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Condena a Metro a indemnizar con 400.000 euros a la familia de un trabajador fallecido por el amianto

El dictámen considera que la empresa pública, gestionada por la Comunidad de Madrid, que Metro conocía los efectos mortíferos del asbesto y que no hizo nada para proteger a su plantilla

El Juzgado de lo Social número 10 de Madrid ha condenado a Metro a indemnizar con más de 370.000 euros a la familia de Julián Martín, el trabajador de mantenimiento del suburbano que murió por un cáncer provocado por la exposición al amianto. Martín fue el primer caso con la enfermedad laboral (llamada asbestosis) reconocida. Martín fue el primer caso de enfermedad reconocida en la compañía por exposición a este material: actualmente hay cuatro trabajadores con la asbestosis reconocida, dos de ellos ya fallecidos. Además, esta semana ha muerto otro trabajador, compañero de estos dos últimos, que también había estado expuesto al tóxico material. “Hoy es un día muy importante porque hablamos del caso de otro compañero fallecido”, clamaba Juan Carlos de la Cruz, secretario de Comisiones Obreras en Metro el pasado 2 de abril, cuando se inició el juicio. Ese día, como muestra de solidaridad, los trabajadores convocaron una manifestación en las puertas del juzgado.

Aunque la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo reconocieron la enfermedad laboral a Martín y obligaron a Metro a realizar un recargo de prestaciones (un castigo por incumplimiento de la legislación laboral que obliga a abonar un extra de entre un 30% y un 50% sobre la indemnización reconocida al trabajador), la empresa pública recurrió. La empresa pública ha contratado al bufete Sagardoy, que asesoró al Gobierno del PP en la reforma laboral de 2012 y que diseñó el ERE de Cola-Cola. “Después de su terrible gestión del asunto, Metro no quiere reconocer la indemnización; la están retrasando”, remarcan desde CC OO.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que puede ser recurrida, condena a Metro “por actuación de mala fe”. Obliga a la compañía, gestionada por la Comunidad de Madrid, donde gobierna el Partido Popular desde 1995, a abonar un total de 371.733,65 euros. El dictamen incide en que la "alegación de que Metro desconocía los efectos de la inhalación de asbesto no exime la responsabilidad empresarial. Además, tal alegación queda desvirtuada conforme al dictamen que la Comisión de Investigación ha elevado a la Asamblea de Madrid”.

Las conclusiones de esa comisión, aprobadas por todos los grupos y con la oposición del PP, evidenciaban que Metro conocía la presencia en su red al menos desde 1991. En esa época ya se conocían los graves problemas que generaba el mortífero material, pero Metro ni protegió a sus trabajadores ni se lo comunicó hasta 2017, después de 26 años. “Queremos que se haga justicia porque lo único que hemos recibido por parte de la empresa —y de los políticos— son trabas”, remarcaban representantes de CC OO en una manifestación contra la manera en la que se ha gestionado la crisis del amianto.

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