¿Volverá Puigdemont a España a recoger el acta de eurodiputado?

La elección de Carles Puigdemont como miembro del Parlamento Europeo augura una dura batalla política y jurídica, tanto en España como en Bruselas, antes de que pueda sentarse en el escaño. El expresidente catalán —como el número dos de su lista, Toni Comín, también elegido— se enfrenta a varias trabas, entre las que destaca la obligación, según la Junta Electoral Central, de acudir en persona al Congreso de los Diputados en Madrid para recoger el acta de eurodiputado. Sin embargo, el político gerundense, huido en Waterloo desde hace un año y siete meses, se muestra seguro de repetir las victorias judiciales de Alemania y Bélgica, esta vez para entrar en la Eurocámara. "Tenemos la hoja de ruta lista", apuntaba enigmático este domingo sin querer aportar más detalles.

Su abogado, Gonzalo Boye, comparte esa actitud, misteriosa y retadora, y guarda con celo la estrategia que pondrá en marcha en los próximos días. En declaraciones por vía telefónica a EL PAÍS asegura que tiene clara una cosa: Puigdemont se sentará en la Eurocámara en la sesión inaugural del 2 de julio en Estrasburgo. La travesía hasta el cargo se antoja complicada, y junto a la supuesta necesidad de acudir a Madrid para recoger su acta y acatar la Constitución, afronta el obstáculo de que, según un documento extraoficial del Parlamento Europeo, no contará con inmunidad hasta tomar posesión en la sesión inaugural del 2 de julio.

El tiempo del que, presumiblemente, se convertirá en el enésimo choque de Puigdemont con el Estado ya ha empezado a correr. La Junta Electoral Central dispone, desde este lunes, de 20 días para recontar los votos, atribuir los escaños y proclamar a los candidatos electos. En 2014, la JEC tardó 17 días en realizar esa tarea, con lo que, de repetirse los tiempos, el 12 de junio se haría pública la lista de proclamados, entre los que estará el cabeza de lista de Junts per Catalunya.

Ahí empiezan los problemas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) dice en su artículo 224.2 que los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral en el plazo de cinco días desde su proclamación. Y señala que se declararán vacantes los escaños de los políticos que no lo hagan, los cuales quedarán además suspendidos de los privilegios del cargo hasta que acepten la Ley Fundamental. "No cabe otra posibilidad que la indicada por la Loreg", señalan a este diario fuentes de la Junta Electoral Central.

Hace cinco años, los 54 eurodiputados españoles electos fueron citados conjuntamente en la sala Constitucional del Congreso dos días después de la proclamación de candidatos. Y en un acto presidido por los miembros de la JEC, fueron llamados uno a uno para realizar el juramento o la promesa y recoger a renglón seguido sus credenciales.

El abogado de Puigdemont defiende que convertir en obligatoria la formalidad de acatar la Constitución "es contrario a las normas de la UE". En la mayoría de países de la UE el trámite no existe o no es indispensable, pero fuentes de la Junta Electoral replican que si bien no es necesario recoger el acta en persona, el acatamiento de la Constitución es indelegable, y como marca la ley electoral española, debe hacerse presencialmente ante dicho organismo.

La otra batalla en ciernes gira en torno a la inmunidad de que gozan los miembros del Parlamento Europeo, a quienes no se puede imponer "ninguna restricción de orden administrativo o de otro tipo a la libertad de movimiento (…) cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste”, según el Protololo de privilegios e inmunidades de la UE. El mismo texto establece que los eurodiputados gozarán en su país de la misma inmunidad que los diputados nacionales y cuando se encuentren en otro Estado, como en el caso de Puigdemont, tendrán "inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial”.

Aunque la organización de las elecciones europeas corresponde a cada uno de los Veintiocho socios de la UE y se basa en sus leyes nacionales, el Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre el asunto. En un escrito de cuatro páginas publicado a mediados del mes pasado, sus servicios jurídicos estimaron obligatorio que los cargos electos juren o prometan la Constitución, en este caso en Madrid. Y apuntaron que los nuevos eurodiputados no gozarán de inmunidad hasta el 2 de julio, cuando se constituye la nueva Eurocámara en Estrasburgo. Además, el documento extraoficial añade que si Puigdemont fuera arrestado cuando se disponga a recoger el acta, correspondería a las autoridades españolas autorizar o no que pudiera cumplir los trámites.

La defensa de Puigdemont está convencida, en cambio, de que el expresidente tendrá inmunidad desde el momento en que sea proclamado cargo electo. Y niega cualquier validez al escrito de la Eurocámara, que atribuye a una maniobra de su presidente, el italiano Antonio Tajani, miembro del Partido Popular europeo y beligerante con el independentismo catalán.

Las normas dejan cierto margen de interpretación sobre el momento en que entra en vigor la inmunidad. Por tanto, se abren varios escenarios: el más arriesgado e improbable sería que Puigdemont acuda a recoger su acta en Madrid y si es detenido batalle legalmente para quedar libre gracias a su supuesta inmunidad. El más conservador, que trate de obtener la credencial sin moverse de Bélgica y recurra a la Corte de Luxemburgo si España torpedea su propósito.

¿Volver a Cataluña?

Si finalmente Puigdemont logra hacerse con el acta, podría viajar a España protegido legalmente, como ha anunciado que hará, y empezar su trabajo de eurodiputado con normalidad, pero el Tribunal Supremo tendría aún la opción de solicitar que se le retirase la inmunidad. Esa nueva refriega conllevaría el incómodo peaje de que el proceso atraiga otra vez los focos internacionales, justo lo que pretende el entorno independentista, que en los últimos tiempos ha visto decaer la estrategia de internacionalización. Si el Supremo interviene, Puigdemont tendría derecho a ser oído por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, que elaboraría un informe recomendando a los eurodiputados que mantengan o suspendan la inmunidad, y finalmente sería una votación en el hemiciclo la que decidiría si se le despoja de protección para ser juzgado. Entre los precedentes, en 1991 la Eurocámara levantó la inmunidad al entonces parlamentario José María Ruiz-Mateos tras una petición realizada un año antes por el Supremo.

La solicitud entraña riesgos. Cuando se pide el fin de la inmunidad por varios cargos, como probablemente sería en el caso de Puigdemont, el Parlamento puede concederla para algunos y denegarla para otros, lo que podría provocar una repetición de lo ocurrido con la fallida orden europea de detención tramitada en Alemania contra el expresidente.

En la amplia sucesión de hipótesis que abre la elección de Puigdemont, España podría encontrarse con un escenario aún más explosivo políticamente. Cualquier eurodiputado puede pedir amparo al Parlamento Europeo si considera que se están violando sus privilegios e inmunidad. En ese caso, se inicia un procedimiento como el del suplicatorio para levantar la inmunidad, pero con el Estado en cuestión como parte “acusada”.