El Tribunal de Cuentas investiga si hubo malversación en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos

La causa penal sobre la presunta malversación en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que dirigía el cerebro del caso máster, Enrique Álvarez Conde, se ha archivado tras la muerte del catedrático, pero el juzgado ha remitido al Tribunal de Cuentas los datos sobre los gastos y contratos presuntamente irregulares. Según fuentes conocedoras de las pesquisas, este organismo ya está investigando para identificar quién permitió que se derrochara dinero público.

Con el fallecimiento del que fuera director del máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, en abril pasado, se extinguió la responsabilidad penal —era el único imputado en la causa por malversación del juzgado de Instrucción 34 de Madrid—, pero el Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares hace unas semanas y ya ha pasado el caso a instrucción, donde se investigan los gastos personales, los pagos a familiares y las contrataciones irregulares que hizo el Instituto de Derecho Público (IDP).

Según fuentes conocedoras de la investigación, el delegado instructor está recopilando información tanto sobre los contratos que suscribió el IDP con decenas de academias y centros de formación —que a cambio de pagar un canon podían usar el nombre de la universidad pública para emitir titulaciones— como sobre la contabilidad del instituto y los gastos personales que presuntamente hizo el fallecido Álvarez Conde con las tarjetas de crédito del instituto.

La instrucción trata de determinar si hay responsabilidad contable, la cuantía del dinero público gastado irregularmente y quién o quiénes pueden considerarse responsables de esa gestión. El IDP funcionaba con “una absoluta falta de supervisión”, según admitió la universidad cuando llevó a la Fiscalía la contabilidad del departamento de Álvarez Conde. Cuando saltó el escándalo del máster, que acabó con la carrera política de la presidenta madrileña y de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el actual rector, Javier Ramos, destituyó al catedrático y puso al profesor Pablo Costa al frente del centro. Este descubrió que no había contabilidad ni presupuestos y que Álvarez Conde había funcionado de forma completamente autónoma durante años.

La denuncia de la URJC, a la que tuvo acceso EL PAÍS, y que forma parte de la documentación que examina el Tribunal de Cuentas, recoge que el instituto contaba con un CIF propio a efectos fiscales y de varias cuentas en bancos que no estaba fiscalizadas por la Intervención. “Un ente sin personalidad jurídica propia contaba con el alta en Hacienda y Seguridad Social”, señala la denuncia. En todas las cuentas figuraba como único titular Enrique Álvarez Conde. El domicilio a efectos de notificaciones que tenía uno de los bancos no era la sede del instituto, sino el propio domicilio del catedrático.

La responsabilidad contable puede ser directa o subsidiaria, explican fuentes del Tribunal de Cuentas. El organismo podría exigir la devolución a los gestores del patrimonio dañado, a quien haya permitido la comisión del supuesto alcance (equivalente a la malversación), e incluso a quien pudo evitarlo y no lo hizo. El instructor determinará, por ejemplo, qué controles había en la universidad y por qué no se le aplicaron al instituto las normativas de carácter presupuestario o contable. Eso sí, no sería la universidad la que respondería, sino una persona física, es decir, alguien con nombre y apellidos. La responsabilidad contable también se puede transmitir mortis causa, es decir, los familiares del catedrático podrían heredarla y, si así se determina, tendrían que reintegrar el dinero malgastado.

El Instituto de Derecho Público se creó en 2005, bajo el mandato del rector Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional, que lideró la universidad entre 2002 y 2013. Se le dio total libertad a Álvarez Conde, que no rendía cuentas a nadie. La situación la heredó Fernando Suárez Bilbao, un historiador del derecho que dimitió en febrero de 2017 acusado de varios plagios. Le sucedió el actual rector, Javier Ramos, que denunció la gestión del instituto en mayo de 2018.

La denuncia que presentó la universidad en el juzgado recoge que la hija de Álvarez Conde, A. Á. C., percibió de las cuentas del instituto 10.000 euros en 2016 y 10.342 euros en 2017, sin que se pudiera encontrar qué tipo de colaboración prestó a la institución. Algo parecido sucedía con su pareja, J. M-J. C., que en 2016 percibió 8.832,40 euros y en 2017, 8.000 euros. El profesor encargado de examinar las finanzas del instituto no encontró qué trabajo o servicio había prestado. Tampoco supo por qué A. M-J. C., hermano de la pareja de la hija de Álvarez Conde, cobró 9.850 euros anuales en 2017. Además, el IDP tenía cuando fue intervenido a tres administrativas con contrato laboral sin permiso de la universidad, sin convocatoria pública y sin justificación de la cuantía de los salarios.

A falta de una contabilidad, el análisis de los extractos bancarios mostró numerosos apuntes de gastos con tarjetas de crédito. Gastos “personales”, precisa la denuncia. EL PAÍS tuvo acceso a esa relación, que se encuentra en el sumario, y encontró compras en comercios, restaurantes y tiendas. Algunos llamaron especialmente la atención a la universidad, como las de la pescadería Hermanos Abad y la carnicería Alberto, dos negocios del madrileño barrio de Arapiles en el que residía el catedrático. Se hicieron en la Nochebuena de 2016, como ya contó este diario.

Muchos de los gastos se hicieron en periodo no lectivo. Los dispendios, dice la denuncia, “no obedecen indiciariamente a ningún gasto relacionado con el ejercicio de la docencia”. Tampoco estaban “debidamente contabilizados y presupuestados con la autorización del Consejo de Gobierno de la URJC”, señala la denuncia.