Un juez belga reabre la investigación sobre el seguimiento a Puigdemont

La investigación sobre la colocación de un dispositivo de geolocalización en un coche utilizado por Carles Puigdemont en Bélgica volverá a ser reactivada. La Fiscalía del Brabante Valón, territorio al que pertenece Waterloo, archivó el caso el pasado marzo por estimar que no era posible llegar a una conclusión y considerar contraproducente dedicar más medios a las pesquisas. Este jueves, los abogados de Puigdemont, Simon Bekaert y Gonzalo Boye, han anunciado que el tribunal de Apelaciones de Bruselas ha aceptado su recurso contra el cierre del caso y han ordenado continuar con las indagaciones, una decisión que han confirmado a este diario fuentes judiciales.

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Las autoridades belgas deberán determinar si ha existido un delito de violación de la privacidad. Hace un año y medio, colaboradores del expresidente presentaron una denuncia tras hallar un artefacto situado en los bajos del vehículo. Ahora buscan averiguar quién lo colocó. Las primeras pistas tratarán de recabarlas a través de las empresas que vendieron las balizas y sus componentes e identificando a los usuarios de una serie de teléfonos.

La defensa de Puigdemont acusa a los servicios secretos españoles de estar detrás de la instalación del geolocalizador, aunque no han hecho pública ninguna prueba que lo avale. Este jueves celebraron la decisión de la justicia belga de retomar el caso. "Hemos ganado la apelación contra el cierre de la investigación sobre los dispositivos de rastreo ilegales en el automóvil del presidente en territorio belga", anunció en redes sociales el letrado Simon Bekaert.

El asunto generó cierto revuelo el año pasado en Bélgica ante la posibilidad de una eventual intromisión de fuerzas de seguridad españolas. El Parlamento belga incluso ordenó la apertura de una investigación paralela a la de la justicia a instancias de un diputado de la N-VA, la formación nacionalista flamenca afín a Puigdemont. 

Recurso ante el Tribunal Justicia UE

Las batallas judiciales de Puigdemont van más allá de Bélgica. Este miércoles el expresidente y el exconsejero Toni Comín recurrieron ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, la decisión del Tribunal General —una instancia inferior— de rechazar la aplicación de medidas cautelares que le permitieran tomar posesión de su escaño en el Parlamento Europeo mientras se resuelve su contencioso. Los jueces dictaminaron que al no figurar sus nombres en la lista oficialmente remitida por la Junta Electoral Central, no podía considerárseles como oficialmente electos.

La apelación ya había sido anunciada por su abogado, Gonzalo Boye, poco después del fallo desfavorable. La tesis de los independentistas es que los nombres de ambos aparecieron en los resultados publicados en el BOE el 14 de junio. Además, rechazan que debieran acudir presencialmente ante la Junta Electoral Central para jurar o prometer acatamiento a la Constitución, como exigió la JEC.