El juez Marchena salva el interrogatorio fallido de Fiscalía y Vox a Trapero
El magistrado aplica la ley para preguntar al exjefe de los Mossos sobre sus reuniones con Puigdemont, Junqueras y Forn
El juez Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga el proceso independentista catalán, aplicó este jueves la ley para salvar, al menos en parte, el interrogatorio de la Fiscalía al exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El interrogatorio al comisario había resultado fallido por un tecnicismo legal que impidió a la acusación pública plantear al testigo varias preguntas claves sobre los días candentes del referéndum ilegal de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Por parte de las acusaciones, solo la acusación popular que ejerce Vox había propuesto al major Trapero como testigo. El abogado y número dos de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith, estuvo durante el interrogatorio más preocupado por algunos aspectos colaterales del procés, como la supuesta destrucción de documentos en la incineradora de Sant Adrià del Besos o el número de llamadas a Jordi Sànchez, líder de la ANC, el 20 de septiembre de 2017, y por el organigrama del cuerpo policial, al que se refiere siempre como los “Mozos”.
Ortega Smith, en un interrogatorio confuso en el que fue saltando de idea en idea, se dejó en el tintero preguntas esenciales. Una de ellas fue las reuniones que la cúpula de los Mossos mantuvieron los días 26 y 28 de septiembre con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero de Interior Joaquim Forn, en las que supuestamente los principales comisarios del cuerpo autonómico advirtieron a los líderes políticos de la posibilidad de incidentes violentos en caso de seguir adelante con el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y pidieron –sin éxito- a los políticos que desconvocaran la consulta.
Cuando el fiscal Javier Zaragoza, que intervino después de Vox, trató de plantear preguntas sobre estas reuniones, básicas para sostener la acusación por rebelión, el tribunal, a instancias de Javier Melero, abogado de Forn, lo cortó en seco. Marchena le repitió el criterio de la sala, ya aplicado en otros interrogatorios a las defensas en sesiones anteriores. Según la interpretación que hace el tribunal del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la parte que no ha pedido la comparecencia del testigo –como es el sorprendente caso de la Fiscalía con Trapero- no puede preguntar por asuntos que no hayan planteado las otras partes que sí la han solicitado.
Zaragoza trató de introducir la pregunta sobre esas reuniones entre las cúpulas de Mossos y Govern a través de circunloquios y cuestiones indirectas, e incluso logró que Trapero –que parecía estar deseándolo– dijera que había advertido a Puigdemont y Junqueras de riesgos para el orden público y la seguridad ciudadana si no frenaban su tentativa secesionista. Sin embargo, el tribunal cercenó cualquier posibilidad de seguir preguntando por esa y otras cuestiones que Vox había dejado correr, para disgusto de Zaragoza.
El interrogatorio frustrado del fiscal por la impericia de Vox, permitió a la defensa de Forn hacer hincapié en la idea de que en las famosas reuniones del 26 y 28 de septiembre, los responsables políticos no ordenaron a los Mossos ponerse de parte de los organizadores de la consulta, ni colaborar con ella, ni facilitarla, ni modificar sus planes de actuación para la jornada del 1-O.
Cuando las defensas hubieron terminados sus preguntas a Trapero, y parecía que la sesión finalizaba, Marchena tomó el micrófono, para una última pregunta que dejaba el juicio en alto hasta la semana que viene, un jueves más. Utilizando el mismo artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al presidente del tribunal “dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren”.
Marchena preguntó entonces a Trapero por su recuerdo de aquellas reuniones. Y el ex comisario principal de los Mossos, ahora relegado a tareas burocráticas, lanzó una de las bombas de la jornada –la otra fue cuando admitió que el cuerpo tenía preparado un dispositivo para detener a Puigdemont y los consellers desde dos días antes del 27 de octubre de 2017, fecha de la declaración de independencia–.
Trapero, con voz tranquila y casi de carrerilla, contó su versión de la reunión del 28 de septiembre: “Empecé diciendo que íbamos como cúpula de cuerpo y que esa era la posición del cuerpo, y les trasladamos la posición de preocupación del cuerpo ante la coincidencia de las fuerzas con dos millones de personas, y que eso necesariamente iba a provocar conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana. Les emplazamos a cumplir la ley y las órdenes judiciales, que evidentemente las íbamos a cumplir, que no se equivocase con nosotros, que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar nunca la ley y la Constitución, que no acompañamos al movimiento independentista, que estábamos molestos con declaraciones de responsables políticos, en concreto hicimos referencia a la última declaración de Forn [sobre que los Mossos garantizarían la normalidad el 1-O] y una que se dio esa misma mañana del conseller Turull. Les dijimos que debían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional y que nos ponía en posición de riesgos personales. Y creo que no me he dejado nada".
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