Los independentistas detenidos planeaban colapsar las comunicaciones en Cataluña

Los autodenominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT), la organización a la que supuestamente pertenecían los siete independentistas catalanes encarcelados el jueves por delitos de terrorismo, pretendían colapsar las comunicaciones en Cataluña entre el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la sentencia del procés. Según fuentes policiales, el grupo planeaba colocar explosivos en puntos clave de la autopista de peaje AP-7 para obligar a los Mossos a cortar esta vía. También proyectaban inutilizar torres de telefonía.

Los ERT son una “estructura jerarquizada” que busca la independencia de Cataluña “por todas las vías, incluidas las violentas”, según la descripción del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Este grupo “con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización”, de acuerdo con el auto de prisión de los siete detenidos, ha surgido como una rama extrema de los Comités de Defensa de la República (CDR). Las escuchas telefónicas de la Operación Judas revelan que los detenidos se referían a sí mismos como miembros del grupo radical ERT.

Los investigadores de la Guardia Civil sitúan a dos de los siete detenidos —Xavier Duch y Jordi Ros— como los cabecillas del grupo de supuestos terroristas desmantelado el lunes. Cada uno de los miembros se encargaba de una tarea específica para la organización, según los investigadores. La causa sigue abierta bajo secreto de sumario.

A los arrestados se les intervino diverso material con el que se pueden elaborar explosivos: ácido sulfúrico, parafina, polvo de aluminio, decapante industrial y nitrato de amonio, así como termita, una composición pirotécnica. Fuentes cercanas al caso afirman que no se han encontrado explosivos ya preparados para ser utilizados y consideran que los detenidos, pese a sus intenciones de atentar, carecían de la preparación técnica para fabricar artefactos. En los registros, los agentes hallaron diversa documentación sobre la composición de compuestos explosivos como la goma 2 —un explosivo industrial— o el amonal, más fácil de sintetizar.

El objetivo más avanzado del grupo, según los investigadores, era la casa cuartel de Canovelles, un municipio barcelonés de 16.000 habitantes, en la comarca del Vallès Oriental. En esta instalación pretendían colocar un artefacto explosivo, según los agentes. Entre la documentación intervenida por la Guardia Civil en los móviles de los arrestados había fotografías de comisarías de los Mossos d’Esquadra. Fuentes de la investigación señalaron que los detenidos guardaban también imágenes de comisarías de la Policía Nacional en Cataluña.

En el auto de prisión de los siete activistas de los ERT, el juez García-Castellón hacía referencia a una “maniobra” en la “máxima clandestinidad” el 15 de septiembre de 2018. En esa fecha, varios miembros del grupo se encontraron y hablaron con el exmiembro de la extinta organización terrorista Terra Lliure Fredi Bentanachs en una “acampada por la libertad” celebrada en Barcelona, según la investigación.

Las pesquisas de la Guardia Civil sobre este supuesto grupo terrorista se iniciaron hace más de un año. Ya en abril de 2018 la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que iba a investigar las acciones de sabotaje de los CDR como un posible delito de rebelión al entender que los grupos callejeros de apoyo a la secesión de Cataluña suponían un “peligro” para el orden constitucional.

Bajo el radar

Esa investigación, que ha permanecido por debajo del radar, se inició después de que los CDR realizaran cortes en carreteras y ferrocarriles catalanes tras la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde el 27 de octubre de 2017, cuando el Parlament proclamó la independencia de Cataluña y llevó al Gobierno central a intervenir la autonomía por el artículo 155 de la Constitución. Los CDR se encuentran detrás de los cortes de carreteras y sabotajes a peajes de autopistas, las amenazas al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena o el acoso a partidos y organizaciones contrarios a la secesión, y han sido repetidamente animados y jaleados por el presidente catalán Quim Torra.

El pasado febrero, el Ministerio del Interior hacía público el documento que fijaba la Estrategia Nacional contra el Terrorismo. Centrado sobre todo en el yihadismo, también ponía el foco en lo que denominaba “extremismos identitarios excluyentes”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska alertaba de que estos movimientos “pueden derivar en violencia y verse incrementados en un entorno de crisis económica” hasta constituirse en “una de las notas preocupantes en la actualidad”. Por ello, el texto incidía en que “el auge de extremismos y de posiciones excluyentes que se vienen generando en gran parte de los países desarrollados, en Europa especialmente, están dando origen a dinámicas violentas y filoterroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad a las que hay que prestar atención”.