El abogado de Forn alega que el Govern “abandonó el poder” tras la DUI

A Javier Melero, el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, poco le importa quedar mal con el independentismo si con ello logra salvar a su cliente del gravísimo delito de rebelión por el que la Fiscalía le solicita 16 años de cárcel. Fiel a su retórica mordaz, Melero ha afirmado este martes, en su informe final en el Tribunal Supremo, que el Gobierno catalán prácticamente hizo dejación de funciones después de la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017. Y que cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución, todos los consejeros lo acataron sin rechistar.

"El Govern no hizo ninguna declaración de independencia" formal, ha defendido Melero. Y después de esa jornada, en todo caso, la Generalitat "hizo todo lo posible por abandonar" el poder "sin la menor resistencia". "No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático. Soy consciente de que a alguien puede molestarle esta versión de los hechos. Pero esto es lo que ocurrió". La Generalitat, ha ahondado, incumplió sus propias leyes de desconexión "para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa".

En realidad, ni Puigdemont ni Junqueras tuvieron nunca en sus manos la posibilidad de cambiar el statu quo. "El poder no es más que imponer por la fuerza un marco normativo. Y el Govern no tenía ese poder", en opinión de Melero. Una tesis que se vio reforzada tras la activación, por parte del Senado, del artículo 155 de la Constitución. La iniciativa fue más que suficiente para doblegar a Puigdemont. "Sé que molesta en determinados círculos, pero el 155 fue acatado de inmediato, funcionó perfectamente. Todo el mundo se adaptó".

Y poco más le hizo falta al Estado para mantener el orden constitucional en Cataluña, ha venido a resumir Melero, un veterano penalista que participó en las reuniones fundacionales de Ciutadans en Cataluña. El hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy no impulsara acciones más contundentes -como la declaración del estado de sitio o excepción, e incluso la movilización de las fuerzas armadas- para frenar lo que la Fiscalía considera un "golpe de Estado" prueba, precisamente, que no lo fue.

Melero ha dado la vuelta a los argumentos de la acusación: si la rebelión es uno de los delitos más graves, la respuesta del Estado que se defiende de ese ataque tiene que estar a la altura. Y no se produjo. "No se reforzó ninguna infraestructura crítica, ni siquiera se pusieron más patrullas de Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona", ha puesto como ejemplo. "Todo esto es un baremo para saber la entidad de la amenaza, la que va a habilitar al Estado para la más radical de las respuestas, el poder militar".

El defensor de Forn ha entrado al fondo en el delito de rebelión y se ha esforzado por desactivarlo. Ha dicho que es un delito pensado para estamentos armados y que en ningún caso puede aplicarse a los líderes independentistas. A menos, ha ironizado, que se haga una interpretación "posmoderna" que exige "innovar". Melero, sin embargo, ha pedido que no se "banalice el concepto de violencia". Y, aunque ha admitido que los golpes de Estado pueden ser incruentos, ha ironizado con la comparación que el fiscal Fidel Cadena hizo con el 23-F. El abogado ha recordado que Tejero dispuso de "divisiones de tanques" y que, por tanto, "su capacidad para doblegar al Estado a través de la violencia era notable".

Mientras el independentismo califica el proceso en el Tribunal Supremo como "juicio farsa", a Melero -siempre un verso libre- no le ha preocupado lo más mínimo finalizar sus 90 minutos de informe dando las gracias al tribunal y especialmente a Paco, el funcionario encargado de exhibir vídeos y documentos en la sala. Y ha apelado a la benevolencia del tribunal al aludir a la película Amanece que no es poco, en la que un guardia civil -de origen catalán- dice que el mayor problema de seguridad en el pueblo (la película transcurre en Albacete) es criticar al escritor William Faulkner, al que todos adoran allí. "Espero que reconstruyamos una España en la que solamente nos discutamos por William Faulkner".

Nadie quiso coordinarse el 1-O

En su discurso, en el que apenas ha consultado los papeles, Melero ha girado como un calcetín los posicionamientos de la Fiscalía. Por ejemplo, la actuación de los Mossos el 1-O. Para la acusación, el dispositivo de la policía autonómica fue un fraude que pretendía dar cobertura a las intenciones del Govern de Carles Puigdemont de celebrar el referéndum. Para Melero, el "fraude" fue precisamente el dispositivo del Estado y el papel del teórico coordinador, el teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

"El dispositivo de coordinación era un fraude. Nadie en el Ministerio [del Interior] quería coordinarse. Vinieron a hacer una intervención unilateral", ha dicho el abogado antes de subrayar el "fracaso" del operativo para evitar la consulta. Su conclusión es que "ningún cuerpo policial cumplió la orden judicial" de impedir el 1-O. "La Guardia Civil y la Policía no lograron que ningún centro permaneciera cerrado". Además, tuvieron que realizar intervenciones "contundentes" que se podrían haber evitado. Melero no ha culpado a los agentes, sino la "ineptitud" de sus jefes en el diseño de un dispositivo "aberrante" que les condujo a una "situación endemoniada".

Como ha hecho a lo largo del juicio, Melero se ha esforzado en subrayar la distancia existente entre el cuerpo de los Mossos y sus responsables políticos. No hubo, concluye "concierto en su actuación". Con esa idea, quita a la Fiscalía uno de sus argumentos para la rebelión: que el Govern contaba con el control de una fuerza armada de 17.000 hombres y mujeres para proclamar la independencia. "A los Mossos les molestaban las declaraciones de los políticos, podían proyectar una sombra de duda sobre su actuación". El abogado ha defendido a un tiempo al exconsejero y a los Mossos, que presentaron "el único plan con cara y ojos" para el 1-O al que nadie se opuso.