El PP convierte el Senado en trinchera contra el Gobierno

El PP ha vuelto la vista hacia el Senado tras ser desalojado de La Moncloa y constatar su insuficiente mayoría parlamentaria en el Congreso. Ahora el Senado se ha convertido no solo en el dique de contención del Gobierno de Pedro Sánchez sino también en una importante fuerza de asalto para los populares. La mayoría absoluta en la Cámara alta ofrece al PP un propicio campo de batalla en el que amplificar su capacidad como oposición, bloquear o frenar iniciativas del Congreso, someter a un control implacable al Gobierno, reprobar ministros (como ha hecho con Dolores Delgado) y forzar comparecencias del presidente.

El PP está dispuesto a sacar todo el rendimiento del Senado para someter a Sánchez a la máxima erosión en sus momentos de desaliento y anticipar la convocatoria de elecciones. Con ese fin acaba de pedir la comparecencia del presidente para que dé cuenta de las supuestas sospechas de plagio de su tesis doctoral, una iniciativa desechada por el Congreso y que se añade, entre otras, a un pleno extraordinario para que Sánchez explique la crisis de la llegada de migrantes a las costas.

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La incorporación de Ignacio Cosidó como portavoz del Grupo Popular en el Senado, tras el congreso del PP, ha supuesto un replanteamiento respecto a las prestaciones que ofrece en el nuevo escenario político esta institución considerada de segunda lectura. Cosidó, con un perfil más afilado que su predecesor, José Manuel Barreiro, se encerró hace unos días con sus senadores en un convento de Palencia para preparar una estrategia acorde con la posición de fuerza de sus 147 escaños que contribuya a paliar la pérdida de hegemonía del partido tras el desalojo de Mariano Rajoy del Gobierno. Y sobre todo, para desgastar al Gobierno en sus flancos más vulnerables.

Cosidó ha trazado una línea de ataque cuyo eje es “garantizar la unidad de España” a partir del artículo 155 de la Constitución. La aprobación de este precepto, siempre a requerimiento del Gobierno, corresponde al Senado y por la mayoría absoluta de que el PP dispone. El conflicto catalán ha amplificado la importancia de la Cámara alta por tener en sus manos la intervención de la Generalitat. Cosidó dispone del botón rojo, considera que “las causas que motivaron la intervención siguen vigentes” y urge al Gobierno de forma insistente para volver a aplicar de nuevo la medida. Con ello, rechaza la utilidad de la vía de diálogo abierta por el Gobierno con la Generalitat y sacude el frágil equilibrio con sus socios de moción de censura catalanes.

La cuestión catalana, por ser uno de los puntos más delicados de Sánchez, ocupará buena parte del trabajo del grupo de Cosidó. Y para intensificar la artillería sobre el Gobierno, el PP ha solicitado en la Junta de Portavoces del Senado, un órgano que controla, aumentar el número de preguntas que le corresponde plantear a los ministros en las sesiones de control. El Grupo Popular del Senado ya no es el del partido del Gobierno sino el del principal partido de la oposición. Considera que debe aumentar el cupo de siete preguntas de que ahora dispone, las mismas que tiene el PSOE, que ha sido el principal partido de la oposición hasta junio, con 61 senadores. El PP, como oposición, reclama un incremento proporcional a sus 147 escaños.

Además, ha ampliado el plan de trabajo de la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos, considerada por la mayoría de grupos, que no participan en ella, como una réplica de la que investiga la financiación del PP en el Congreso. Los populares, que ya han perturbado a los socialistas durante un año con un supuesto caso de financiación irregular surgido en Valencia, van a solicitar las comparecencias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la presunta implicación de varios de sus ministerios. Esta misma comisión, por la que ya han pasado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, también llamará al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

La comisión, asimismo, tiene bajo la lupa el caso de los ERE de Andalucía, para el que llegó a registrar las comparecencias de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los populares quieren subir la temperatura al máximo contra el Gobierno. Y contra los partidos que lo sostienen. Ese órgano, que durante el primer año ha gastado 5.736 euros, va a meter la garra también en Cataluña. El expresidente catalán Artur Mas será requerido por la financiación de su formación en calidad de máximo responsable de Convergència Democràtica de Catalunya (entre 2012 y 2016) y del PDeCAT (desde 2016 a 2018).

Con los ojos en la actual coyuntura, pero sin perder de vista un futuro en el que la institución fuera la trinchera para el PP, Cosidó quiere impulsar una resignificación del Senado que lo convierta en una Cámara de primera lectura para las leyes que atañan a las competencias autonómicas, lo que aumentaría la posibilidad de intervención de los populares. Pero manteniendo la última palabra en asuntos cruciales como la capacidad de veto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy y que el de Sánchez trata de sortear en un pulso sin precedentes entre La Moncloa y el Senado.