hemos de terminar con esta pesadilla que hasta ahora se había manifestado como una epidemia oculta e impune. Afortunadamente, las cosas están cambiando.

Paco Puche es autor de Amianto, una epidemia oculta e impune y colabora con la secretaría internacional por la prohibición del amianto (IBAS) y con las asociaciones de víctimas del material.

Alberto Oliver es diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid y ha sido portavoz en la comisión de investigación sobre amianto. También es candidato de Más Madrid.