El Congreso se prepara para un pleno con diputados presos

No hay precedentes. La presidenta de Cámara baja, Ana Pastor; la Mesa en funciones y la comisaria especial de la Policía Nacional en el Congreso de los Diputados han estudiado la situación y subrayan que el próximo martes, 21 de mayo, en la sesión de constitución de la XIII Legislatura, se enfrentan a un escenario inédito que genera mucha expectación: la llegada de cuatro diputados independentistas electos desde la prisión de Soto del Real, donde se encuentran en prisión preventiva. Ocupa y preocupa.

“Es un reto, claro, pero estamos preparados y puedo asegurar que la seguridad de todos está garantizada”, afirma en su despacho en la Cámara la comisaria Concepción Ramos, seleccionada hace dos años para el puesto y con 39 años de experiencia en puestos muy delicados. Ramos manda a unos 200 agentes que trabajan en el recinto, muchos de los cuales operan de paisano.

Nunca un diputado electo del Congreso ha llegado a una sesión tan relevante desde la cárcel. Sí ha sucedido alguna vez que ha acudido algún recluso para colaborar en alguna comisión. El caso más reciente es el de Álvaro Pérez, El Bigotes, para declarar ante la que investiga la financiación irregular del PP. Se ha revisado aquel dispositivo y se hará algo similar.

Los cinco parlamentarios separatistas presos (Oriol Junqueras, de ERC; Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya, y Raül Romeva, senador electo de ERC), llegaran a las respectivas Cámaras en furgones de la Guardia Civil. Allí, en el mismo garaje, firmarán el traspaso de custodia a la policía. No irán esposados. La comisaria, con unos agentes, les acompañará a una sala especial junto al hemiciclo hasta que se inicie el pleno. Cuando comience la sesión entrarán y serán libres para moverse dentro de la sala y sentarse con sus compañeros.

Dentro del hemiciclo no puede haber policía, pero sí en las puertas e inmediaciones. Los diputados electos presos votarán en persona, como los demás parlamentarios elegidos el 28-A, a todos los miembros de la Mesa (nueve veces). No podrán hacer nada más, ni comer con su familia ni atender a la prensa (como sucedió en febrero de 1987 con Juan Carlos Yoldi, candidato a lehendakari de Herri Batasuna (HB) en el Parlamento vasco). Al acabar la sesión, deberán volver a prisión sin “dilación”, como indica el auto del Tribunal Supremo que les ha autorizado.