La hermandad del Baratillo exhibe el fajín de Franco pese a estar bajo investigación judicial

"Solo nos preocupa el tiempo". Así se pronunciaba esta mañana el Teniente Hermano Mayor del Baratillo, Luis Fernando Rodríguez Carrillo, sobre la polémica desatada tras la presentación de una denuncia por parte de la asociación de juristas 17 de marzo que ha pedido que se impida a su Virgen procesionar con un fajín que perteneció al dictador Francisco Franco y que su hija regaló a la hermandad en el año 2000. Finalmente, al filo de las siete y media de la tarde, la Virgen de la Caridad ha salido por la puerta de la pequeña capilla de La Piedad en la calle Adriano, bajo la atenta mirada del expresidente José María Aznar y el ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que observaban el palio desde un balcón.

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La meteorología era la única intranquilidad que pesaba sobre los responsables de la hermandad sevillana del Baratillo, pese a que el juzgado de Instrucción Número 7 de Sevilla ha decidido abrir diligencias previas para investigar unos hechos que "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" relacionado con el tipo de enaltecimiento. El juez, sin embargo, no ha dictado medidas cautelares, a la espera de que el denunciante se identifique como representante de la asociación, para lo que ha dado un plazo de tres días.

La decisión del juzgado rectifica el archivo de la denuncia ordenado por la Fiscalía, que entendió que los argumentos ofrecidos por los demandantes eran "hiperbólicos" y "desconocedores del natural religioso y cultural" de la Semana Santa sevillana. Ante esta decisión, la asociación 17 de marzo elevó su petición a los tribunales con unos argumentos similares a los presentados ante el ministerio público: que la exhibición del fajín que será "paseado por toda la ciudad […] en lugar de máximo honor" debe considerarse enaltecimiento. "Al pertenecer dicha prenda al dictador que accedió ilegítimamente al poder a raíz del golpe de Estado de 1936, debe entenderse que el enaltecimiento se refiere al autor de numerosos delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión de un conflicto armado contra numerosas personas en razón de su ideología, religión o creencias".

Los denunciantes también consideran que la presencia del fajín sobre la saya de la Virgen supone una infracción de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, unos argumentos que también fueron rebatidos por la Fiscalía en su escrito de archivo. "Para que a efectos jurídicos un objeto o símbolo se repute contrario a la Memoria Democrática, no basta el parecer muy respetable de una asociación privada, sino su catalogación como tal por la Administración Pública con competencia ejecutiva en la materia previo el procedimiento contemplado en las leyes y reglamentos, y que su retirada debe venir precedida por una orden o requerimiento de retirada del símbolo o efecto en cuestión", razonaba la Fiscalía.

Si el juez finalmente estima que la exhibición del fajín de Franco constituye un delito de odio tipificado en el apartado "c" del artículo 510.1 del Código Penal, debería identificar a los responsables de que se haya autorizado su salida. En su escrito, el denunciante reclamaba que se identificara también a los costaleros que fueran a portar el paso.

Desde la Junta de Andalucía se ha optado por mantener la distancia con esta polémica. La responsable de Memoria Histórica, la consejera de Cultura Patricia del Pozo, ha pedido en Córdoba "esperar a que el juzgado se pronuncie" y ha hecho notar que no se han impuesto medidas cautelares. Del Pozo, del PP, ha recordado que la virgen ha lucido el fajín de Franco en otras ocasiones y se ha preguntado "qué ha cambiado para que ahora se haya generado este problema".

Desde el Gobierno de España también se ha apelado a la mesura. "Habida cuenta de que, en este momento, es un asunto que está sub iúdice, vamos a dejar que siga su curso el proceso judicial", dijo desde Almería la ministra de Justica, Dolores Delgado, quien declinó valorar la resolución del juzgado de Sevilla de abrir diligencias previas a raíz de la denuncia interpuesta por la asociación de juristas 17 de marzo.