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Las defensas y los acusados cierran el juicio circular del ‘procés’

Los abogados solicitarán la libertad de los presos una vez concluida la vista oral

Vista general de los imputados durante la sesión celebrada este martes. En vídeo, alegato de Andreu Van Den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y DE Raül Romeva, este martes.

El juicio más trascendental de la reciente historia de España —la vista sobre el otoño independentista catalán de 2017— terminará esta semana en el Tribunal Supremo como empezó hace más de cuatro meses: con la intervención de los 12 acusados en su turno de última palabra, que vendrá precedida, este martes, por los alegatos de los abogados defensores. Los acusados por delitos de rebelión —uno de los más graves del Código Penal—, sedición, malversación y desobediencia podrán volver a exponer los argumentos, en general más políticos que jurídicos, que ya plantearon en febrero.

El carácter circular que la ley otorga a los juicios penales —son los acusados quienes tienen la primera intervención, en el turno de interrogatorio, y la última palabra— se ha trasladado al fondo de la cuestión. Más de medio centenar de sesiones, con 422 testigos, cinco pruebas periciales y una documental extensísima han dejado las posiciones de las partes exactamente en el mismo lugar en que se situaban al inicio de la vista oral. El juicio tampoco parece haber servido para cambiar —si acaso para reforzar— la visión que las fuerzas políticas y la opinión pública ya tenían sobre unos hechos que ocurrieron en gran medida ante los medios de comunicación.

La Fiscalía se fortifica en el delito de rebelión y en la tesis de que los acusados se apoyaron en la violencia para romper la Constitución y lograr la independencia de Cataluña, e insiste en pedir hasta 25 años de cárcel para Junqueras o 17 años para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La Abogacía del Estado sostiene que la violencia no tuvo un carácter "estructural" en el procés e insiste en la sedición, un delito cuya gravedad —hasta 12 años de cárcel solicitan para Junqueras— ha quedado oscurecida por las posiciones extremas de los fiscales y de la acusación popular de Vox, que a la rebelión añade el delito de organización criminal.

Este martes en el Salón de Plenos del Supremo, las defensas responderán a los durísimos informes finales planteados por las acusaciones la semana pasada, y en los que la Fiscalía calificó, sin ambages, el procés de “golpe de Estado”. Los abogados reclamarán la absolución de sus clientes y plantearán que el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, la declaración de independencia del 27 de ese mes y las protestas del 20 de septiembre fueron un intento político legítimo de negociar con el Estado y un ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, manifestación y reunión.

Un sector de los letrados, encabezado por Andreu Van den Eynde, defensor de Junqueras, y Jordi Pina, que representa a Jordi Sànchez y a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, denunciará la que entienden como vulneraciones del derecho de defensa por parte del tribunal presidido por Manuel Marchena. Los letrados pondrán sobre la mesa la imposibilidad de contrastar las declaraciones de los guardias civiles y policías lesionados el 1-O al tratar de cumplir el mandato judicial de impedir la votación ilegal con los vídeos de las intervenciones en los colegios electorales, que fueron exhibidos en bloque en la fase documental. En sus escritos de conclusiones definitivas, estos abogados han denunciado también un supuesto trato de favor del tribunal hacia las acusaciones.

Estas alegaciones formarán previsiblemente parte de las demandas contra España que los defensores prevén interponer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en caso de que los líderes secesionistas resulten condenados. La semana pasada, Estrasburgo propinó el primer revés serio a los independentistas al avalar la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament del 4 de octubre de 2017 en el que el fugado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, iba a dar cuenta de los resultados del referéndum.

Petición de libertad

Las defensas solicitarán la puesta en libertad provisional de los acusados que permanecen en prisión provisional una vez que han comparecido en el juicio oral y solo queda que la Sala de lo Penal del Supremo emita la sentencia, que será firme. Esta será una de las cuestiones más inmediatas que tendrán que dirimir los magistrados presididos por Marchena. El tribunal tiene que pronunciarse todavía sobre un asunto más complejo: la petición de permiso de Oriol Junqueras para recoger el acta de eurodiputado en el Congreso el próximo 17 de junio y para acudir a Estrasburgo a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, el 2 de julio. La decisión afectará a la posible inmunidad parlamentaria del líder de ERC, a quien la Fiscalía considera “motor principal” de la supuesta rebelión.

La hipotética puesta en libertad de los procesados una vez terminado el juicio tendría efectos sobre la aritmética parlamentaria, ya que permitiría el regreso al Congreso de los Diputados de los presos Jordi Turull y Jordi Sànchez. Estos, de momento, han decidido no renunciar al acta, lo que rebaja el listón de la mayoría absoluta en la Cámara baja. Tampoco ha renunciado a su escaño en el Senado Raül Romeva, aunque en este caso el impacto de su ausencia es menor, pues el PSOE dispone de una holgada mayoría.

Los magistrados también tendrán que decidir si permiten la salida de prisión del exconseller de Interior Joaquim Forn para asistir, el próximo sábado, a la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Barcelona, donde es cabeza de lista por Junts per Catalunya, el partido posconvergente liderado por Carles Puigdemont. Los siete jueces también tienen sobre la mesa una petición de libertad de Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium Cultural, la gran entidad movilizadora del independentismo, junto con la Assemblea Nacional Catalana, pretende hacer valer el informe-opinión del llamado Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU, que reclama al Gobierno español la excarcelación de los líderes independentistas, algo que no depende del Ejecutivo sino que es competencia exclusiva del Poder Judicial.

El final del juicio irá acompañado, como su inicio, de una nueva protesta independentista convocada por ANC, Òmnium Cultural, JxCat, ERC y la CUP. Para ello, otro círculo, los nacionalistas han modificado la agenda del Parlament de esta semana.

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