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Puigdemont pide a la justicia belga interrogar a un fiscal español por los seguimientos en Waterloo

La magistrada belga lo rechazó, pero el expresidente catalán ha recurrido esgrimiendo un informe policial sobre las balizas halladas en dos de sus coches

Carles Puigdemont, en un discurso que pronunció el pasado febrero.
Carles Puigdemont, en un discurso que pronunció el pasado febrero. AP

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pretende que la justicia belga tramite al Gobierno español una comisión rogatoria para interrogar a un fiscal de la Audiencia Nacional por los supuestos seguimientos que el líder independentista sufrió en Waterloo. Aunque la magistrada que instruye la causa por la denuncia que el político catalán presentó tras el hallazgo de dos balizas en sendos coches que este utilizaba para desplazarse lo ha rechazado en primera instancia, el equipo jurídico del político ha presentado un recurso. Esgrime para ello un informe de la policía belga que recoge que el fiscal español Carlos Bautista se alojó a finales de enero de 2018 en un hotel de Bruselas con el que contactó una de las tarjetas de telefonía insertadas en las balizas, según ha adelantado este martes la ACN y ha confirmado EL PAÍS en fuentes cercanas a la investigación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó este martes en un comunicado cualquier implicación de Bautista "en cualquier actividad [judicial] relacionada con el Carles Puigdemont".

La primera baliza fue hallada por uno de los mossos que acompaña al presidente catalán en Bélgica el 7 de febrero de 2018 bajo el parachoques de un vehículo Renault Espace que este utilizaba para desplazarse. Un día más tarde se encontró una segunda oculta en el motor de un segundo automóvil, un Renault Laguna, que también usaba Puigdemont y su equipo. Las primeras pesquisas permitieron determinar que uno de estos dispositivos de seguimiento fue adquirido a una empresa con sede en Italia. Sobre el origen del segundo, los investigadores apuntaban más dudas del origen, ya que balizas de ese mismo modelo y serie habían sido comercializados en esas fechas por compañías de Alemania, Dinamarca y Taiwan. Además, las cuatro tarjetas SIM de telefonía que portaban ambas eran británicas, de la compañía Orange, según revelan fuentes cercanas a la investigación.

Más información aportó a la policía belga el rastreo de estas tarjetas y que dirigieron las pesquisas hacia el Hotel Thon Bristol Stefanie, de Bruselas, cuya centralita había recibido, al menos, tres comunicaciones desde una de las tarjetas SIM. Los agentes rastrearon entonces qué ciudadanos españoles se habían alojado en ese establecimientos en las fechas anteriores al hallazgo de los dispositivos. Tras descartar a una veintena de participantes en un congreso de informática que se celebraba en la localidad, el informe destaca la presencia en el alojamiento del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista y el empresario español M. L., quienes, destacaron los agentes, ocuparon habitaciones contiguas durante tres noches a partir del 29 de enero de aquel año.

En aquellas fechas, el Parlamento de Cataluña se acababa de constituir tras las elecciones autonómicas celebradas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Sobre Puigdemont pesaba una orden de detención en España, pero el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había retirado la europea casi dos meses antes. De hecho, el presidente de la Generalitat había realizado el 22 de enero un viaje a Dinamarca y el magistrado español había rechazado activar de nuevo el mecanismo europeo para ordenar su arresto. No la haría hasta el 23 de marzo siguiente, cuando comunicó el auto de procesamiento a los encausados por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Días después, Puigdemont era detenido en Alemania e ingresaba en prisión, aunque finalmente la justicia de ese país lo excarceló y el político catalán regresó a la casa de Waterloo. Finalmente, la euroorden fue retirada.

Con el informe de la Policía belga sobre las balizas, los representantes legales de Puigdemont en Bélgica solicitaron a la juez que cursara una comisión rogatoria para poder interrogar al fiscal español. También solicitaban que se reclamaran a las diversas compañías que comercializaban el modelo de las balizas localizadas que facilitaran información sobre los posibles compradores de las mismas. Sin embargo, la magistrada rechazó ambas diligencias al considerar que los indicios eran insuficientes para continuar las pesquisas. Los abogados del expresidente catalán han recurrido dicha decisión a un tribunal de Bruselas. Fuentes de la defensa de Puigdemont han declinado comentar esta información ya que la legislación belga impide facilitar a los medios de comunicación datos sobre causas en curso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió ayer un comunicado al conocerse que Bautista aparecía en el informe de la policía belga en el que confirmaba la presencia de este en Bruselas aquellos días de enero de 2018. Sin embargo, negaba tajantemente que estuviera relacionado con la presencia del político catalán huido en el país y lo relacionaba con su participación, como representante de España "en las actividades del Proyecto Europeo de lucha contra el terrorismo". La nota recalcaba que "los gastos de transporte y alojamiento para esta reunión fueron sufragados por la Unión Europea".

La sospecha de que los servicios de inteligencia españoles podían haber tenido algo que ver llegó incluso al Parlamento belga, que en junio pasado ordenó abrir una investigación paralela ante la posibilidad de que los agentes españoles hubieran actuado a espaldas de sus homólogos belgas. Las pesquisas fueron promovidas por el diputado Peter Buysrogge, miembro de los nacionalistas flamencos de la N-VA, el principal aliado del independentismo catalán en Bélgica. Y fueron encargadas al denominado Comité R, el organismo responsable de controlar las actividades de los servicios de inteligencia en suelo belga.

Sin embargo, el pasado mes de marzo, en una audiencia parlamentaria a puerta cerrada, la entidad explicó que rehusaba asumir la investigación al estimar que "no es su tarea monitorear las actividades de los servicios extranjeros en territorio belga cuando no se trata de actividades de espionaje dirigidas contra Bélgica", según informó el diario De Standaard.

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