La abogada del Estado asume que hubo violencia en el ‘procés’, pero dice que no fue “estructural”

La Fiscalía y la Abogacía del Estado interpretan de forma dispar lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017. Esas diferencias han quedado plasmadas este martes, durante el trámite de informes finales en el Tribunal Supremo. Ambas instituciones coinciden en que hubo dosis de violencia en el procés. Pero, mientras los fiscales sostienen que la violencia fue esencial en los planes de los líderes independentistas, para la abogada del Estado, Rosa Seoane, no fue un elemento "estructural" para los fines de la secesión.

Durante una hora y media, Seoane ha desgranado las razones que la llevan a considerar que los acusados deben ser condenados por un delito de sedición y no —como defiende la Fiscalía— por rebelión. La sedición forma parte de los delitos contra el orden público; la rebelión, de los delitos contra la Constitución. En ambos casos se habla de "alzamiento", pero el elemento de la violencia queda mucho más enfatizado en el segundo.

"No podemos entender que la violencia de la rebelión pueda referirse al mero uso de la fuerza", ha expuesto Seoane. En el caso de la rebelión, la violencia tiene que haberse "previsto" como un "medio idóneo para alcanzar el fin perseguido" y ser "nuclear" para lograr ese propósito. La abogada del Estado asume que hubo elementos de violencia en el procés, pero no suficientes. "De la prueba practicada a lo largo de este juicio no podemos dar por probado que la violencia haya sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por los acusados para alcanzar sus fines".

Durante la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo, Fiscalía y Abogacía del Estado fueron a la par y ambas consideraron que los líderes independentistas habían podido cometer un delito de rebelión. En el escrito de acusación provisional —tras la llegada a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez— la Abogacía, sin embargo, modificó su tesis. Y pasó a considerar los hechos un delito de sedición.

El cambio de rumbo provocó la destitución, por parte del Gobierno, del abogado jefe del departamento penal, Edmundo Bal. Este había mantenido un enfrentamiento con la abogada general del Estado, Consuelo Castro, porque quería elevar la acusación contra los líderes independentistas a rebelión.

Resistencia pasiva y activa

Sobre el 1-O, Seoane ha insistido en que las fuerzas de seguridad se presentaron en los colegios electorales "en ejercicio legítimo de sus funciones". Los ciudadanos concentrados frente a los centros de votación "ejercieron una resistencia algunas veces pasiva y otras veces activa", en un argumento que sí coincide con los que ha esgrimido la Fiscalía.

La posición es coincidente en el caso de la malversación, un delito que también atribuye a los acusados. Tras la exposición de la fiscal Consuelo Madrigal, Seoane ha enfatizado algunos aspectos más técnicos; por ejemplo, ha dicho que la Generalitat optó por métodos de licitación de servicios para el 1-O más "opacos", como los contratos marco o los contratos menores.