El fracaso de la legislatura trunca los propósitos territoriales del PSOE en el Senado

El Senado cierra este martes una breve legislatura en la que el PSOE arrebató la hegemonía al PP y se dejó en el tintero propósitos de la nueva mayoría para convertir la Cámara alta en el escenario de los debates territoriales de España. Desde mayo, cuando se constituyó, la institución ha generado más polémicas que actividad, llegando a celebrar un solo pleno en el que la financiación autonómica y el debate catalán sacudieron el hemiciclo presagiando una prolífica legislatura que ha sido cercenada por la falta de acuerdo de los partidos.

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Después de 30 años, el pasado 28 de abril el PSOE había recuperado la mayoría absoluta del Senado, con 139 escaños (123 electos y 16 designados) de los 266 que conforman la Cámara. Con estos resultados, los socialistas querían llevar a cabo una estrategia para convertir la institución en el que fue su objetivo fundacional y nunca se materializó: una Cámara territorial de debate y armonización autonómica. El primer problema que surgió fue que el candidato para dirigirla, el líder del PSC, Miquel Iceta, no pudo ser elegido como senador de designación territorial en sustitución de José Montilla por el veto del independentismo, que impidió su designación por 25 votos a favor, 65 en contra y 39 abstenciones.

La alternativa fue impulsar al también socialista catalán Manuel Cruz a la presidencia del Senado. Era importante para el PSOE que un catalán con un perfecto conocimiento de los factores y los actores de la crisis de Cataluña, tomara las riendas del Senado para atraer el debate a la plaza de la Marina Española. Cruz hilvanó intenciones en su discurso de toma de posesión del cargo y explicitó lo que quería: “Una Cámara centrada en el diálogo de las distintas Administraciones del país y en la atención y el impulso de la cohesión territorial de España, capaz de incidir en el funcionamiento de un Estado altamente descentralizado como el nuestro”.

El presidente advirtió que no iba a esperar a que llegaran las reformas de la Constitución para “hacer del Senado una auténtica Cámara territorial influyente”. Lo consideraba “una cuestión esencial e insoslayable para debatir y construir el futuro inmediato de España y de sus nacionalidades y regiones”. El Senado, sobre esas guías, debía centrar sus esfuerzos en buscar soluciones al reto demográfico, a la despoblación, reunir la Conferencia de Presidentes y ser el marco en la que se debatiera y diseñara “un nuevo sistema de financiación autonómica y local que garantice la prestación de unos servicios públicos dignos”. Se trataba, según el Cruz, de “convertir el Senado en parte de la solución a los desafíos que enfrenta nuestro modelo territorial”.

La Cámara alta, tras una etapa en la que había sido un foro de aclamación de los Gobiernos del PP y, en última instancia, una trinchera de los populares contra el Gobierno socialista surgido de la moción de censura contra Mariano Rajoy, apuntaba un nuevo rumbo y un sentido mucho más allá de la función punitiva del artículo 155 que reclaman con insistencia el PP y Ciudadanos. Ahora, con la legislatura estrellada, todo queda donde estaba.

Como en 2016, la disolución de las Cortes por parte del Rey llega cinco meses después de la constitución del Senado, sin embargo, la de 2019, atravesada por las vacaciones de verano, ha sido la legislatura más improductiva del Senado. Frente a los cuatro plenos celebrados en 2016, la Cámara alta solo ha llevado a cabo uno, el del pasado 10 de septiembre. Con todo, en esa sesión de control al Gobierno se abordaron asuntos cruciales: el problema de asfixia financiera que atraviesan las autonomías y el estado de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña respecto al conflicto territorial que ha marcado el pulso de la política española en los últimos años. El debate empezaba a encauzarse en el marco apropiado cuando descarriló la legislatura.

Pero en este breve período, la institución ha generado, sobre todo, más ecos al margen que por la actividad de la institución. Tras la polémica por el boicot independentista a la designación de Iceta, que fue llevado por los socialistas al Tribunal Constitucional, acaparó el foco el dirigente de ERC Raül Romeva, que cumple prisión preventiva por su implicación en el procés. Romeva, que acudió al Senado custodiado por la policía a tomar posesión del cargo prometiendo por “la república catalana”, estaba pendiente de que el Senado abordara la suspensión de sus funciones por su condición de preso, después de que el Tribunal Supremo remitiera un oficio a la Cámara. Una semana después, la Mesa del Senado suspendió sus derechos y deberes como senador en medio de las protestas de su grupo.

El fracaso de Javier Maroto en las listas del PP al Congreso de los Diputados por Álava abrió otro curioso episodio en el Senado de hondas resonancias. El vicesecretario general del PP, siendo vasco, se empadronó en Sotosalbos (Segovia), donde alquiló una casa con ese fin, para que su partido lo designara senador autonómico por Castilla y León en sustitución de Ignacio Cosidó, salpicado por el caso Kitchen.

La convocatoria de nuevas elecciones reabre la puerta al PSOE para situar a Iceta en las listas al Senado, evitanto posibles futuros vetos, y, si los resultados acompañan, tratar de retomar sus propósitos territoriales en la próxima legislatura como los concibió para esta.