La defensa de Junqueras, Romeva y Forn admite que cometieron desobediencia, pero niega la rebelión
El abogado del exvicepresidente de la Generalitat denuncia deficiencias en las pruebas de las acusaciones
Tras 51 sesiones, 422 testigos y muchas horas de pruebas periciales y documentales, en el juicio del procés parecía estar todo dicho. Pero los informes definitivos de las acusaciones y las defensas han brindado un asalto final menos previsible de lo esperado. Los fiscales exprimieron la semana pasada las cuatro horas que le dio el tribunal para apuntalar el delito de rebelión y este martes le tocó el turno a los abogados de los principales acusados. Las defensas dejaron atrás los discursos ideológicos a los que se aferraban al inicio de la causa y pusieron sobre la mesa sus contraargumentos jurídicos. Solo hicieron una concesión, con coste casi nulo para los procesados: asumir el delito de desobediencia de forma explícita, un delito que no conlleva penas de cárcel.
Los abogados de los líderes independentistas han tenido una semana para estudiar los informes de las acusaciones y la han aprovechado. Algunos admitían este martes que tenían el escrito de conclusiones prácticamente escrito desde hace días, pero ese documento previo acabó en la papelera el martes pasado, tras escuchar las cuatro horas de informe de la Fiscalía. Un informe que acusó a los líderes independentistas de cometer “una rebelión diferente” (sin violencia armada) y que elevó el procés a de “golpe de Estado”.
Las defensas que, salvo alguna excepción, arrancaron el juicio alegando argumentos más políticos que jurídicos, creyeron encontrar en el informe de la Fiscalía varias lagunas, acusaciones que consideran no probadas y que les abren rendijas con las que no contaban para cuestionar la acusación.
Los cuatro meses del juicio han servido para que los líderes independentistas, como mal menor, admitan sin reparos que incurrieron en uno o varios delitos de desobediencia al incumplir reiteradamente resoluciones del Tribunal Constitucional. “Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión”, afirmó Andreu Van den Eynde, que defiende al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva. Más explícito fue Javier Melero, el abogado del exconsejero del Interior Joaquim Forn. “La trinchera de la desobediencia la cedo con gusto. Si la desobediencia puede derivarse de participar en un Gobierno en el que se dice que si hace falta se desobedecerán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra eso no puedo hacer nada”.
Ya en las intervenciones iniciales del juicio, muchos de los discursos de los propios acusados llevaban implícitos la asunción del delito de desobediencia. Pero ayer esa asunción velada se hizo explícita como estrategia común de defensa. Es una concesión que tiene escaso coste para los procesados porque este es el único de los delitos que se les atribuye que no acarrea penas de cárcel, solo de inhabilitación. Y, a cambio, deja rédito político: en el discurso independentista, la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional encaminadas a frenar el referéndum no solo se asume, sino que se reivindica.
Hecha esta concesión, los abogados de Junqueras y Romeva (Andreu Van den Eynde), de Forn (Javier Melero), del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull (Jordi Pina) intentaron desmontar el escrito de la Fiscalía. Sus discursos resultaron complementarios para tocar lo que las defensas consideran los puntos débiles de la acusación, sobre todo los relativos a los delitos de rebelión .
Los letrados sostienen que la rebelión exige una violencia “idónea” capaz de hacer claudicar al Estado y eso, aseguran, ni ocurrió ni estuvo cerca de ocurrir. En este punto, los abogados se basan en la propia reacción del Gobierno central, que no decretó el Estado de sitio. Van den Eynde sostuvo que la Fiscalía no tiene una sola prueba que vincule a Junqueras y a Romeva con los actos de violencia en los que puede sustentarse la rebelión, mientras que el abogado de Forn intentó hacer ver que ni la Generalitat se creyó la declaración de independencia del 27 de octubre.
“No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático. Soy consciente de que a alguien puede molestarle esta versión de los hechos. Pero esto es lo que ocurrió” afirmó Melero, un penalista muy alejado de las tesis independentistas y que ayer usó las contradicciones del secesionismo en su propio beneficio y, por extensión, en el del resto de acusados: “Sé que molesta en determinados círculos, pero el 155 fue acatado de inmediato, funcionó perfectamente. Todo el mundo se adaptó”.
El abogado Pina centró su defensa en cuestionar los pilares de la acusación. Rechazó que los líderes independentistas hayan incurrido en rebelión porque, aseguró, no se le puede atribuir a ellos los dos elementos que definen ese delito: el alzamiento público y la violencia. “La violencia en un delito que tiene las penas que tiene este, ¿de verdad que tiene que ser la violencia que nos proclama el Ministerio Fiscal? ¿Escupitajos, un lanzamiento valla, unas patadas? ¿Esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado?”, se preguntó. “Y lo más grave: ¿aunque sea cierto cabe atribuírselo a estos señores?”, dijo señalando a los acusados. Unos acusados que, si se cumple el horario, tendrán la ocasión de dirigirse este miércoles por última vez al tribunal para intentar convencerles de su inocencia.
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