Muere Enrique Álvarez Conde, el “urdidor” del ‘caso máster’ que tumbó a Cifuentes

El epicentro del caso máster tenía nombre y apellidos: Enrique Álvarez Conde, que ha muerto a los 67 años en Madrid, según han informado este lunes fuentes cercanas al fallecido. Este profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), prestigioso catedrático de Derecho Constitucional, padecía cáncer y permanecía ingresado desde hace días.

Señalado por la juez como el "urdidor" de la trama, Álvarez Conde irrumpió en la primera línea de la escena pública el 21 de marzo de 2018, cuando estalló el escándalo. Fue una de las tres personas que salió a dar una rueda de prensa para defender a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que calificó como una "alumna de referencia". Entonces, él no estaba bajo sospecha. Pero la jefa del Gobierno regional había obtenido el título en el Instituto de Derecho Público (IDP), un organismo creado en el seno de la URJC y que él dirigía. Así que el cerco se estrechó rápidamente.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que instruyó el caso, otorgó a Álvarez Conde un papel fundamental en la red de intereses tejida alrededor del Instituto de Derecho Público, al que situó en el epicentro del entramado. Al elevar la causa al Tribunal Supremo para investigar a Pablo Casado, la magistrada consideró "acreditado" que el máster se usaba "como regalo o prebenda" a alumnos "con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático.

Cargo de confianza del PP en los años noventa, Álvarez Conde gozaba del respeto intelectual de la comunidad universitaria, contaba con seis sexenios de antigüedad en investigación (el máximo legal) y era el autor de un manual de Derecho Constitucional que han seguido durante años miles de estudiantes.

Su última aparición pública se produjo el pasado 15 de febrero en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, cuando rompió con meses de silencio. Reivindicó su inocencia y denunció que había sufrido "fuertes presiones" de la Comunidad cuando estalló el escándalo. La Fiscalía pedía para él una pena de tres años y nueve meses de cárcel como autor indirecto de un delito de falsedad documental, ya que supuestamente participó en la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes. También estaba imputado por malversar las cuentas del IDP.