Bélgica investigará si los servicios secretos españoles espiaron a Puigdemont

El Parlamento belga ha ordenado este martes la apertura de una investigación para determinar si el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont fue objeto de espionaje por parte de los servicios secretos españoles a través de una baliza de seguimiento colocada en su vehículo. El diputado Peter Buysrogge, miembro de la N-VA, formación nacionalista flamenca afín al independentismo catalán, ha sido el promotor de la iniciativa. El denominado Comité R, encargado de controlar las actividades de los servicios de inteligencia en suelo belga, está al mando de las averiguaciones.

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El presidente de dicho organismo, Guy Rapaille, se ha mostrado cauto en palabras a este diario. "Hay que ser prudentes. Queremos determinar primero si se colocó una baliza en el coche de Puigdemont, y en caso afirmativo, saber si los servicios belgas han participado o no sabían nada". El Comité R elaborará un informe al respecto, cuyas conclusiones se conocerán "en las próximas semanas", después de estudiar documentos internos de las fuerzas de seguridad y entrevistarse con personal de la policía. La función del comité se limitará a comunicar al Parlamento belga el resultado de sus indagaciones, dado que carece de atribuciones ejecutivas. "Si la seguridad del Estado estaba al corriente, nos debe una explicación. Si no lo estaba, es España quien nos la debe", ha señalado el diputado Buysrogge, inspirador de las pesquisas.

En paralelo a este análisis, sigue en marcha un proceso judicial por los mismos hechos. La fiscalía del Brabante Valón confirmó hace dos meses la apertura de una investigación tras la denuncia presentada por colaboradores del expresidente catalán. Según su versión, hallaron un dispositivo de geolocalización en los bajos del vehículo que Puigdemont utilizaba para desplazarse, un Renault Space de matrícula belga, a través del cual supuestamente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pudo rastrear sus movimientos.

El Comité R, creado hace 25 años, ha abordado en el pasado cuestiones espinosas para los servicios de inteligencia. Entre ellas las revelaciones del exanalista de la NSA estadounidense Edward Snowden o los fallos de seguridad durante los atentados que golpearon el metro y el aeropuerto de Bruselas el 22 de marzo de 2016. Una de sus recomendaciones más repetidas en sus informes dirigidos a los parlamentarios concierne precisamente a la actividad de los servicios de inteligencia extranjeros en el país. "Hemos constatado que son muy activos en Bélgica", asegura Rapaille. 

Este nuevo frente se suma a los últimos desencuentros entre autoridades de España y Bélgica. El mes pasado un juez determinó que la euroorden con la que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena reclamó la extradición de los exconsejeros Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig carecía de validez por defectos de forma. Ahora, el foco se traslada a la acción del CNI. "Es una cuestión de soberanía nacional. No es muy respetuoso que un servicio de información actúe en tu territorio sin permiso", estima Guy Rapaille.