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La causa del ‘dinero rojo’ incautado por Franco llega al Tribunal de Estrasburgo

El despacho de Baltasar Garzón presenta un centenar de demandas para reclamar la devolución del papel moneda puesto en circulación por la República

Documento que consigna la entrega de papel moneda republicano a las autoridades franquistas.
Documento que consigna la entrega de papel moneda republicano a las autoridades franquistas.

ILOCAD, el despacho de abogados del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha presentado casi un centenar de demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las que reclama las indemnizaciones correspondientes por la incautación del dinero rojo, esto es, el papel moneda puesto en circulación por el Gobierno de la República tras el golpe del 18 de julio de 1936 y del que se incautó Franco en 1938.

Garzón representa a un centenar de víctimas a las que les fueron incautados más de medio millón de pesetas que, al cambio actual, según los cálculos del despacho, serían más de 40 millones de euros. El monto total del dinero republicano del que se incautó durante la Guerra Civil el ejército franquista asciende, según consta en un informe del Banco de España de 1938, a 35 millones de pesetas, el equivalente hoy a unos 3.022.496.400 euros.

El despacho de abogados lleva la causa al tribunal de Estrasburgo tras agotar todas las instancias en España. El procedimiento fue desestimado en el Consejo de Ministros, así como por la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, por prescripción, ya que consideraron que la demanda debería haberse presentado en el año siguiente a la publicación de la Constitución española, es decir, hasta el 29 de diciembre de 1979. El Constitucional tampoco admitió el caso. Los partidos políticos y los sindicatos sí recuperaron, con la llegada de la democracia, el dinero que les quitó el franquismo.

Un decreto ley del 12 de noviembre de 1936 y otro de agosto de 1938 crearon el llamado  "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" y se establecía que la mera tenencia del dinero puesto en circulación por el Gobierno republicano con posterioridad al 18 de julio de 1936 sería considerada un acto de contrabando.

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