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La Audiencia Nacional reafirma su competencia para juzgar a Trapero

El órgano judicial rechaza trasladar la causa a los tribunales catalanes

J. J. Gálvez
Declaración de Josep Lluís Trapero, jefe de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, y su abogada, Olga Tubau, en el Tribunal Supremo el pasado marzo.
Declaración de Josep Lluís Trapero, jefe de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, y su abogada, Olga Tubau, en el Tribunal Supremo el pasado marzo.EFE
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La Audiencia Nacional se reafirma: tiene competencias para juzgar al mayor Josep Lluís Trapero y a otros tres miembros de la antigua cúpula de los Mossos por el referéndum ilegal del 1 de octubre y los incidentes ocurridos en septiembre de 2017 junto a la Conselleria de Economía. La Sala de Apelación ha rechazado este martes el recurso de dos de los imputados, que pedían el traslado de la causa a los tribunales de Cataluña, y confirma que este órgano judicial puede juzgar a los cuatro acusados de un delito de rebelión y otro de sedición.

"Podríamos ser tan breves, que bastaría con la simple remisión a los muy acertados y fundados argumentos expuestos con enorme profusión en la resolución que se recurre", han sentenciado en su argumentación los tres magistrados -José Ramón Navarro, Eloy Velasco y Enriqur López- que firman la sentencia.

Esta decisión, contra la que no cabe recurso, confirma las intenciones de la Audiencia Nacional de continuar con este proceso que se ha desarrollado de forma paralela al instruido en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. En este caso, la Fiscalía acusa a los entonces mandos policiales y políticos de los Mossos de "dar cobertura efectiva" a los líderes del procés para "imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían" y "apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y la Generalitat".

El Ministerio Público atribuye a Trapero; a Pere Soler, exsecretario general de Interior; y a César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn; un delito de rebelión y pide para cada uno de ellos una pena de 11 años de prisión. Por su parte, acusa Teresa Laplana, intendente de la policía autonómica, de sedición y reclama una condena de cuatro años de cárcel para ella.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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